sábado, 8 de octubre de 2011

Conflictos que involucran derechos fundamentales. Su resolución jurídica conforme a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el Semanario Judicial de Agosto de 2011 aparece la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. XII/2011 en la que se formula una identificación de los "derechos fundamentales" (nótese que NO de los "derechos humanos" puesto que el amparo en revisión en que se sustentó el criterio se falló el 15 de abril de 2011, antes de las reformas constitucionales publicadas el 6 y 10 de junio de 2011), precisando que el carácter de "fundamentales" deriva del hecho de estar previstos en la Constitución; así, nuestro Máximo Tribunal expresó: "Los derechos fundamentales, siendo en su definición más básica pretensiones jurídicas destinadas a establecer los límites que los representantes de los ciudadanos no pueden traspasar en el desarrollo de sus responsabilidades normativas, no son en sí mismos ilimitados."

Esta definición deberá tenerse muy presente cuando se desarrolle el concepto y contenido de los "derechos humanos" con base en el nuevo texto constitucional (reformas de junio de 2011) puesto que tales "derechos humanos" no son creados por la Constitución, que sólo los "reconoce" debido a que derivan de la esencia humana misma y  tienen una relación directa con la vida y la dignidad humanas, de tal manera que deben considerarse universales (todos los seres humanos los tienen por el solo hecho de ser seres humanos) y absolutos (no puede aceptarse que tengan excepciones puesto que, si se aceptan excepciones, existirían casos de seres humanos que no disfrutarían de esos derechos, lo que automáticamente destruiría su universalidad, y pondría de manifiesto que no se trata de un derecho que derive de la esencia, vida o dignidad humanas o, por el contrario, que se acepte que se impida a un ser humano gozar de ese derecho en detrimento de su esencia, vida o dignidad humanas) (Ver. El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011 - click aquí).

Por lo anterior, los "derechos fundamentales" no son lo mismo ni pueden identificarse con los "derechos humanos";  los primeros son definidos en la Constitución (y, si se quiere, en los tratados internacionales) en tanto que los segundos existen antes de la Constitución (y los tratados) que sólo los reconoce; ello provoca que los "derechos fundamentales" no puedan considerarse absolutos sino sujetos a las limitaciones que la propia Constitución establece, en tanto que ningún ordenamiento jurídico positivo (incluyendo la Constitución) puede desconocer, limitar, restringir o suspender los "derechos humanos" (Ver. El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011 - click aquí).

Lo anterior obliga a examinar, una vez que están vigentes las reformas constitucionales de junio de 2011, cuáles son los "derechos humanos" reconocidos como tales en la constitución; es decir, cuáles derechos están reconocidos como universales y absolutos, sin posibilidad normativa de ser restringidos, limitados o suprimidos, aspecto en el que puede servirnos de guía el artículo 29 Constitucional reformado, que prevé un catálogo de derechos cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse (este tema lo desarrollamos un poco más en el post de 22 de agosto de 2011 "¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011?" en este blog, que puede consultar haciendo click aquí).


La tesis referida al inicio de este comentario es la siguiente:

Registro No. 161368
Localización:
Novena Epoca
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIV, Agosto de 2011
Página: 23
Tesis: P. XII/2011
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional

Rubro: CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RESOLUCIÓN JURÍDICA.

Texto: Los derechos fundamentales, siendo en su definición más básica pretensiones jurídicas destinadas a establecer los límites que los representantes de los ciudadanos no pueden traspasar en el desarrollo de sus responsabilidades normativas, no son en sí mismos ilimitados. En efecto, su estructura normativa típica no es la propia de las reglas -normas jurídicas con condiciones de aplicación razonablemente detalladas y determinadas, que se aplican mediante razonamientos subsuntivos- sino la que caracteriza a los principios, que son imperativos jurídicos con condiciones de aplicación definidas de modo muy abierto, lo cual los destina naturalmente a entrar en interacción, en los casos concretos, con otras normas con contenidos jurídicos que apuntan en direcciones no idénticas. Es por eso que suele decirse que los derechos fundamentales operan en el razonamiento jurídico como mandatos de optimización, porque su protección y reconocimiento en los textos constitucionales presuponen naturalmente que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con otras en los casos concretos, supuesto en el que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para articular el resultado de su aplicación conjunta en esos casos. Así, en las democracias constitucionales actuales la resolución jurídica de los conflictos que involucran derechos fundamentales no parte cada vez de cero, sino que el sistema jurídico contiene un abanico más o menos consensuado de reglas o criterios que expresan lo que puede o no considerarse un equilibrio adecuado entre ellos en distintos contextos o escenarios aplicativos. Así, algunas de estas reglas están consagradas expresamente en los tratados de derechos humanos o en las Constituciones mismas, y otras se van explicitando a medida que la justicia constitucional va resolviendo casos, incluidos aquellos en los que se juzga la constitucionalidad de los límites a los derechos incluidos en las leyes. De ahí que el legislador es competente genéricamente para emitir normas que regulan y limitan derechos, pero no puede hacerlo como prefiera, sino bajo determinadas condiciones relacionadas tanto con fines como con medios, en tanto que su labor normativa -llegado el caso- debe ser cuidadosamente examinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar que los límites que de ella derivan estén justificados por la necesidad de proteger a su vez derechos e intereses constitucionalmente amparados, y no haya sido adoptada sobre bases arbitrarias o insuficientemente sensibles a su impacto en las condiciones de goce del derecho involucrado.

Precedentes: Amparo en revisión 7/2009. Costco de México, S.A. de C.V. 15 de marzo de 2011. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarias: Francisca María Pou Giménez, Fabiana Estrada Tena y Paula María García Villegas Sánchez Cordero.

El Tribunal Pleno, el cuatro de julio en curso, aprobó, con el número XII/2011, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de julio de dos mil once.

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