jueves, 10 de noviembre de 2011

Estructura de un concepto de violación con base en Derechos Humanos (a partir del 4 de octubre de 2011)

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¿CÓMO SE ESTRUCTURA UN CONCEPTO DE VIOLACIÓN CON BASE EN DERECHOS HUMANOS? [1]

El 4 de octubre de 2011 entró en vigor la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011 y, a partir de ese momento, el juicio de amparo se convirtió, esencialmente, en un medio jurisdiccional de protección de Derechos Humanos, puesto que el artículo 103, fracción I, Constitucional reformado prevé que los tribunales federales conozcan de las controversias derivadas de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos reconocidos en la Constitución[2] en tanto que el artículo 107, fracción I, Constitucional ahora establece que:
“Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;
 […]”
Una parte esencial de una demanda de amparo está constituida por los conceptos de violación pues con ellos se fija, por regla general, la materia de estudio de la sentencia.
Tradicionalmente se ha considerado que los conceptos de violación son argumentos con los que la parte quejosa pretende demostrar que el acto reclamado en el amparo viola garantías individuales y, por tanto, debe ser declarado inconstitucional y, en consecuencia, dejado sin efectos.
Sin embargo, a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo ya no tiene como materia de análisis la violación a “garantías individuales”, puesto que dicho concepto desapareció de la Constitución Federal el 11 de junio de 2011, fecha en que entró en vigor la diversa reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011; ahora la materia del amparo está referida a la violación a los derechos reconocidos por la Constitución (Derechos Humanos) pues el artículo 107, fracción I, Constitucional obliga a la parte quejosa a que invoque violación a tales derechos y afectación a su esfera jurídica.
La consecuencia directa de los cambios referidos es que la manera de redactar conceptos de violación en el juicio de amparo debe cambiar pues ahora no será posible invocar directamente cualquier precepto constitucional[3] sino que debe expresarse la violación a Derechos Humanos reconocidos en la Constitución.
Tomando en cuenta que la parte quejosa deberá invocar la violación a los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución, deberá primero precisarse qué Derecho Humano, reconocido en el texto constitucional como tal, se invoca como violado, lo que representa el problema de identificar cuáles son los Derechos Humanos reconocidos como tales en la Constitución, puesto que ya no pueden identificarse en automático con todos o cualquier derecho previsto en el propio texto constitucional, precisamente porque el artículo 1° Constitucional reformado distingue expresamente entre los derechos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección; es decir, nuestra Constitución establece una diferenciación en los derechos fundamentales: Por un lado, los Derechos Humanos, anteriores al Estado y “reconocidos” por la Constitución y, por otro lado, los demás derechos “otorgados” por la propia Constitución y el sistema jurídico en su conjunto.
Al respecto, debe considerarse que un Derecho Humano es un derecho que deriva de la vida o la dignidad humanas y que, por lo mismo, está reconocido en la Constitución como universal (para todos los seres humanos) y absoluto (sin casos de excepción)[4].
Una vez precisado el Derecho Humano que se invoque, deberá expresarse cómo se manifiesta dicho Derecho Humano o en qué consiste pues la Constitución no define en forma directa cuáles Derechos Humanos reconoce como tales[5] ni, por regla general, cuáles sean sus elementos específicos, lo que obliga a que el operador jurídico que los invoque deba expresar tales aspectos, sobre todo mientras no exista jurisprudencia que defina esos elementos[6].
A continuación, podrá continuarse con la técnica que hasta ahora se ha empleado, de expresar los aspectos en que la norma general, acto u omisión reclamados violan o incumplen con las obligaciones derivadas del Derecho Humano invocado.
Debe tomarse en cuenta que, en las materias en que la sentencia de amparo se rige por el principio de suplencia de la deficiencia de la queja, bastará expresar en qué consiste la afectación que se combate para que el tribunal de amparo construya el argumento completo que determine si existe violación a un Derecho Humano o no; sin embargo, en los casos en que opera el principio de estricto derecho, es carga de la parte quejosa expresar y demostrar la violación al Derecho Humano que invoque y, por tanto, deberá cuidarse esta parte de la estructuración de los conceptos de violación.
Por ejemplo, si en amparo se invocaba violación a la garantía individual establecida en el artículo 8° Constitucional, conforme al modelo anterior a las reformas constitucionales de junio de 2011, la estructura del concepto de violación era, básicamente:
1.- El artículo 8° constitucional establece que a toda petición formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa, debe recaer un acuerdo escrito que debe notificarse en breve término al peticionario.
2.- En el caso, la parte quejosa presentó con fecha X una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, ante la autoridad Y.
3.- Hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, la autoridad Y ha omitido dar respuesta a la petición a pesar de que ya transcurrió Z tiempo que excede el breve término previsto en el artículo 8° Constitucional.
4.- Por lo anterior, la omisión reclamada es violatoria de garantías individuales.
El punto 1 constituye la expresión del fundamento normativo del argumento y, al invocarse garantías individuales y estar identificadas éstas prácticamente con los preceptos constitucionales, bastaba invocar directamente el artículo respectivo.
Sin embargo, ahora que debe invocarse la violación a un Derecho Humano, la estructura de un concepto de violación basado en Derechos Humanos debe ser:
1.- X es un Derecho Humano reconocido como tal en la Constitución Federal pues el artículo 29 Constitucional lo prevé como un derecho que no puede ser restringido ni suprimido y es inherente a la vida o la dignidad humanas.
2.- El Derecho Humano X implica Y.
3.- En el caso, los hechos son ... y la autoridad ha hecho u omitido Z.
4.- Z es incompatible con las obligaciones Y que derivan del Derecho Humano X porque …
5.- Por tanto, Z es violatorio de derechos humanos.
El problema se complica porque lo que hemos considerado como garantías individuales no necesariamente constituye en forma directa un Derecho Humano; continuando con el ejemplo, el derecho de petición ¿es un Derecho Humano?
Si un Derecho Humano es una pretensión que deriva de la vida o la dignidad humanas y es universal y absoluto, habría que concluir que el derecho de petición NO está reconocido como Derecho Humano en nuestra Constitución puesto que no está reconocido como universal ni absoluto al establecer el propio artículo 8° Constitucional que un ser humano no puede ejercer ese derecho en materia política (caso de excepción) si no es ciudadano de la República (derecho no universal para todo ser humano).
Por tanto, no puede invocarse como Derecho Humano en sí mismo el derecho de petición y, por tanto, conforme al artículo 107, fracción I, Constitucional, no bastaría invocar violación al artículo 8° Constitucional pues el amparo debe promoverse respecto de Derechos Humanos.
Incluso si se considera que el artículo 8° Constitucional establece una garantía (ya no individual, conforme a la reforma constitucional de 10 de junio de 2011), habría que precisar qué Derecho Humano protegería pues el artículo 103, fracción I, Constitucional se refiere a las garantías otorgadas para la protección de Derechos Humanos[7] y el artículo 107, fracción I, exige que el agraviado invoque violación a Derechos Humanos.
Del texto del artículo 29 Constitucional puede concluirse que el derecho a la legalidad está previsto como uno de los derechos que no pueden suspenderse ni restringirse, además de que en todo el texto constitucional no tiene prevista ninguna excepción y, por tanto, habría que concluir que tiene las características de universal y absoluto; por otra parte, habría que considerar que el derecho a la legalidad es inherente a la dignidad humana en tanto que  el ser humano se integra a la sociedad y acepta limitaciones a sus posibilidades de actuar en tanto que la vida en sociedad le garantiza la posibilidad de su propia subsistencia pero esa integración debe efectuarse con la condición mínima de que todos respeten las normas establecidas en el propio sistema; si se estima que, respecto de un ser humano, pueda la autoridad actuar sin sujetarse a las normas válidas del sistema jurídico, se estaría aceptando que la autoridad afectara a un ser humano sin autorización, lo que colocaría a ese ser humano en una condición de inferioridad respecto de los demás y, por tanto, afectaría su dignidad humana. Por tanto, debe considerarse que el derecho a la legalidad está reconocido en nuestra Constitución como Derecho Humano.
Así planteado, continuando con el ejemplo, la estructura del concepto de violación debería quedar[8]:
1.- El derecho a la legalidad es un Derecho Humano reconocido como tal en la Constitución Federal pues el artículo 29 Constitucional lo prevé como un derecho que no puede ser restringido ni suprimido y es inherente a la vida o la dignidad humanas.
2.- El Derecho Humano a la legalidad implica que todas las autoridades cumplan las normas que regulan su actividad y, tratándose de peticiones, el artículo 8° Constitucional prevé que a toda petición escrita, pacífica y respetuosa, la autoridad emita una respuesta escrita que se notifique en breve término al peticionario.
3.- En el caso, los hechos son que el quejoso presentó con fecha … una petición escrita, pacífica y respetuosa a la autoridad …, quien ha omitido emitir la respuesta y notificarla al quejoso a pesar de que ha transcurrido … tiempo, lo que excede el breve término previsto en el artículo 8° Constitucional.
4.- La omisión de la autoridad de responder y notificar la respuesta a la petición es incompatible con las obligaciones que derivan del Derecho Humano a la legalidad porque el artículo 8° es una norma que obliga a la autoridad responsable a dar respuesta y notificarla en breve término lo que no ha ocurrido, por lo que la autoridad viola el referido Derecho Humano.
5.- Por tanto, la omisión de responder la petición del quejoso es violatoria del Derecho Humano a la legalidad.
Como puede verse, la estructura completa de un concepto de violación basado en Derechos Humanos es más compleja que la de uno basado en “garantías individuales”, pero ello es consecuencia de la substitución de un concepto positivista (garantía individual, otorgada por la Constitución), por un concepto iusnaturalista (derecho humano, reconocido, no otorgado, por la Constitución) complicado con el hecho de que el texto constitucional no define expresamente ninguno de los derechos que reconoce como Derechos Humanos.
Existen muchos otros derechos previstos en la Constitución que hemos estado acostumbrados a manejar como “garantía individual” y, por ello, en los amparos nos limitamos a invocar el artículo constitucional respectivo y, sobre eso, construir el argumento que demuestre su violación (como proporcionalidad y equidad tributarias, por poner otro ejemplo); sin embargo, ahora que el artículo 107, fracción I, Constitucional exige que se invoque violación a un Derecho Humano, la parte agraviada (quejoso en el amparo) tendrá la carga adicional de identificar qué Derecho Humano se viole con el incumplimiento o violación; la invocación al Derecho Humano a la legalidad (sustituto de nuestra garantía de legalidad otorgada en los artículos 14 y 16 Constitucionales) nos permitirá invocar, aunque sea de manera indirecta, la protección federal en casos en que no se viole directamente ningún otro Derecho Humano (como hasta antes de las reformas ocurría a través de la invocación a la garantía de legalidad).
Desde otro punto de vista, las sentencias de amparo también deberán cambiar su motivación respecto de la razón para conceder la protección federal, cuando proceda, puesto que ya no bastará expresar que exista violación a un precepto constitucional, sino que deberá identificarse qué Derecho Humano haya sido violado por la norma general, acto u omisión de autoridad reclamado aunque, nuevamente, el Derecho Humano a la legalidad podrá servir de base para conceder el amparo por violaciones a normas constitucionales que no constituyan directamente Derechos Humanos y por violaciones a normas secundarias, de manera muy parecida a como operaban en la práctica las garantías previstas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, aunque la estructura argumentativa deba complicarse un poco por la necesidad de identificar y caracterizar los Derechos Humanos reconocidos como tales en la Constitución Federal.
México, D.F., 10 de noviembre de 2011
Germán Eduardo Baltazar Robles



[1] Germán Eduardo Baltazar Robles; publicado en el blog http://amparo.coedi.edu.mx/ el 10 de noviembre de 2011.
[2] Los “derechos reconocidos por la Constitución” son los Derechos Humanos, puesto que son derechos que existen antes de la propia Constitución y el Estado por lo que éste los “reconoce” y no los otorga por lo que tampoco puede restringirlos ni desconocerlos; a diferencia de las garantías para su protección y otros derechos fundamentales que son otorgados por el Estado a través de las normas del sistema jurídico (incluida la Constitución) y que, al ser otorgados por éste, pueden ser modificados, restringidos o eliminados; al respecto puede consultarse “El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011”, COEDI – Create Space, Charleston USA, 2011, 275 pp., así como el artículo “¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011?” publicado también en http://amparo.coedi.edu.mx/
[3] Conforme al anterior sistema del juicio de amparo, se identificaba prácticamente cualquier derecho constitucional como garantía individual y, por tanto, en el amparo podía invocarse directamente como concepto de violación el incumplimiento a cualquier disposición constitucional; por ejemplo, tratándose del artículo 8° Constitucional, se consideraba como “garantía individual” y bastaba afirmar que se había presentado una petición escrita, pacífica y respetuosa ante una autoridad sin que ésta hubiera contestado en breve término para estimar expresado el concepto de violación en el amparo; como veremos, esto ahora deberá cambiar.
[4] Si se acepta que un derecho puede no reconocerse a algún ser humano, significa que ese derecho no deriva de su vida ni su falta de reconocimiento compromete su dignidad; igualmente, si un derecho se reconoce a los seres humanos pero se establecen casos de excepción, también habría que concluir que ese derecho no es inherente a la vida humana ni su desconocimiento compromete su dignidad; si se denomina “Derecho Humano” a cualquier derecho pero se reconoce sólo a algunos seres humanos o se aceptan excepciones, se aceptaría que el sistema viole la vida o la dignidad humanas a determinados seres humanos, lo que es contradictorio con la idea de que los Derechos Humanos no pueden ser restringidos ni eliminados, por ser anteriores al Estado.
[5] Aunque el artículo 29 Constitucional sí permite identificar qué derechos no pueden ser suspendidos ni restringidos y, a partir de ahí, puede definirse cuáles son los Derechos Humanos reconocidos como tales en el texto constitucional. Cfr. “El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011”, COEDI – Create Space, Charleston USA, 2011, 275 pp., así como el artículo “¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011?” publicado también en http://amparo.coedi.edu.mx/
[6] Al respecto, hay que recordar que el articulo Cuarto Transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado el 6 de junio de 2011 establece: “Cuarto. Para la integración de jurisprudencia por reiteración no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a lo dispuesto en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto.”, lo que incluso motivó la apertura de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación a partir del 4 de octubre de 2011, fecha en que entró en vigor la reforma constitucional citada.
[7] Aunque debe recordarse que el artículo 107, fracción I, exige que se invoque violación a un Derecho Humano ya que no menciona las garantías otorgadas para su protección.
[8] La estructura del concepto se complica, en comparación con el modelo anterior de “garantías individuales” como consecuencia de la indefinición sobre la identificación y características de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución.

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