sábado, 28 de mayo de 2011

Competencia en amparo contra alcoholímetro (DF)

La aplicación del denominado "alcoholímetro" implica la posibilidad de que una persona sea detenida y sometida a una verificación del nivel de alcohol en aire espirado y, en caso de que exceda el límite autorizado, sea remitida ante un Juez Cívico quien puede imponerle una sanción consistente en un arresto.

Se trata de actos de autoridad que pueden ser impugnados mediante el juicio de amparo y, por tratarse de afectación a la libertad personal, el amparo puede pedirse cualquier día y a cualquier hora, incluso por una persona distinta a la detenida.

En el Distrito Federal existen jueces especializados por materia: civil, administrativa, laboral, penal y amparo penal; los amparos contra la aplicación del "alcoholímetro" se tramitan y resuelven ante los Juzgados de Distrito especializados en materia administrativa; sin embargo, ello es incorrecto porque, en términos del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son los Jueces de Distrito de amparo en materia penal quienes deben conocer de los juicios de amparo que se promuevan “[…] contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal […]”, caso en el que se ubica la detención de la persona a quien se imputa la infracción a la norma que prohíbe conducir vehículos de motor bajo influjo de bebidas alcohólicas y el arresto que puede imponérsele; en ese sentido, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 29, Tomo 217-228 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es como sigue: “LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte.”

Es cierto que el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé como excepción a la competencia de los Jueces de Distrito en Amparo Penal el caso en que la afectación a la libertad personal derive de correcciones disciplinarias o medios de apremio fuera de procedimiento penal; sin embargo, la afectación a la libertad personal derivada de la aplicación del alcoholímetro no se ubica en esos supuestos.

Las correcciones disciplinarias están reguladas en los códigos de procedimientos y su finalidad es sancionar conductas que afecten el buen orden, así como el respeto y consideración debidos a los Jueces, Magistrados y Ministros, por parte de los litigantes y personas que ocurran a los tribunales, así como por los funcionarios y empleados de dichos órganos, por lo que la afectación a la libertad personal con motivo de que se impute a una persona conducir un vehículo bajo influencia de bebidas embriagantes no puede considerarse una corrección disciplinaria en tanto que la conducta que provoca la afectación a la libertad no constituye una alteración al orden en los tribunales ni implica que se falte respecto o consideración a los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Por otra parte, las medidas de apremio son instrumentos que la ley otorga a los tribunales y otras autoridades para hacer cumplir sus determinaciones concretas, de tal manera que la afectación a la libertad por imputarse a una persona el conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas tampoco puede considerarse una medida de apremio en tanto que no se impone para obtener el cumplimiento de una orden o determinación concreta de autoridad.

Tampoco es obstáculo para considerar que la competencia para conocer del amparo en estos casos corresponda a los Jueces de Distrito en Amparo Penal que la norma que establece el operativo para combatir la conducción de vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas provenga y se aplique por autoridades administrativas; lo anterior porque el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya invocado, prevé que la competencia por materia, tratándose de actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, se surte a favor de los jueces de Distrito en amparo penal.

Por otra parte, el Acuerdo General 38/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal prevé la posibilidad de que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal designen secretario encargado del despacho los fines de semana, para atender los asuntos urgentes derivados de los amparos relacionados con la aplicación del alcoholímetro, pero dicho acuerdo no puede tener el efecto de derogar ni modificar el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación pues el artículo 94 Constitucional establece, entre otras cosas, que: “El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.”, sin otorgarle la facultad para definir el contenido de cada materia para efectos de competencia material de los tribunales federales, contenido que está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, si bien el Consejo de la Judicatura Federal puede emitir acuerdos generales, el artículo 100 Constitucional prevé expresamente lo siguiente: “[…] De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones […]”, lo que pone de manifiesto que un acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal no puede tener el alcance de modificar o derogar una disposición legal, máxime que el artículo 81, fracciones IV, V y VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación prevé que el Consejo tiene facultades para: “[…] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República;– V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción anterior;– VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos […]”, sin que se le haya otorgado la facultad de determinar el contenido que corresponda a cada materia de especialización, aspecto que, como ya se indicó, está regulado expresamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículos 48 a 55 respecto a Juzgados de Distrito).
Finalmente, si un Tribunal Colegiado de Circuito conoce en revisión de un juicio de amparo contra actos relativos a la aplicación del alcoholímetro, que afecten la libertad personal de la parte quejosa, debe dejar insubsistente la sentencia y remitir el expediente al Juzgado de Distrito en Amparo Penal en turno, en términos de la jurisprudencia P./J. 22/2009, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 25/2007-PL, publicada en la página 6, Tomo XXIX, Abril de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es como sigue: “COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE. Tomando en consideración que de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional, y siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P./J. 8/2001, de rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.", se concluye que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta que el Juez de Distrito que conoció del juicio de garantías y dictó la sentencia respectiva, era incompetente por razón de materia para resolverlo, con independencia de la responsabilidad en la que este último pudo haber incurrido, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez especializado que considere competente, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, por haber violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, puesto que atendiendo a una interpretación armónica de los preceptos que regulan la competencia por materia de dichos órganos jurisdiccionales, acorde con el principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que dicho principio es dominante respecto de la declaración de invalidez total, aunado a que la nulidad general de lo actuado por un Juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como las contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del Juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. Lo anterior, sin menoscabo de la facultad que tiene el juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, en alcance de la resolución del Tribunal Colegiado, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución.”

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