Significado de la palabra “personas” en el artículo 1° Constitucional a partir de la reforma de 10 de junio de 2011 ¿tienen los animales o las personas morales “Derechos Humanos”?

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Versión del 4 de marzo de 2012: Agrega comentario respecto al caso Cantos vs. Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para precisar que ahí NO se reconocieron derechos humanos a las personas morales.
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Versión del 5 de agosto de 2012: Agrega comentario sobre los principios de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos.
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Versión del 31 de agosto de 2012: Agrega comentario sobre el Protocolo 1 a la Convención Europea sobre Derechos Humanos.
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         El 10 de junio de 2011 se publicó un decreto que reformó, entre otros, el artículo 1° Constitucional cuyo texto establece ahora:

“1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

         El primer párrafo establece que “todas las personas” gozarán de los “derechos humanos reconocidos” en la Constitución y los tratados internacionales y, en consecuencia, surge el problema relativo a determinar qué son los derechos humanos y cuáles los reconocidos como tales en la Constitución y los tratados internacionales[2].

         Sin embargo, también surge otro problema porque la palabra “persona” tiene varios significados[3] y debe determinarse cuál es el usado en el texto constitucional.

         Conforme al Diccionario de la Lengua Española[4]:

“Persona. (Del lat. persōna, máscara de actor, personaje teatral, este del etrusco phersu, y este del gr. πρόσωπον).

1. f. Individuo de la especie humana.

2. f. Hombre o mujer cuyo nombre se ignora o se omite.

3. f. Hombre o mujer distinguidos en la vida pública.

4. f. Hombre o mujer de prendas, capacidad, disposición y prudencia.

5. f. Personaje que toma parte en la acción de una obra literaria.

6. f. Der. Sujeto de derecho.

7. f. Fil. Supuesto inteligente.

8. f. Gram. Accidente gramatical propio del verbo y de algunos elementos pronominales, que se refiere a los distintos participantes implicados en el acto comunicativo.

9. f. Gram. Nombre sustantivo relacionado mediata o inmediatamente con la acción del verbo.

10. f. Rel. En la doctrina cristiana, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, consideradas tres personas distintas con una misma esencia.”

         La primera acepción de persona es “individuo de la especie humana”, al indudablemente puede relacionarse y asignarse el concepto “derechos humanos” y no existe ningún problema en considerar que todos los individuos de la especie humana puedan gozar de derechos humanos.

         Sin embargo, la palabra “persona” también puede usarse para significar “sujeto de derecho” y ahí se considera, tradicionalmente, que existen 2 tipos de personas: las físicas, que se identifican con el ser humano, y las morales o jurídicas colectivas, que constituyen grupos de personas o incluso conjuntos de bienes a los que un sistema jurídico reconoce derechos u obligaciones distintas de las que correspondan a sus posibles integrantes personas físicas.

         En esas condiciones ¿puede considerarse que el artículo primero de la Constitución usa el concepto “persona” en el sentido de “sujeto de derecho”?

         Cuando en un texto se usa una palabra que tiene varios significados, debe emplearse el que sea más acorde con el texto en su totalidad y el contexto en el que se usa, de tal manera que no lleve a significados incompatibles con la realidad o absurdos.

         Ya comentamos que, entendiendo “persona” como “individuo de la especie humana” no existe ningún problema en considerar que goce de “derechos humanos”; sin embargo, ¿puede aceptarse que los animales sean titulares de “derechos humanos”?, ¿puede considerarse correcto reconocer “derechos humanos” a las personas morales que no son seres humanos sino grupos e incluso, en algunos casos, conjuntos de bienes?

         Partiendo de la base de que “persona”, entendida como “sujeto de derecho”, es todo ser o ente[5] al que un sistema jurídico le reconoce derechos u obligaciones, habría que tomar en cuenta que, en algunos casos, los animales tienen reconocidos derechos en el sistema jurídico; así, tenemos que, en el Distrito Federal, existe la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, que establece:

“1°. La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal; sus disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la deformación de sus características físicas; asegurando la sanidad animal y la salud pública, estableciendo las bases para definir:

[…]

III. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales; de su entorno y de sus derechos esenciales;

[…]

 VIII. El Consejo Consultivo Ciudadano del Distrito Federal, para la Atención y Bienestar de los Animales, es un Órgano de coordinación Institucional y de participación y colaboración ciudadana, cuya finalidad principal es, establecer acciones programáticas y fijar líneas de políticas zoológicas, ambientales y de sanidad, a efecto de garantizar los derechos a todos los animales del Distrito Federal.

[…]

5°. Las autoridades del Distrito Federal, en la formulación y conducción de sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los siguientes principios:

[…]

XII. Las Secretarías de Salud, Educación y Medio Ambiente del Distrito Federal, implementaran acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, destinadas a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los animales; las acciones específicas serán implementadas en forma coordinada, por las Secretarías.

[…]

7º. Las autoridades a las que esta Ley hace referencia quedan obligadas a vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el marco de sus respectivas competencias.

Las diversas instancias gubernamentales, que actúen en programas específicos para la protección de los derechos de los animales, deberán establecer la coordinación correspondiente para eficientar su actividad.

[…]”

        

         En otras entidades de la República también existen leyes para proteger los derechos de los animales:

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Aguascalientes

         - Ley para la Protección de los Animales Domésticos en el Estado de Guanajuato

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tamaulipas

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Coahuila de Zaragoza

         - Ley para la Protección de los Animales en el Estado de Durango

         - Ley de Protección a los Animales (Estado de Guerrero)

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Jalisco

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Michoacán de Ocampo

         - Ley Estatal de Protección a los Animales (Estado de San Luis Potosí)

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Tlaxcala

         - Ley de Protección y Trato Digno para los Animales para el Estado de Hidalgo

         - Ley Estatal para la Protección a los Animales (Estado de Colima)

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Chihuahua

         - Ley de Protección a los Animales para el Estado de Campeche

         - Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales para el Estado de Zacatecas

         - Ley de Protección a los Animales Domésticos para el Estado de Baja California

         Ahora bien, si por sujeto de derecho se entiende cualquier ser o ente considerado por el sistema jurídico como centro de imputación o atribución de derechos u obligaciones, habría que concluir que, al menos en los lugares en que existe una ley que les otorgue derechos, los animales son sujetos de derecho y, en consecuencia, son “personas” en el sentido jurídico del término.

         La conclusión que sigue, necesariamente, es que, si la palabra “personas” empleada en el artículo 1° Constitucional, se usa con su significado de “sujeto de derecho”, incluye a los animales y éstos, en consecuencia, gozarían de “derechos humanos”; esta conclusión debe estimarse incompatible con el concepto “derechos humanos”, por lo que resulta inaceptable[6].

En consecuencia, si usar el significado de la palabra “personas” como “sujeto de derecho” en el texto del artículo 1° Constitucional conduce a considerar que los animales gocen de derechos humanos, y eso es un contrasentido puesto que, bajo ninguna circunstancia un animal puede ser equiparado a un ser humano, habría que concluir que no debemos usar esa acepción de la palabra “persona” sino emplear su significado inicial “individuo de la especie humana”.

En apoyo de lo anterior, debe tomarse en cuenta que el propio artículo 1° Constitucional, en su segundo párrafo, establece:

“[…] Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección  más amplia […]”

         Y si bien en el texto constitucional no encontramos ninguna definición expresa de lo que deba entenderse por “persona”, el Estado Mexicano es parte en el tratado internacional denominado Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como “Pacto de San José de Costa Rica”, cuyo artículo primero establece:

         “Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”

         De tal manera que, en este tratado, el Estado Mexicano aceptó la interpretación expresa de que, por persona, para efectos de derechos humanos y libertades fundamentales, debe entenderse al ser humano; esta interpretación, en términos del artículo 1°, párrafo segundo, Constitucional, debe regir la interpretación de las demás normas sobre derechos humanos, incluyendo el propio texto constitucional, máxime que en todos los tratados sobre derechos humanos y libertades fundamentales que nuestro país ha firmado, en las partes expositivas o declaraciones iniciales, se pone de manifiesto que se refieren al ser humano (hombres y mujeres); así, por ejemplo:

         - Carta de las Naciones Unidas

“Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos

a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad […]”

         - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

“Los Estados Partes en el presente Pacto

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

Reconociendo que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, sociales y culturales,

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la observancia de los derechos reconocidos en este Pacto […]”

         - Carta de la Organización de los Estados Americanos

“Convencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones;

Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios y acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de proveer, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, al mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho;

Seguros de que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre […]”

         - Convención Americana Sobre Derechos Humanos

“Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención,

Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos;

Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos […]”

         En todos estos tratados internacionales, relativos a derechos humanos, se indica que la protección de tales derechos es a favor de la persona entendida como ser humano y, en consecuencia, esa interpretación es la que debe considerarse conforme en términos del artículo 1°, párrafo 2°, Constitucional.

         Es cierto que la parte final de ese párrafo establece que la interpretación de las normas sobre derechos humanos se efectúe para favorecer la protección más amplia “a las personas”, pero eso no puede significar atribuir al concepto “personas” un significado que incluya seres o entidades distintos al ser humano pues, en ese caso, como ya comentamos, se llegaría a la conclusión de que los animales tendrían derechos humanos, lo que sería un contrasentido porque éstos derivan de la naturaleza y la dignidad humanas y tales atributos no pueden asignarse a los animales ni, tampoco, a los grupos o corporaciones reconocidos en los sistemas jurídicos como personas morales o jurídicas colectivas.

         - Caso Cantos vs. Argentina ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

         Como objeción al planteamiento de que las personas morales o jurídicas colectivas no son titulares de derechos humanos, se ha invocado la afirmación de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Cantos vs. Argentina, reconoció derechos humanos a las personas morales; lo anterior es falso, puesto que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no contiene tal afirmación.

         En el caso Cantos vs. Argentina se dictó, el 7 de septiembre de 2001, la sentencia de excepciones preliminares, en la que se analizó, entre otras cosas, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la sentencia de fondo[7] se dictó 28 de noviembre de 2002).

En la sentencia de excepciones preliminares se indicó que:

“[…]3. El 29 de mayo de 1996 la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones a los derechos humanos del señor José María Cantos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 11 (Protección de la Honra y la Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”).  Se invocó también la violación de la obligación contenida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de esa Convención y el incumplimiento de varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración”).  La denuncia fue presentada por el presunto damnificado José María Cantos, sus asesores jurídicos señores Germán J. Bidart Campos, Susana Albanese y Emilio Weinschelbaum y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”).  El 13 de junio de 1996 la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó la correspondiente respuesta […]”

Lo anterior pone de manifiesto que el caso fue promovido por la persona física José María Cantos y no por ninguna persona moral.

Además, el petitorio de la demanda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue:

“[…] 11. La Comisión Interamericana expuso el petitorio de su demanda en los términos siguientes:

Con fundamento en la denegación de justicia de que ha sido víctima el señor José María Cantos por parte de las autoridades argentinas, las que de manera arbitraria se abstuvieron de reparar de manera efectiva los graves perjuicios que le fueran ocasionados por agentes del Estado, la Comisión solicita a la Honorable Corte que dicte sentencia en el presente caso, declarando que el Estado argentino violó y continúa violando los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención y el derecho a la propiedad reconocido por el artículo 21 de la misma, todos ellos con relación a la obligación de dicho Estado de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados de que trata el artículo 1.1 del citado instrumento.

Igualmente, la Comisión solicita a la Honorable Corte que:

1. Declare que el Estado ha violado en perjuicio del señor Cantos los siguientes derechos consagrados en la Declaración Americana: el derecho a la justicia (artículo XVIII) y el derecho de petición (artículo XXIV).

2. Declare, con fundamento en el artículo 2 de la Convención y con base en el principio pacta sunt servanda reconocido en la jurisprudencia de la Corte, que el Estado argentino ha violado el artículo 50.3 de la Convención, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe No. 75/98.

3. Ordene al Estado argentino el restablecimiento en plenitud de los derechos del señor José María Cantos y, entre otras medidas, se lo repare e indemnice adecuadamente por las violaciones mencionadas, conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención.  La adecuada indemnización compensatoria debe comprender el daño material, psicológico y moral actualizado.

4. Ordene al Estado argentino el pago de las costas de la instancia internacional, incluyendo tanto los gastos ocasionados en el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión, cuanto los que ocasionará este proceso ante la Corte, así como los honorarios de los profesionales que asisten a la Comisión en la tramitación del presente caso, solicitando que en el momento procesal que corresponda se sirva abrir un incidente especial para que la Comisión pueda detallar los gastos que la tramitación del presente caso ha generado al señor Cantos y fije honorarios razonables a los profesionales intervinientes y a los expertos contables con el propósito de que sean debidamente reembolsados por el Estado argentino.

5. Declare que el Estado argentino debe reparar e indemnizar todos los efectos perjudiciales de la sentencia dictada por el tribunal interno, en tanto violatoria de una norma internacional […]”

De aquí se desprende que la pretensión deducida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basó sólo en los derechos de la persona física José María Cantos.

Por otra parte, es cierto que el Estado demandado invocó la incompetencia de la Corte con base en que se pretendía proteger a las empresas del señor José María Cantos a pesar de que las personas morales no son titulares de derechos humanos; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la excepción en los siguientes términos:

“[…] VI

PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR

22. La primera excepción preliminar que la Corte va a analizar y decidir es la relativa al artículo 1, inciso 2, de la Convención Americana que afirma: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Basándose en este texto, la Argentina sostiene que la Convención Americana no es aplicable a las personas jurídicas y que, por ende, las empresas  del señor José María Cantos, que poseen distintas formas societarias, no están amparadas por el artículo 1.2 de la Convención.

23. El Estado invoca en su apoyo la práctica de la Comisión Interamericana en cuanto a la interpretación del artículo 1.2 de la Convención y cita los dos pasajes siguientes, entre otros, extractados de los pronunciamientos de la Comisión:

[q]ue el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como las disposiciones del Artículo 1.2 proveen que ‘para los propósitos de esta Convención, ‘persona’ significa todo ser humano’, y que por consiguiente, el sistema de personas naturales y no incluye personas jurídicas [... c]onsecuentemente, en el sistema interamericano, el derecho a la propiedad es un derecho personal y la Comisión tiene atribuciones para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, pero no tiene jurisdicción sobre los derechos de personas jurídicas, tales como compañías o,  como en este caso, instituciones bancarias^[8].

[…] de acuerdo al segundo párrafo de la norma transcrita, [artículo 1], la persona protegida por la Convención es ‘todo ser humano’ [....].  Por ello, la Comisión considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material^[9].

24. Resulta útil, por un momento, aceptar la interpretación sugerida en los pasajes transcritos precedentemente y examinar las consecuencias que ella tendría.  Según este criterio, una sociedad civil o comercial que sufriera una violación de sus derechos reconocidos por la Constitución de su país, como la inviolabilidad de la defensa en juicio o la intervención de la correspondencia, no podría invocar el artículo 25 de la Convención por ser precisamente una persona jurídica. Ejemplos semejantes podrían ser mencionados respecto de los artículos 10 y 24 de la Convención, entre otros.

25. Cabe examinar a continuación el artículo 21 de la Convención Americana relativo a la propiedad privada, que interesa en este caso.  Según la interpretación que la Argentina sugiere y que la Comisión parece compartir, si un hacendado adquiere una máquina cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se la confisca, tendrá el amparo del artículo 21. Pero, si en lugar de un hacendado, se trata de dos agricultores de escasos recursos que forman una sociedad para comprar la misma cosechadora, y el gobierno se la confisca, ellos no podrán invocar la Convención Americana porque la cosechadora en cuestión sería propiedad de una sociedad.  Ahora bien, si los agricultores del ejemplo, en vez de constituir una sociedad, compraran la cosechadora en copropiedad, la Convención podría ampararlos porque según un principio que se remonta al derecho romano, la copropiedad no constituye nunca una persona ideal.

26. Toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, que la postula como permitida, prohibida u obligatoria. Cuando una norma jurídica atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan.  El Derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular sus conductas para con otros individuos y para limitar su responsabilidad.  Así, existen sociedades colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, etc.  En todo caso, esta unión organizada permite coordinar las fuerzas individuales para conseguir un fin común superior. En razón de lo anterior, se constituye una persona jurídica diferente de sus componentes, creándose a su vez un fondo patrimonial, el cual supone un desplazamiento de cosas o derechos del patrimonio de los socios al de la sociedad, introduciendo limitaciones a la responsabilidad de dichos socios  frente a terceros. En este mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia en su  caso Barcelona Traction^[10] ha diferenciado los  derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma, señalando que las leyes internas otorgan a los accionistas determinados derechos directos, como los de recibir los dividendos acordados, asistir y votar en las juntas generales y recibir parte de los activos de la compañía en el momento de su liquidación, entre otros.

27. En el caso sub judice, la Argentina afirma que las personas jurídicas no están incluidas en la Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues carecen de derechos humanos. Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación. 

28. Además de ello, se podría recordar aquí la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tal como esta Corte lo ha hecho en varias ocasiones^[11], y afirmar que la interpretación pretendida por el Estado conduce a resultados irrazonables pues implica quitar la protección de la Convención a un conjunto importante de derechos humanos.

29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo no. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. No obstante, vale hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. En este sentido, ya esta Corte ha analizado la posible violación de derechos de sujetos en su calidad de accionistas^[12].

30. En el caso sub judice se ha comprobado en el expediente judicial C-1099 tramitado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todos los recursos administrativos y judiciales, salvo una denuncia penal y un amparo interpuestos en 1972, al inicio de los hechos denunciados, fueron presentados directamente por “derecho propio y en nombre de sus empresas” por el señor Cantos. En razón de ello la supuesta violación de los derechos de la Convención del señor Cantos podrá ser analizado por este Tribunal en la etapa de fondo correspondiente, en los términos de los párrafos 40 y 41. 

31. La Argentina no explica cuál es el razonamiento lógico que utiliza para derivar del texto del artículo 1.2 de la Convención la conclusión a que llega (supra §§ 22 y 23).  Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha reiterado que quien pretende basarse en un razonamiento lógico, debe demostrar los pasos de esa operación.

Una vez demostrado que la interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana se funda en un razonamiento que no es válido, la Corte considera que debe rechazar la excepción de incompetencia interpuesta […]”

Lo anterior pone de manifiesto que, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la excepción propuesta por el Estado demandado, lo cierto es que determinó que la competencia de la Corte derivaba de la circunstancia de que se invocaba violación a los derechos del señor Cantos y que éste había promovido “por derecho propio y en nombre de sus empresas” casi todos los medios de defensa en su país por lo que la Corte analizaría “la supuesta violación de los derechos de la Convención del señor Cantos”.

Vale la pena precisar, también, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que existía distinción entre los derechos de los accionistas respecto de los de las sociedades que integraban y que debía considerarse que “[…] bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho […]”

Es decir, la Corte Interamericana determinó que el individuo podía invocar violación a sus derechos protegidos por la Convención incluso cuando tal violación derivara, a su vez, de la afectación a personas morales, pero eso no puede entenderse en el sentido de que se haya reconocido que las personas morales, en sí mismas, sean titulares de derechos humanos.

Al respecto, el doctor Sergio García Ramírez, quien fue Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento en que se resolvió el caso Cantos vs. Argentina, escribió^[13]:

“[…] los derechos humanos corresponden ―es evidente― a la persona humana, es decir, a la persona física. La Convención señala lo que debe entenderse bajo este último término. No podría tutelarse, pues, a la persona moral o colectiva, que no tiene derechos humanos […]”

No obstante, a continuación el mismo autor precisó^[14] que debía reconocerse que:

“[…] tras la figura, una ficción jurídica, de la persona colectiva se halla el individuo; los derechos y deberes de aquélla repercuten o se trasladan, en definitiva, como derechos y deberes de quienes integran la persona colectiva o actúan en nombre, en representación o por encargo de ésta.

De ahí que no sea pertinente rechazar, sin más, las pretensiones que se formulen a propósito de personas morales sin examinar previamente, para resolver lo que proceda, si la violación supuestamente cometida lo ha sido ―analizada con realismo― a derechos de personas físicas. De lo contrario, se dejaría sin protección un espacio tal vez muy amplio de la vida y actividad de los individuos […]”

Lo que pone de manifiesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha reconocido derechos humanos a las personas morales, sino sólo que los derechos de las personas físicas que sean socios o integrantes de una persona moral pueden, en algunos casos, ser afectados como consecuencia de hechos, actos o situaciones en las que intervenga la persona moral de la que formen parte, pero eso no significa que la persona moral, en sí misma considerada, sea titular de derechos humanos ni, tampoco, que la afectación a derechos de una persona moral, por sí misma, actualice la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que ello sólo puede ocurrir, como establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando se invoque violación a los derechos de los seres humanos.

- Protocolo 1 a la Convención Europea sobre Derechos Humanos

En la citada sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se menciona que el Protocolo 1 a la Convención Europea sobre Derechos Humanos sí reconoce “derechos humanos” a las personas morales.

Al respecto, debe tomarse en cuenta, primero, que la Corte Interamericana carece de facultades para interpretar obligatoriamente la convención europea y sus protocolos, puesto que esa convención no forma parte del sistema interamericano.

Además, si bien que el artículo primero del citado protocolo establece: "Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes [...]", no menos cierto lo es, también, que el texto del protocolo comienza así: "Los Gobiernos signatarios, Miembros del Consejo de Europa, Resueltos a tomar medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades DISTINTOS de los que ya figuran en el Título 1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante "el Convenio"), Han convenido lo siguiente: [...]", lo que pone de manifiesto que el protocolo establece, expresamente y no sólo por inferencia, que los derechos que menciona son DISTINTOS a los reconocidos en la Convención Europea sobre Derechos Humanos, lo que implica que no puede considerarse que su intención haya sido decir que la propiedad o el goce de bienes de una persona moral sea un "derecho humano" precisamente porque falta el supuesto de hecho para ser titular de un derecho humano que es, precisamente, ser un "ser humano".

Por otra parte, si la Corte Europea de Derechos Humanos recibe casos planteados por personas morales, ello es porque tiene competencia para conocer de cualquier caso que involucre su convención y sus protocolos (incluido el 1 ya citado) pero de ahí no se sigue lógicamente (ni necesariamente) que todos los derechos mencionados en la convención y sus protocolos sean “derechos humanos” ni que se haya considerado que las personas morales tengan “derechos humanos”.

Debe precisarse que las personas morales son titulares de derechos, de todos los derechos que el sistema jurídico les otorgue, pero ello no significa que sus derechos puedan calificarse o identificarse como “derechos humanos” debido a que no son "seres humanos" y, por tanto, falta el único supuesto de hecho necesario para ser titular de “derechos humanos”.

         - Trascendencia a la legitimación para promover juicio de amparo

         La identificación de los titulares de los derechos humanos es indispensable para establecer la legitimación para promover el juicio de amparo puesto que, a partir del 4 de octubre de 2011, fecha en que entró en vigor la reforma publicada el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo protege “derechos humanos”, por lo que sólo puede ser promovido por personas físicas, titulares de éstos, al establecer los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, Constitucionales, lo siguiente:

“103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

[…]

107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[…]

I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;

[…]”

         Es decir, el amparo puede ser promovido sólo por seres humanos si entendemos que “persona”, para efectos de las normas sobre derechos humanos, es “todo ser humano” (conclusión que debe estimarse correcta).

En cambio, si se estima que “persona”, en el artículo 1° Constitucional, se usa como “sujeto de derecho”, el amparo podría ser promovido por personas morales e incluso respecto de animales (???!!!!) lo que resultaría absurdo pues, se insiste, ni las personas morales ni los animales pueden considerarse titulares de “derechos humanos”.

         Si a partir del 4 de octubre de 2011, el amparo es un medio de protección de derechos humanos, no puede considerarse razonable que, por ejemplo, si en un juicio laboral en el que un trabajador (persona física) haya obtenido un laudo que condene a su patrón y éste fuera una persona moral, (una sociedad anónima, por ejemplo), dicha persona moral, mediante el juicio de amparo, pudiera anular el laudo y eliminar los derechos que ya hubieran sido asignados al trabajador en dicho laudo puesto que, entonces, se estaría usando un instrumento de protección de derechos humanos para beneficiar a un ser (persona moral) que no es titular de derechos humanos y ello se haría en perjuicio de un ser humano (trabajador) que indudablemente sí es titular de derechos humanos.

         Es cierto que lo anterior implica que las reformas constitucionales de junio de 2011 eliminaron la procedencia del amparo a favor de las personas morales; sin embargo, éstas no quedan indefensas puesto que seguirán teniendo acceso a los tribunales ordinarios, en donde podrán defender sus derechos (el que no tengan derechos humanos no significa que dejen de ser titulares de otros derechos que sí les asigne el sistema jurídico, sino que sólo conduce a considerar que no pueden emplear un medio extraordinario de defensa establecido en la Constitución para la protección de derechos humanos de los que no son titulares).

         Además, tomando en cuenta que el artículo 107, fracción I, Constitucional, prevé que la parte agraviada promueva amparo invocando un interés legítimo, individual o colectivo, los socios de una persona moral sí estarían legitimados para promover el juicio de amparo cuando una afectación a la persona moral pudiera trascender a los derechos humanos de los referidos socios, sin que ello implique que la persona moral sea titular de tales derechos ni de la acción de amparo que, se insiste, deberá ser ejercida por los socios como seres humanos.

         Por todo lo anterior, debe concluirse que el artículo primero Constitucional usa la palabra “persona” en su acepción o significado de “ser humano”, lo que implica que ni las personas morales o jurídicas colectivas ni los animales pueden considerarse titulares de “derechos humanos”.

         - Principios de progresividad y no regresividad

La eliminación de la legitimación  las personas morales para promover el juicio de amparo no viola los principios de progresividad y de no regresividad que rigen la actividad del Estado con relación a los derechos humanos debido a que, para que se actualice una violación a tales principios sería necesario que a las personas morales ya se les hubieran reconocido, con anterioridad, ser titulares de “derechos humanos” lo que no ha ocurrido debido a que, antes de la entrada en vigor de las reformas constitucionales de junio de dos mil once, la estructura de derechos constitucionales del sistema jurídico mexicano estaba desarrollado a partir del concepto de “garantías individuales” como derechos otorgados por la Constitución y, por tanto, susceptibles de ser limitados por ésta; en cambio, las reformas constitucionales mencionadas sustituyeron el concepto de “garantías individuales” (derecho otorgado) por el de “derechos humanos”, que son derechos que no otorga el Estado sino derechos reconocidos por éste; es decir, el Estado los reconoce por existir previamente y derivar de la naturaleza, vida y dignidad humanas; es decir, del ser humano; de tal manera que la circunstancia de que, en el pasado, se hubieran reconocido algunas “garantías individuales” a las personas morales, no puede significar que se les reconocieran “derechos humanos”, al ser conceptos diferentes y de fundamentación filosófica distinta; en consecuencia, el que a partir de las reformas constitucionales referidas las personas morales hayan dejado de estar legitimadas para promover amparo no viola los principios de progresividad y no regresividad puesto que no se les priva ni limita ningún “derecho humano” pues, se insiste, en ningún momento han sido consideradas titulares de “derechos humanos”.

Además, debe tomarse en cuenta que, a diferencia de los “derechos humanos” que son reconocidos por el Estado, los derechos otorgados por el sistema jurídico sí pueden ser modificados o incluso derogados puesto que ningún gobernado tiene derecho a que se mantenga indefinidamente una regulación específica otorgada por el Estado dado que ello limitaría las posibilidades de este último para modificar y actualizar el sistema jurídico, lo que impediría su ajuste a los cambios sociales; es decir, el que un gobernado haya gozado durante algún tiempo de un derecho otorgado por el sistema jurídico no significa que tenga derecho a que se mantenga indefinidamente esa situación; por ello, si el sistema jurídico otorgó en el pasado a las personas morales el derecho a promover amparo respecto de ciertas “garantías individuales” ello no significa que esa situación deba permanecer indefinidamente ni que el Estado estuviera impedido para, al modificar la Constitución y eliminar el concepto de “garantías individuales” y sustituirlo por el de “derechos humanos”, retirar el derecho a promover amparo que antes había otorgado a las personas morales de tal manera que ahora ese derecho dependa de ser titular de “derechos humanos” y, por tanto, sólo pueda ser ejercido por seres humanos.

La única excepción a la facultad del Estado para retirar o restringir derechos opera respecto de los “derechos humanos”, precisamente porque son anteriores al Estado y éste sólo los reconoce y protege, pero no los otorga, razón por la cual a los “derechos humanos” les es aplicable, entre otros, el principio de progresividad y no regresividad; por tanto, si los derechos de las personas morales se llegan a considerar como “derechos humanos”, habría que concluir que también deben protegerse por el principio de no regresividad, con la consecuencia de que el Estado ya no podría restringir tales derechos en el futuro (por ejemplo, no podrían subirse tasas impositivas, ni crearse nuevos impuestos, ni cambiar las formas en que se consolidan las obligaciones fiscales de las empresas, ni imponer más obligaciones para la verificación de sus actividades porque ello implicaría afectación a sus “derechos humanos”).

         Debe precisarse, además, que no es obstáculo para la conclusión apuntada el texto del artículo 107, fracción V, inciso c), segundo párrafo, Constitucional, que disponía:

“V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.

b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.

c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.

En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y

d).- En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.”

         Lo anterior porque, al haberse precisado a nivel constitucional (artículo 107, fracción I, Constitucional) el concepto de parte agraviada, debe entenderse derogada parcialmente la disposición contenida en el segundo párrafo del inciso c) transcrito, debido a que es incompatible la referencia a la Federación (que es una persona moral y no un ser humano) con la condición de legitimación para ser parte agraviada consistente en ser titular de derechos humanos, lo que también obliga a considerar que las partes en los juicios civiles federales pueden promover amparo, siempre y cuando cumplan también con la condición de legitimación prevista en la fracción I del artículo 107 Constitucional y, en consecuencia, sólo las partes que sean personas físicas están legitimadas para promover el juicio de amparo y no las personas morales, incluyendo a la Federación.

México, D.F., 31 de agosto de 2012

Germán Eduardo Baltazar Robles

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[1] Germán Eduardo Baltazar Robles; publicado en el blog http://amparo.coedi.edu.mx el 31 de agosto de 2012. En la segunda versión del artículo (4 de marzo de 2012) se incluyó una respuesta a la objeción basada en la falsa afirmación de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos habría reconocido, en el caso Cantos vs. Argentina, que las personas morales tienen derechos humanos; se transcriben partes de la sentencia de excepciones preliminares de 7 de septiembre de 2001 para demostrar que la Corte Interamericana en ningún momento hizo tal afirmación. También se actualizaron las expresiones temporales debido a que ya entraron en vigor las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011. La tercera versión (5 de agosto de 2012) del artículo se presenta una respuesta a la objeción basada en que la falta de legitimación de las personas morales para promover amparo violaría el principio de progresividad y no regresividad (o no regresión) en materia de derechos humanos. La cuarta versión (31 de agosto de 2012) agrega un comentario sobre la referencia, en el caso Cantos, al Protocolo 1 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos.

[2] Los derechos humanos son pretensiones que derivan de la naturaleza humana, relacionadas con la vida o la dignidad del ser humano y que se caracterizan por ser universales (aplicables a todos los seres humanos) y absolutas (no admiten excepciones); cfr. Artículo “¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011?”, publicado en http://amparo.coedi.edu.mx/2011/08/cuales-son-los-derechos-humanos-que.html ; también puede consultarse “El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011”, Germán Eduardo Baltazar Robles, Create Space y Complejo Educativo de Desarrollo Integral, Charleston USA, 2011, 275 pp.

[3] Fenómeno lingüístico denominado “polisemia”.

[4] Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. 22ª Ed. Consultada en internet http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=persona el 27 de agosto de 2011.

[5] No corresponde a este trabajo discutir la identidad o diferencia entre estos conceptos.

[6] El intérprete del texto constitucional no debe rebasarlo, pero eso no impide que, cuando en el texto se usan palabras con varios significados, deba identificarse el significado que conduzca a un entendimiento racional del texto y no a un absurdo, en el entendido de que, en estos casos, el intérprete no califica de absurdo el texto constitucional, sino que debe usar el significado de los términos que resulte acorde al texto y contexto.

[7] Todo el expediente del caso Cantos vs. Argentina puede consultarse en el sitio de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la página http://www.corteidh.or.cr/expediente_caso.cfm?id_caso=74

[8]  Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima – Perú considerandos 1 y 2.

[9]  Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A.-Argentina, párr. 17.

[10]  Cfr. Barcelona Traction, Light  and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 36, para. 47.

[11]  Cfr., entre otros, Caso Constantine y otros,  Excepciones Preliminares, supra  nota 6, párrs. 75; Caso Benjamin y otros,  Excepciones Preliminares, supra  nota 6, párr. 76;  Caso Hilaire,  Excepciones Preliminares, supra nota 6, párr. 84; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantias del Debido Proceso Legal.  Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párrs. 58, 114 y 128;  Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, párr. 21; Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 21; y Restricciones a la pena de muerte (Arts. 4.2 y  4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3., párr. 48.

[12]  Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 123, 125, 138 y 156. En igual sentido, comunicación del Comité de Derechos Humanos No. 502/1992, Barbados, 31 de marzo de 1994; y comunicación del Comité de Derechos Humanos No. 737/1997, Australia, 30 de abril de 1997. A su vez, la Corte Europea decidió en su caso  Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland, que pese a que existían tres peticionarios:  la compañía “Pine Valley”; la compañía “Healy  Holdings”, dueña de “Pine Valley”; y el señor Healy, las primeras, es decir, las personas jurídicas, no eran más que vehículos a través de los cuales el señor Healy, en su condición de persona física desarrollaba una determinada actividad económica. En todo caso, este Tribunal rechazó el argumento del Estado y señaló que era artificial hacer distinciones entre los peticionarios para efectos de ser considerados víctimas de una violación de algún derecho consagrado en la Convención Europea.  Eur. Court H.R., Pine Valley Developments Ltd and Others Judgment of 29 November 1991, Series A no. 222.

[13] Derechos humanos y jurisdicción interamericana, Sergio García Ramírez, UNAM, México, 2002, p. 93.

[14] Idem.