domingo, 12 de junio de 2011

Cambios en el texto del artículo 103 Constitucional durante el procedimiento de reforma constitucional

Durante el procedimiento de reforma constitucional que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, el texto propuesto para el artículo 103 Constitucional se modificó; dado que la interpretación que se dé al nuevo texto constitucional será determinante para especificar el alcance del juicio de amparo una vez que entre en vigor la reforma consticional (120 días después de la publicación; esto es, el 4 de octubre de 2011), es importante conocer cómo cambió el texto referido.
El texto de la iniciativa presentada el 19 de marzo de 2009 en la Cámara de Senadores, establecía:

"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen las garantías que consagra esta Constitución, con independencia de su carácter individual o social, o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales en la materia que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado.
Para la resolución de las controversias previstas en este artículo, los tribunales de amparo tomarán en consideración los criterios emitidos por los órganos de los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos a los que México esté integrado, siempre que ello no contradiga las disposiciones de esta Constitución y redunde en una ampliación de su ámbito protector.
Los tribunales deberán dar plena efectividad a los derechos económicos, sociales y culturales en las dimensiones que sean directamente aplicables, y deberán fijar los efectos del amparo de modo que permitan maximizar su efectividad jurídica respecto del quejoso, no obstante el margen de libertad regulativa que el legislador retiene respecto de los mismos."

Sin embargo, en el dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, que fue aprobado por la Cámara de Senadores, se modificó el texto para quedar como sigue:

"Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal."

Este es el texto que finalmente se aprobó y quedó fijado en el decreto de reforma constitucional.

El problema que plantea el procedimiento de reforma es que no se explica detalladamente el porqué las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República cambiaron la expresión: "las garantías que consagra esta Constitución, con independencia de su carácter individual o social, o los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales en la materia que estén de acuerdo con la propia Constitución, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado" por la que finalmente se aprobó: "los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte".

La iniciativa planteaba la posibilidad de combatir violaciones a "las garantías que consagra esta Constitución" además de a "los derechos humanos que protegen los instrumentos internacionales"; esto es, mantenía el esquema actual de protección a las garantías, todas, sin limitación, previstas en el texto constitucional, y adicionaba los derechos humanos; sin embargo, en el dictamen, sólo se reflejó la posibilidad de combatir violaciones a "los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección" por la Constitución y los tratados internacionales; esto es, se limitó el ámbito de protección al restringir el concepto de "garantías que consagra esta constitución" a sólo las "garantías otorgadas para su protección" debiendo entenderse "su protección" respecto a los derechos humanos y, por tanto, dejando fuera del concepto todas las garantías o derechos previstos en la constitución que no protejan específicamente un derecho humano.

Además, el concepto de instrumento internacional era mucho más amplio que el de tratado internacional; por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre es un instrumento internacional, emitido por la Organización de las Naciones Unidas, pero no es, técnicamente, un tratado internacional.

Es claro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá precisar la interpretación que deba darse al nuevo texto constitucional que, de entrada y conforme a su texto, reduce sustancialmente el ámbito de protección de los particulares frente a los actos de autoridad puesto que ahora sólo podrían invocarse violaciones a derechos humanos y sus garantías correspectivas, pero quedarían fuera las garantías constitucionales que no protejan directamente un derecho humano (por ejemplo, habrá que precisar qué derechos humanos protegen el derecho de petición o la proporcionalidad tributaria para poder invocarlas en un juicio de amparo).

Otro problema es el del ámbito de protección de las personas morales, pero ese es otro tema...

1 comentario:

  1. muy buen analisis, cosas que a simple vista no podemos ver y que nos afectar salen a relucir desde tu enfoque

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Gracias por su comentario.