lunes, 22 de agosto de 2011

¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011?

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Las reformas constitucionales de junio de 2011 transformaron las bases de nuestro sistema jurídico al modificar conceptos esenciales previstos en la Constitución y sobre los que descansa la estructura de todo nuestro sistema jurídico; el abandono del concepto de “garantía individual” como “derecho otorgado” por la Constitución y su sustitución por el de “derechos humanos” como “derechos reconocidos” por la Constitución, ya no “otorgados” por ésta, implica cambios sustanciales en la forma de entender y aplicar nuestro sistema jurídico.
Debe partirse de una precisión: todos los derechos regulados en la Constitución son derechos fundamentales en el sentido de que están establecidos normativamente en la Carta Magna, que es la norma fundamental de nuestro sistema jurídico; sin embargo, no necesariamente todos los “derechos fundamentales” son “derechos humanos” en tanto que puede haber derechos que se otorguen en la Constitución (y ser fundamentales por ese motivo) pero que no deriven directamente de la naturaleza humana sino de conveniencias históricas concretas; así, por ejemplo, los derechos otorgados por la Constitución a las personas morales o colectivas no pueden considerarse, por sí mismos, “derechos humanos” puesto que su titular no es un ser humano.
Lo anterior obliga a reexaminar el contenido de nuestra Carta Magna para determinar cuál es el origen de los derechos que regula y poder determinar, en cada caso, si corresponden a un “derecho humano” o no; así, sólo debemos calificar como “derechos humanos reconocidos por la Constitución” aquéllos puedan considerarse anteriores al Estado y al sistema jurídico, de tal manera importantes para preservar la dignidad humana, que sea imposible concluir que puedan restringirse o no existir en el sistema jurídico, razón por la cual la Constitución no los “otorga” sino sólo los “reconoce” y, en consecuencia, respecto de ellos se actualizan las obligaciones de promover, proteger, garantizar y reparar las violaciones así como la aplicación de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
El problema de fondo deriva de la circunstancia de que no existe una definición específica de lo que sea un “derecho humano” y, por tanto, los operadores jurídicos estarán, de hecho, en posibilidad de determinar, en cada caso, si un derecho constitucionalmente reconocido tiene la categoría de “derecho humano” o no; para ello, una guía útil será la identificación de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales para poder establecer un paralelo con los reconocidos en nuestra Carta Magna aunque ese parámetro no puede considerarse absoluto en tanto que los tratados internacionales, para ser válidos dentro de nuestro sistema jurídico, deben estar de acuerdo con la Constitución.
La concepción filosófica de los derechos humanos tiene la pretensión de que se consideren anteriores al Estado y al sistema jurídico que, por tanto, sólo los reconoce, no los crea ni los otorga, además de ser universales (para todos los seres humanos) y absolutos (sin excepciones); si un derecho no se reconoce para todos los seres humanos, entonces no puede considerarse que derive o se relacione directamente con la dignidad humana; además, si admite excepciones (es decir, casos en los cuales ese derecho no esté protegido o pueda ser restringido), significaría, también, que no deriva directamente de la vida ni de la dignidad humanas en tanto que estos bienes deben considerarse irrenunciables e inafectables en todos los casos, y restringirlos implicaría directamente una afectación a la vida o la dignidad humanas que es precisamente lo que la idea de “derechos humanos” busca proteger.
Además, la idea filosófica de los “derechos humanos” se introduce a nuestro sistema jurídico a través de un procedimiento de “normalización”; es decir, se incluyen en las normas jurídicas del sistema; en nuestro caso, a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, de tal manera que, además del concepto filosófico de “derechos humanos” debe determinarse cuáles son los “derechos humanos reconocidos” como tales por la Constitución y que, por ello, dentro de nuestro sistema jurídico, tienen un tratamiento especial y diferenciado de los demás derechos que “otorga” el sistema.
Por ese motivo consideramos que debe definirse, primero, qué debe entenderse por “derecho humano” y determinar sus características, a fin de poder distinguir qué derechos se reconocen en la Constitución y en los tratados como “derechos humanos” y cuales otros, estando otorgados en ellos, deban considerarse “fundamentales” (por estar previstos en normas fundamentales), pero sin llegar a ser considerados como “derechos humanos” y, por tanto, sujetos a las limitaciones que el Estado les imponga.
Tampoco puede aceptarse que los tribunales y demás organismos de derechos humanos decidan en cada caso qué cosa se considera “derecho humano” y cuál no, puesto que eso generaría inseguridad; además, la absoluta libertad a los tribunales para resolver fuera de los límites de las leyes que los regulan debe considerarse una violación al principio de legalidad que, paradójicamente, se considera generalmente un derecho humano; entonces, sería un contrasentido decir que los tribunales pueden decidir libremente qué se considera derecho humano y qué no, porque entonces estarían actuando fuera del principio de legalidad y violando este derecho humano.
Por lo anterior, se insiste, los derechos humanos deben considerarse aquéllos que satisfagan los requisitos de:
-Derivar de la naturaleza humana o, al menos estar directamente relacionados con la dignidad humana.
-Ser universales; es decir, aplicables a todos los seres humanos, sin excepción.
-Ser absolutos; es decir, no aceptar casos de excepción en los que no se reconozcan o puedan ser disminuidos o restringidos.
Además, tomando en cuenta que todo derecho subjetivo deriva de una norma jurídica; y que toda norma jurídica tiene una estructura de “supuesto” o “hipótesis normativa”, un nexo “deber ser” y una “consecuencia”, debe considerarse que el único supuesto de hecho previsto en la norma para gozar de un “derecho humano” debe ser, precisamente, ser un “ser humano” sin ninguna otra condición; lo anterior porque, si además de “ser humano” se exige otro elemento como parte del supuesto para ser titular de un derecho, ese derecho ya no derivaría sólo del hecho de “ser humano” y admitiría las excepciones derivadas de la falta de integración del supuesto adicional, con la consiguiente posibilidad de existencia de seres humanos que no tuvieran ese derecho.
Si un derecho no satisface estos requisitos, no podría considerarse realmente un “derecho humano”, puesto que ya no protegería la esencia humana sino algún otro aspecto, que podría entonces reconocerse a algunos seres humanos y a otros no, o protegerse sólo en algunos casos y en otros no, lo que implicaría que no estaría realmente en juego la dignidad humana pues sería un contrasentido aceptar que ésta pudiera dejar de protegerse o reconocerse en ciertos casos; lo anterior no impide que pueda considerarse la existencia de otros derechos fundamentales o con una protección especial; simplemente se trata de derechos muy importantes, fundamentales, pero no “derechos humanos” y, por tanto, pueden ser limitados o restringidos por el orden jurídico.
La reforma constitucional de 10 de junio de 2011 permite identificar los derechos humanos expresamente reconocidos como tales en la propia Constitución al establecer, en el artículo 29, la posibilidad de restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente a los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto pero también dispone expresamente que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
Por tanto, si sólo debe considerarse, en estricto sentido, como derecho humano reconocido por la Constitución, un derecho con características universales y absolutas: precisamente las características que tienen ahora varios de los derechos enumerados en el artículo 29 Constitucional  y las garantías judiciales esenciales para su protección son manifestación, en todo caso, del derecho humano a la legalidad, que también está incluido en el catálogo de derechos que no pueden suspenderse ni restringirse, habría que concluir que son derechos humanos reconocidos en la Constitución, los siguientes[1]:
-Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
-Derecho a la vida.
-Derecho a la integridad personal.
-Derecho al nombre.
-Derecho a la libertad de pensamiento.
-Derecho a la libertad de conciencia (no el de profesar creencia religiosa alguna puesto que los actos de culto deben ser lícitos y eso es ya una limitación constitucional).
-Derecho a la legalidad[2] (no el de retroactividad porque el artículo 14 la prohíbe sólo en perjuicio de las personas).
-Derecho a la no imposición de la pena de muerte.
-Derecho a la proscripción de la esclavitud y la servidumbre.
-Derecho a la proscripción de la desaparición forzada.
-Derecho a la proscripción de la tortura.
Además, debe tomarse en cuenta que el concepto de “derecho humano” implica la imposibilidad para el Estado de restringirlo precisamente por ser anterior al Estado mismo y a su orden jurídico, de tal manera que técnicamente no debería considerarse como “derecho humano reconocido” a los demás derechos consignados constitucionalmente que sí pueden ser restringidos o suspendidos; estos últimos son derechos fundamentales, por estar consignados en el texto constitucional, pero deben estimarse otorgados por la Constitución, no “reconocidos” como anteriores al sistema jurídico y, en consecuencia, sujetos a las limitaciones y regulaciones que la propia Constitución y el sistema jurídico establezcan.
El citado artículo 29 Constitucional prevé también que no podrán suspenderse las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos que no pueden restringirse, lo que es acorde con el modelo de distinción y separación entre derechos humanos y garantías; entonces, ¿cuáles serían esas garantías judiciales indispensables? Consideramos que serían:
-En general, la garantía de acceso a la justicia y el funcionamiento de tribunales independientes.
-El juicio de amparo (a partir del 4 de octubre de 2011, cuando entró en vigor la reforma constitucional de 6 de junio de 2011).
-Las acciones de inconstitucionalidad.
-El sistema de medios de impugnación en materia electoral.
Además, también habría que considerar que el Estado Mexicano no puede suspender ni restringir:
-El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (garantía otorgada en tratado internacional).
-El juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (garantía otorgada en tratado internacional).
-Los juicios previstos en el sistema universal de derechos humanos (ONU).
Debido a que se trata de garantías que están previstas en tratados internacionales y no dependen sólo del Estado Mexicano; en todo caso, podría denunciar los tratados respectivos y separarse de la comunidad internacional que los aplica, pero eso debe estimarse poco probable pues, por otra parte, los tratados prevén términos mínimos de espera entre la manifestación de denuncia y la terminación de la obligatoriedad para el estado denunciante. A lo que habría que agregar algunos criterios de tribunales internacionales sobre derechos humanos que consideran inválidas las renuncias o reservas sobre la materia, por lo que existe la posibilidad de que se estimara que la denuncia al tratado no eximiera al Estado de la obligación de acatar los fallos de los tribunales internacionales.
La distinción entre “derechos humanos” y los demás “derechos otorgados” por el sistema jurídico (en “derechos otorgados” deben incluirse las garantías de los derechos humanos) es trascendental para la integridad y la estabilidad del sistema jurídico debido a que, si se considera que un derecho está reconocido por la Constitución como un “derecho humano”, automáticamente queda protegido por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando el Estado imposibilitado para restringirlo o suspenderlo.
Dar el tratamiento de “derechos humanos” a cualquier derecho mencionado en la Constitución o en cualquier otra norma del sistema jurídico provoca una limitación de las facultades estatales puesto que el Estado no podría crear o modificar normas para restringir de ninguna manera tales derechos puesto que ello se consideraría contrario al principio de progresividad; por tanto, esa limitación sólo es razonable y aceptable respecto de los derechos que sí satisfagan las condiciones para considerarse “derechos humanos reconocidos por la Constitución” pero no respecto de otros derechos que sean “otorgados” y que, por tanto, deben considerarse sujetos a las limitaciones y regulaciones que establezca el propio sistema jurídico.
La alternativa sería considerar que los principios que rigen los “derechos humanos” y los “derechos humanos” en sí mismos pueden admitir excepciones, pero ello implicaría hacer inútil en la práctica el concepto de “derecho humano” como tal, al permitir al Estado establecer excepciones o restricciones sobre derechos que supuestamente no debería poder afectar sino sólo reconocer y proteger precisamente por su trascendental importancia; si todos los derechos, incluyendo los “derechos humanos” tuvieran excepciones y casos de excepción, no habría diferencia de fondo entre los “derechos humanos” y los demás derechos “otorgados” lo que llevaría a concluir que los “derechos humanos” no serían un límite real ni efectivo para la acción estatal y, entonces, habría sido inútil la reforma constitucional.
25 de septiembre de 2012.
Germán Eduardo Baltazar Robles



[1] En el libro “El juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de2011” escribí, en agosto de 2011, que el catálogo de derechos humanos del artículo 29 Constitucional incluía los derechos de la niñez y de la familia, así como “retroactividad” y  profesar los actos de culto religioso; sin embargo, ahora considero que esas categorías no satisfacen las condiciones para ser considerados “derechos humanos” debido a que los derechos de la niñez no tienen como supuesto el “ser humano” sino un “ser humano más la condición de edad menor a 12 años” por lo que no pueden considerarse universales realmente; los derechos de la “familia” no tienen como sujeto al ser humano directamente sino a un agregado de seres humanos; la “retroactividad” está prohibida por el artículo 14 Constitucional sólo en perjuicio de las personas por lo que puede ser discutible si se autoriza en beneficio y ello implica que tenga casos de excepción; profesar los actos de culto tienen la limitación de que no ser ilícitos o delictivos (el artículo 24 Constitucional dice que pueden practicarse los actos de culto “siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley”, por lo que es un derecho que tiene limitaciones constitucionales).
[2] En la tesis 2a. XIX/2012 (10a.), la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, por primera vez, a la legalidad y a la seguridad jurídica como Derechos Humanos. Véase: "Legalidad y seguridad jurídica son Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación", haciendo click aquí.

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