domingo, 14 de agosto de 2011

El nuevo concepto de parte agraviada en el amparo (artículo 107, fracción I, Constitucional)

El artículo 107, fracción I, Constitucional, reformado el 6 de junio de 2011 (en vigor 120 días después), establece:

"I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;"

A diferencia del texto anterior, que dejaba a la ley secundaria la definición y regulación del concepto "parte agraviada", ahora el texto constitucional define lo que debe entenderse por tal y, consecuentemente, impide que la ley reglamentaria establezca un contenido distinto.

En consecuencia, a partir del 4 de octubre de 2011, quien desee promover un juicio de amparo, en general, deberá:

1.- Aducir ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo;

2.- Alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución;

3.- Alegar que con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Si se desea promover amparo respecto de actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sea en vía directa o indirecta, sólo podrá hacerlo quien invoque un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.

Si bien el cambio introduce el concepto de "interés legítimo", sea individual o incluso colectivo, y ello implica la ampliación de las posibilidades para promover amparo, dicha ampliación queda limitada al exigir, el propio texto constitucional, que la parte quejosa alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución.

Tomando en cuenta que el primer párrafo del artículo 1° Constitucional, reformado el 10 de junio de 2011 (en vigor el 11 de junio de 2011), distingue ahora entre derechos humanos reconocidos por la Constitución y garantías otorgadas para protegerlos:

"1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."

Habría que concluir que, cuando el artículo 107, fracción I, Constitucional se refiere a derechos reconocidos, debemos entender los derechos humanos, que son los que reconoce la Constitución (los demás derechos, incluyendo garantías, los otorga la Constitución; es decir, los derechos humanos son anteriores a la Constitución y al sistema jurídico y por eso el Estado sólo los reconoce pero no los crea ni debe limitarlos; en cambio, los demás derechos regulados en la Constitución son derechos fundamentales por establecerse en la Carta Magna, pero como ésta los otorga, puede asignarles el contenido y características que defina e incluso limitarlos).

Así planteado, el juicio de amparo cambiará su finalidad; antes de las reformas constitucionales, era esencialmente un medio de control de constitucionalidad;  a partir del 4 de octubre de 2011 será substancialmente un medio de protección de derechos humanos que tienen su origen en la vida y la dignidad humanas pero no en la Constitución, que sólo los reconoce; por tanto, el amparo no tendrá como fin esencial el control de constitucionalidad sino sólo en la medida en que un derecho humano esté reconocido en la Constitución.

Por otra parte, llama la atención que la definición de parte agraviada en el artículo 107 Constitucional sólo haga referencia a los derechos reconocidos en la Constitución pero no en los tratados internacionales, a pesar de que el artículo 103, fracción I, Consttucional sí menciona éstos así como las garantías otorgadas para protegerlos. ¿Significa eso que, como ha sido hasta ahora, los derechos previstos en los tratados deberán invocarse en el amparo de manera indirecta, a través del derecho humano a la legalidad? Lo anterior porque los jueces ordinarios deberán cuidar de observar los derechos humanos reconocidos en los tratados en términos del artículo 1°, párrafo tercero, Constitucional, según lo ha precisado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que, en ese aspecto, sí debe operar un control difuso en nuestro sistema jurídico (al determinar los alcances de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al caso Radilla); dicha obligación también deberá operar para los tribunales de amparo, pero ello no significa que el artículo 107 permita a la parte agraviada invocar tratados por sí mismos; por el contrario, como ya se indicó, la parte agraviada deberá alegar que se viola un derecho reconocido en la Constitución, por lo que, en todo caso, deberá invocar violación al derecho humano a la legalidad cuando considere que se violó un tratado en su perjuicio.

Finalmente, si la Constitución exige que la parte quejosa invoque la violación a derechos humanos, que son los reconocidos en la propia Constitución (ya comentamos que los demás derechos fundamentales, incluyendo garantías, los otorga la Carta Magna), entonces las personas morales no estarán constitucionalmente legitimadas para promover amparo al no poder satisfacer el requisito de invocar violación a un derecho humano que le afecte su esfera jurídica por la simple razón de que las personas morales no tienen derechos humanos, no son humanos, por lo que deberán limitarse a defender sus derechos ante los órganos ordinarios y con los medios ordinarios de defensa, sin poder acudir al medio extraordinario del amparo; si el acto que los afecta llegara a violar un derecho humano de sus socios o integrantes, éstos podrían invocar un interés legítimo para promover, ellos, personas físicas, el amparo, pero no podría considerarse válido que la persona moral lo hiciera por sí misma pues, como ya se precisó, carece de derechos humanos.

Entonces, las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011 ¿amplían o reducen realmente el alcance del juicio de amparo?

1 comentario:

  1. aqui lo mas preocupante no es que argumentes en la solicitud de amparo sino, el criterio que aplique el magistrado ya que estos y todos los jueces sentencian a criterio y esto es incorrecto ya que dejan de lado las directrices legales como codigo penal const. politica, etc. y solo las adecuan a criterio

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