martes, 15 de noviembre de 2011

Improcedencia constitucional del juicio de amparo respecto de personas morales a partir del 4 de octubre de 2011



 [1]

El 4 de octubre de 2011 entró en vigor la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, conforme a la cual el artículo 107, fracción I, Constitucional dispone:
“Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; […]”
Antes de la referida reforma constitucional, el artículo 107, fracción I, de nuestra norma fundamental sólo establecía que el amparo se seguiría siempre a instancia de parte agraviada, pero no definía lo que debía entenderse por tal; a partir del 4 de octubre de 2011, el texto constitucional expresa una definición de lo que es parte agraviada para efectos del juicio de amparo y, por tratarse de una definición constitucional, ninguna autoridad ordinaria debe poder contradecirla; por el contrario, todo el sistema jurídico debe ajustarse “en cascada” en función de la definición constitucional pues, de lo contrario, la Constitución no funcionaría como norma suprema del sistema.
Por lo anterior, si bien pueden aplicarse las disposiciones de la Ley de Amparo, ello sólo puede hacerse en tanto no contradigan ninguna disposición constitucional expresa pues, de lo contrario, habría que considerar que fueron derogadas tácitamente por la reforma constitucional pues no debería subsistir ninguna norma secundaria que disponga algo distinto a lo definido expresamente en el texto constitucional.
Aún más, el legislador ordinario deberá ajustarse a la definición constitucional cuando emita la nueva Ley de Amparo o reforme la anterior, precisamente para respetar el principio de supremacía constitucional.
En esas condiciones, a partir del 4 de octubre de 2011, la parte agraviada que está legitimada constitucionalmente para promover el juicio de amparo debe ser una persona quien:
a).- Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo (individual o colectivo);
b).- Siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución; y
c).- Que tal violación afecte su esfera jurídica.
El uso de la expresión “siempre que” obliga a considerar que, para que una persona pueda considerarse parte agraviada y, por tanto, legitimada para promover un juicio de amparo, debe alegar que el acto reclamado viola los “derechos reconocidos por la Constitución” y ello afecta su esfera jurídica; es decir, la condición constitucional para promover un juicio de amparo es ser titular de “derechos reconocidos por la Constitución”.
Sin embargo, no todos los derechos regulados constitucionalmente son “derechos reconocidos por la Constitución” puesto que el 10 de junio de 2011 se publicó un decreto que reformó, entre otros, el artículo 1° Constitucional cuyo texto establece ahora[2]:
“1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
[…]”
Y el artículo 103, fracción I, Constitucional, reformado por decreto publicado el 6 de junio de 2011, establece:
“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; […]”
Lo que pone de manifiesto que la Constitución distingue expresamente entre los “derechos reconocidos” y las “garantías otorgadas” por la propia norma constitucional, debiendo identificarse los primeros con los Derechos Humanos precisamente porque se trata de derechos que derivan directamente de la vida y la dignidad humanas, por lo que son anteriores al Estado y al orden jurídico que, por tal motivo, no los “otorga” sino sólo los “reconoce” y, por tanto, no puede restringirlos ni desconocerlos sino protegerlos y, en su caso, castigar y reparar su violación[3].
Por lo anterior, los Derechos Humanos sólo pueden tener como titular a una persona humana; a un individuo de la especie humana, sin que pueda usarse el significado de “persona” relativo a centro de imputación de derechos u obligaciones porque, entonces, aún los animales serían personas para efectos jurídicos (en las entidades como el Distrito Federal y varias otras en el país en que existen leyes que les reconocen derechos) y, por consecuencia, titulares de “Derechos Humanos”, lo que sería un absurdo[4].
Aún más, en todos estos tratados internacionales, relativos a Derechos Humanos, se indica que la protección de tales derechos y de las “libertades fundamentales” es a favor de la persona entendida como ser humano; incluso el párrafo 2 del artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocido como “Pacto de San José de Costa Rica”, establece:
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.”
En consecuencia, esa interpretación es la que debe considerarse conforme en términos del artículo 1°, párrafo 2°, Constitucional y, si bien es cierto que la parte final de ese párrafo establece que la interpretación de las normas sobre derechos humanos se efectúe para favorecer la protección más amplia “a las personas”, pero eso no puede significar atribuir al concepto “personas” un significado que incluya seres o entidades distintos al ser humano pues, en ese caso, como ya comentamos, se llegaría a la conclusión de que los animales tendrían derechos humanos, lo que sería un contrasentido porque éstos derivan de la naturaleza y la dignidad humanas y tales atributos no pueden asignarse a los animales ni, tampoco, a los grupos o corporaciones reconocidos en los sistemas jurídicos como personas morales o jurídicas colectivas.
De lo anterior debe concluirse que el juicio de amparo, a partir del 4 de octubre de 2011, es un medio de protección de Derechos Humanos y, por tanto, sólo puede ser promovido por quien resulte ser titular de Derechos Humanos reconocidos en la Constitución[5].
Es decir, a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional referida, el amparo sólo puede ser promovido por seres humanos ya que debemos entender que “persona”, para efectos de las normas sobre derechos humanos, es “todo ser humano”.
La posibilidad contraria: estimar que “persona”, en el artículo 1° Constitucional, se usa como “sujeto de derecho”, conduciría a concluir que el amparo podría ser promovido por personas morales pero también por animales (???!!!!) así como por cualquiera que alegue, incluso, un interés legítimo, individual o colectivo, relacionado con sociedades o animales, lo que resultaría absurdo pues, se insiste, ni las personas morales ni los animales pueden considerarse titulares de “derechos humanos” y el artículo 107, fracción I, Constitucional, limita la legitimación de la parte agraviada a invocar violación a sus “derechos humanos” reconocidos y que eso afecta su esfera jurídica.
Entonces, si a partir del 4 de octubre de 2011, el amparo es un medio de protección de derechos humanos, no puede considerarse razonable que, por ejemplo, en un juicio laboral en el que un trabajador (persona física) haya obtenido un laudo que condene a su patrón y éste fuera una persona moral, (una sociedad anónima, por ejemplo), dicha persona moral, mediante el juicio de amparo, pueda anular el laudo y eliminar los derechos que ya hubieran sido asignados al trabajador en dicho laudo puesto que, entonces, se usaría un instrumento de protección de derechos humanos (juicio de amparo) para beneficiar a un ser (persona moral) que no es humano ni, por tanto, titular de “Derechos Humanos” y ello se haría, además, en perjuicio de un ser humano (trabajador) que indudablemente sí es titular de “Derechos Humanos”.
Lo anterior implica que las reformas constitucionales de junio de 2011 eliminaron la procedencia del amparo a favor de las personas morales y, como consecuencia, a partir del 4 de octubre de 2011 (fecha de entrada en vigor de la reforma publicada el 6 de junio de 2011), todos los juicios de amparo promovidos por personas morales resultan improcedentes por disposición constitucional.
Debe precisarse que la circunstancia de que las personas morales carezcan de legitimación constitucional para promover amparo no significa que queden indefensas, sino sólo que deben proteger sus derechos a través de los medios ordinarios de defensa pues el que no sean titulares de “Derechos Humanos” no significa que dejen de ser titulares de otros derechos que sí les asigna el sistema jurídico, de tal manera que, aunque no pueden emplear un medio extraordinario de defensa establecido en la Constitución para la protección de derechos humanos, por no ser titulares de éstos, sí pueden acceder a los medios ordinarios de defensa.
México, D.F., 15 de noviembre de 2011
Germán Eduardo Baltazar Robles




[1] Germán Eduardo Baltazar Robles; publicado en el blog http://amparo.coedi.edu.mx el 15 de noviembre 2011.
[3] Los derechos humanos son pretensiones que derivan de la naturaleza humana, relacionadas con la vida o la dignidad del ser humano y que se caracterizan por ser universales (aplicables a todos los seres humanos) y absolutas (no admiten excepciones); cfr. Artículo “¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011?”, publicado en http://amparo.coedi.edu.mx/2011/08/cuales-son-los-derechos-humanos-que.html ; también puede consultarse “El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011, Germán Eduardo Baltazar Robles, Complejo Educativo de Desarrollo Integral, México, 2011, 275 pp.

[5] El artículo 107, fracción I, Constitucional sólo incluye los derechos reconocidos en la Constitución al definir la legitimación para promover el juicio de amparo, por lo que quedan excluidos los demás derechos aun cuando tengan regulación constitucional o incluso en tratados internacionales aunque su violación podrá seguirse invocando de manera indirecta a través del, ahora, derecho humano a la legalidad; cf. “El nuevo juicio de amparo: las reformas constitucionales de junio de 2011, Germán Eduardo Baltazar Robles, Complejo Educativo de Desarrollo Integral, México, 2011, 275 pp.

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