viernes, 16 de marzo de 2012

Seminario "Implicaciones del Derecho en la Medicina" (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

El 22 y 23 de marzo de 2012 se llevará a cabo el Seminario "Implicaciones del Derecho en la Medicina", organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que incluye la participación del Ministro José Ramón Cossío Díaz, quien impartirá la conferencia "Jurisdicción y ciencia. La implementación del estándar Daubert", además del análisis de casos en diferentes mesas.

El evento se realizará en el Auditorio de la Academia Nacional de Medicina, Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Bloque "B", en Avenida Cuauhtémoc número 330, en México, Distrito Federal.

Entrada libre. Cupo limitado.

Correo electrónico: eventos@mail.scjn.gob.mx

Informes e inscripciones:

a).- En forma electrónica, a través del portal http://www2.scjn.gob.mx/eventos/inscripcion/

b).- Por teléfono: 4113 1000 extensiones: 2788, 1146, 2174, 2214, 1617 y 1195

domingo, 4 de marzo de 2012

La Corte Interamericana de Derechos Humanos NO reconoce derechos humanos a las personas morales

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Se ha comentado por algunas personas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cantos vs. Argentina, reconoció derechos humanos a las personas morales.

Lo anterior es falso, puesto que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no contiene tal afirmación.

         En el caso Cantos vs. Argentina se dictó, el 7 de septiembre de 2001, la sentencia de excepciones preliminares, en la que se analizó, entre otras cosas, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la sentencia de fondo[1] se dictó 28 de noviembre de 2002).

En la sentencia de excepciones preliminares se indicó que:

“[…]3. El 29 de mayo de 1996 la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones a los derechos humanos del señor José María Cantos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 11 (Protección de la Honra y la Dignidad), 17 (Protección a la Familia), 21 (Derecho a la Propiedad Privada), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”).  Se invocó también la violación de la obligación contenida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de esa Convención y el incumplimiento de varios artículos de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante “la Declaración”).  La denuncia fue presentada por el presunto damnificado José María Cantos, sus asesores jurídicos señores Germán J. Bidart Campos, Susana Albanese y Emilio Weinschelbaum y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (en adelante “CEJIL”).  El 13 de junio de 1996 la Comisión remitió al Estado las partes pertinentes de la denuncia y le solicitó la correspondiente respuesta […]”

Lo anterior pone de manifiesto que el caso fue promovido por la persona física José María Cantos y no por ninguna persona moral.

Además, el petitorio de la demanda por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue:

“[…] 11. La Comisión Interamericana expuso el petitorio de su demanda en los términos siguientes:

Con fundamento en la denegación de justicia de que ha sido víctima el señor José María Cantos por parte de las autoridades argentinas, las que de manera arbitraria se abstuvieron de reparar de manera efectiva los graves perjuicios que le fueran ocasionados por agentes del Estado, la Comisión solicita a la Honorable Corte que dicte sentencia en el presente caso, declarando que el Estado argentino violó y continúa violando los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención y el derecho a la propiedad reconocido por el artículo 21 de la misma, todos ellos con relación a la obligación de dicho Estado de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados de que trata el artículo 1.1 del citado instrumento.

Igualmente, la Comisión solicita a la Honorable Corte que:

1. Declare que el Estado ha violado en perjuicio del señor Cantos los siguientes derechos consagrados en la Declaración Americana: el derecho a la justicia (artículo XVIII) y el derecho de petición (artículo XXIV).

2. Declare, con fundamento en el artículo 2 de la Convención y con base en el principio pacta sunt servanda reconocido en la jurisprudencia de la Corte, que el Estado argentino ha violado el artículo 50.3 de la Convención, al incumplir las recomendaciones formuladas por la Comisión en su Informe No. 75/98.

3. Ordene al Estado argentino el restablecimiento en plenitud de los derechos del señor José María Cantos y, entre otras medidas, se lo repare e indemnice adecuadamente por las violaciones mencionadas, conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención.  La adecuada indemnización compensatoria debe comprender el daño material, psicológico y moral actualizado.

4. Ordene al Estado argentino el pago de las costas de la instancia internacional, incluyendo tanto los gastos ocasionados en el procedimiento llevado a cabo ante la Comisión, cuanto los que ocasionará este proceso ante la Corte, así como los honorarios de los profesionales que asisten a la Comisión en la tramitación del presente caso, solicitando que en el momento procesal que corresponda se sirva abrir un incidente especial para que la Comisión pueda detallar los gastos que la tramitación del presente caso ha generado al señor Cantos y fije honorarios razonables a los profesionales intervinientes y a los expertos contables con el propósito de que sean debidamente reembolsados por el Estado argentino.

5. Declare que el Estado argentino debe reparar e indemnizar todos los efectos perjudiciales de la sentencia dictada por el tribunal interno, en tanto violatoria de una norma internacional […]”

De aquí se desprende que la pretensión deducida ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se basó sólo en los derechos de la persona física José María Cantos.

Por otra parte, es cierto que el Estado demandado invocó la incompetencia de la Corte con base en que se pretendía proteger a las empresas del señor José María Cantos a pesar de que las personas morales no son titulares de derechos humanos; al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la excepción en los siguientes términos:

“[…] VI

PRIMERA EXCEPCIÓN PRELIMINAR

22. La primera excepción preliminar que la Corte va a analizar y decidir es la relativa al artículo 1, inciso 2, de la Convención Americana que afirma: “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”. Basándose en este texto, la Argentina sostiene que la Convención Americana no es aplicable a las personas jurídicas y que, por ende, las empresas  del señor José María Cantos, que poseen distintas formas societarias, no están amparadas por el artículo 1.2 de la Convención.

23. El Estado invoca en su apoyo la práctica de la Comisión Interamericana en cuanto a la interpretación del artículo 1.2 de la Convención y cita los dos pasajes siguientes, entre otros, extractados de los pronunciamientos de la Comisión:

[q]ue el Preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como las disposiciones del Artículo 1.2 proveen que ‘para los propósitos de esta Convención, ‘persona’ significa todo ser humano’, y que por consiguiente, el sistema de personas naturales y no incluye personas jurídicas [... c]onsecuentemente, en el sistema interamericano, el derecho a la propiedad es un derecho personal y la Comisión tiene atribuciones para proteger los derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, pero no tiene jurisdicción sobre los derechos de personas jurídicas, tales como compañías o,  como en este caso, instituciones bancarias[2].

[…] de acuerdo al segundo párrafo de la norma transcrita, [artículo 1], la persona protegida por la Convención es ‘todo ser humano’ [....].  Por ello, la Comisión considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyendo de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones jurídicas sin existencia real en el orden material[3].

24. Resulta útil, por un momento, aceptar la interpretación sugerida en los pasajes transcritos precedentemente y examinar las consecuencias que ella tendría.  Según este criterio, una sociedad civil o comercial que sufriera una violación de sus derechos reconocidos por la Constitución de su país, como la inviolabilidad de la defensa en juicio o la intervención de la correspondencia, no podría invocar el artículo 25 de la Convención por ser precisamente una persona jurídica. Ejemplos semejantes podrían ser mencionados respecto de los artículos 10 y 24 de la Convención, entre otros.

25. Cabe examinar a continuación el artículo 21 de la Convención Americana relativo a la propiedad privada, que interesa en este caso.  Según la interpretación que la Argentina sugiere y que la Comisión parece compartir, si un hacendado adquiere una máquina cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se la confisca, tendrá el amparo del artículo 21. Pero, si en lugar de un hacendado, se trata de dos agricultores de escasos recursos que forman una sociedad para comprar la misma cosechadora, y el gobierno se la confisca, ellos no podrán invocar la Convención Americana porque la cosechadora en cuestión sería propiedad de una sociedad.  Ahora bien, si los agricultores del ejemplo, en vez de constituir una sociedad, compraran la cosechadora en copropiedad, la Convención podría ampararlos porque según un principio que se remonta al derecho romano, la copropiedad no constituye nunca una persona ideal.

26. Toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, que la postula como permitida, prohibida u obligatoria. Cuando una norma jurídica atribuye un derecho a una sociedad, ésta supone una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan.  El Derecho ofrece al individuo una amplia gama de alternativas para regular sus conductas para con otros individuos y para limitar su responsabilidad.  Así, existen sociedades colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, en comandita, etc.  En todo caso, esta unión organizada permite coordinar las fuerzas individuales para conseguir un fin común superior. En razón de lo anterior, se constituye una persona jurídica diferente de sus componentes, creándose a su vez un fondo patrimonial, el cual supone un desplazamiento de cosas o derechos del patrimonio de los socios al de la sociedad, introduciendo limitaciones a la responsabilidad de dichos socios  frente a terceros. En este mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia en su  caso Barcelona Traction[4] ha diferenciado los  derechos de los accionistas de una empresa de los de la empresa misma, señalando que las leyes internas otorgan a los accionistas determinados derechos directos, como los de recibir los dividendos acordados, asistir y votar en las juntas generales y recibir parte de los activos de la compañía en el momento de su liquidación, entre otros.

27. En el caso sub judice, la Argentina afirma que las personas jurídicas no están incluidas en la Convención Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues carecen de derechos humanos. Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, los derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación

28. Además de ello, se podría recordar aquí la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tal como esta Corte lo ha hecho en varias ocasiones[5], y afirmar que la interpretación pretendida por el Estado conduce a resultados irrazonables pues implica quitar la protección de la Convención a un conjunto importante de derechos humanos.

29. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo no. 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. No obstante, vale hacer una distinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco de la Convención Americana. En este sentido, ya esta Corte ha analizado la posible violación de derechos de sujetos en su calidad de accionistas[6].

30. En el caso sub judice se ha comprobado en el expediente judicial C-1099 tramitado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que todos los recursos administrativos y judiciales, salvo una denuncia penal y un amparo interpuestos en 1972, al inicio de los hechos denunciados, fueron presentados directamente por “derecho propio y en nombre de sus empresas” por el señor Cantos. En razón de ello la supuesta violación de los derechos de la Convención del señor Cantos podrá ser analizado por este Tribunal en la etapa de fondo correspondiente, en los términos de los párrafos 40 y 41. 

31. La Argentina no explica cuál es el razonamiento lógico que utiliza para derivar del texto del artículo 1.2 de la Convención la conclusión a que llega (supra §§ 22 y 23).  Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha reiterado que quien pretende basarse en un razonamiento lógico, debe demostrar los pasos de esa operación.

Una vez demostrado que la interpretación del artículo 1.2 de la Convención Americana se funda en un razonamiento que no es válido, la Corte considera que debe rechazar la excepción de incompetencia interpuesta […]”

Lo anterior pone de manifiesto que, si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos desestimó la excepción propuesta por el Estado demandado, lo cierto es que determinó que la competencia de la Corte derivaba de la circunstancia de que se invocaba violación a los derechos del señor Cantos y que éste había promovido por derecho propio y en nombre de sus empresas” casi todos los medios de defensa en su país por lo que la Corte analizaría “la supuesta violación de los derechos de la Convención del señor Cantos.

Vale la pena precisar, también, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estimó que existía distinción entre los derechos de los accionistas respecto de los de las sociedades que integraban y que debía considerarse que “[…] bajo determinados supuestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho […]”

Es decir, la Corte Interamericana determinó que el individuo podía invocar violación a sus derechos protegidos por la Convención incluso cuando tal violación derivara, a su vez, de la afectación a personas morales, pero eso no puede entenderse en el sentido de que se haya reconocido que las personas morales, en sí mismas, sean titulares de derechos humanos.

Al respecto, el doctor Sergio García Ramírez, quien fue Juez integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al momento en que se resolvió el caso Cantos vs. Argentina, escribió[7]:

“[…] los derechos humanos corresponden ―es evidente― a la persona humana, es decir, a la persona física. La Convención señala lo que debe entenderse bajo este último término. No podría tutelarse, pues, a la persona moral o colectiva, que no tiene derechos humanos […]”

No obstante, a continuación el mismo autor precisó[8] que debía reconocerse que:

“[…] tras la figura, una ficción jurídica, de la persona colectiva se halla el individuo; los derechos y deberes de aquélla repercuten o se trasladan, en definitiva, como derechos y deberes de quienes integran la persona colectiva o actúan en nombre, en representación o por encargo de ésta.

De ahí que no sea pertinente rechazar, sin más, las pretensiones que se formulen a propósito de personas morales sin examinar previamente, para resolver lo que proceda, si la violación supuestamente cometida lo ha sido ―analizada con realismo― a derechos de personas físicas. De lo contrario, se dejaría sin protección un espacio tal vez muy amplio de la vida y actividad de los individuos […]”

Lo que pone de manifiesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha reconocido derechos humanos a las personas morales, sino sólo que los derechos de las personas físicas que sean socios o integrantes de una persona moral pueden, en algunos casos, ser afectados como consecuencia de hechos, actos o situaciones en las que intervenga la persona moral de la que formen parte, pero eso no significa que la persona moral, en sí misma considerada, sea titular de derechos humanos ni, tampoco, que la afectación a derechos de una persona moral, por sí misma, actualice la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya que ello sólo puede ocurrir, como establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuando se invoque violación a los derechos de los seres humanos.

AGREGADO EL 16-ENE-2013: 


Aún más, el veintiocho de noviembre de dos mil doce, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el Caso Artavia Murillo y otros y otros (Fertilización in vitro) vs. Costa Rica, en el que expresamente consideró:

“219. La Corte observa que durante los trabajos preparatorios se utilizaron los términos “persona” y “ser humano” sin la intención de hacer una diferencia entre estas dos expresiones. El artículo 1.2 de la Convención precisó que los dos términos deben entenderse como sinónimos […]”

Además, en la nota a pie de página número 333, determinó:

“El artículo 1.2 ha sido analizado por la Corte en casos en los que se ha solicitado la violación de derechos en perjuicio de personas jurídicas, lo cual ha sido rechazado por el Tribunal porque no han sido reconocidas como titulares de derechos consagrados en la Convención Americana. Cfr. Caso Cantos Vs. Argentina. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párr. 29 y Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 398. Sin embargo, en estos casos la Corte no desarrolló argumentos de mayor alcance sobre el significado del artículo 1.2 en el marco de las controversias a las que se circunscribe el presente caso.”






[1] Todo el expediente del caso Cantos vs. Argentina puede consultarse en el sitio de internet de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la página http://www.corteidh.or.cr/expediente_caso.cfm?id_caso=74

[2]  Informe N° 10/91 del 22.II.1991, Banco de Lima – Perú considerandos 1 y 2.

[3]  Informe N° 39/99 del 11.III.1999, Mevopal, S.A.-Argentina, párr. 17.

[4]  Cfr. Barcelona Traction, Light  and Power Company, Limited, Judgment, I.C.J. Reports 1970, p. 36, para. 47.

[5]  Cfr., entre otros, Caso Constantine y otros,  Excepciones Preliminares, supra  nota 6, párrs. 75; Caso Benjamin y otros,  Excepciones Preliminares, supra  nota 6, párr. 76;  Caso Hilaire,  Excepciones Preliminares, supra nota 6, párr. 84; El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantias del Debido Proceso Legal.  Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párrs. 58, 114 y 128;  Exigibilidad del derecho de rectificación o respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 del 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7, párr. 21; Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 de 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 21; y Restricciones a la pena de muerte (Arts. 4.2 y  4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-3/83 de 8 de septiembre de 1983. Serie A No. 3., párr. 48.

[6]  Cfr. Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrs. 123, 125, 138 y 156. En igual sentido, comunicación del Comité de Derechos Humanos No. 502/1992, Barbados, 31 de marzo de 1994; y comunicación del Comité de Derechos Humanos No. 737/1997, Australia, 30 de abril de 1997. A su vez, la Corte Europea decidió en su caso  Pine Valley Developments Ltd and Others v. Ireland, que pese a que existían tres peticionarios:  la compañía “Pine Valley”; la compañía “Healy  Holdings”, dueña de “Pine Valley”; y el señor Healy, las primeras, es decir, las personas jurídicas, no eran más que vehículos a través de los cuales el señor Healy, en su condición de persona física desarrollaba una determinada actividad económica. En todo caso, este Tribunal rechazó el argumento del Estado y señaló que era artificial hacer distinciones entre los peticionarios para efectos de ser considerados víctimas de una violación de algún derecho consagrado en la Convención Europea.  Eur. Court H.R., Pine Valley Developments Ltd and Others Judgment of 29 November 1991, Series A no. 222.

[7] Derechos humanos y jurisdicción interamericana, Sergio García Ramírez, UNAM, México, 2002, p. 93.

[8] Idem.

jueves, 1 de marzo de 2012

Entran en vigor las acciones colectivas (reformas publicadas en el DOF el 30 de agosto de 2011)

El 30 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a diversos ordenamientos legales por los que se estableció la regulación de las ACCIONES COLECTIVAS, previstas en el artículo 17 Constitucional.

El artículo primero transitorio estableció que las reformas entrarían en vigor seis meses después de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo que correspondería normalmente al "30 de febrero" que no existe pues, en 2012, este mes sólo tuvo 29 días; por lo anterior y tomando en cuenta que los plazos establecidos en meses deben considerar éstos por los días que les corresponden normalmente, conforme lo previsto en el Código Civil Federal (disposición que existe también en prácticamente todos los códigos civiles locales del país), debe considerarse que la reforma entra en vigor el día 1 de marzo de 2012.

El texto completo del decreto de reformas puede consultarse en la entrada siguiente:

http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2011/08/reforma-sobre-acciones-colectivas-dof.html

Esta reforma es importante para el juicio de amparo debido a que, a partir del 4 de octubre de 2011, el juicio de amparo puede promoverse invocando un interés legítimo individual o colectivo, además de que el Código Federal de Procedimientos Civiles es supletorio de la Ley de Amparo y, en consecuencia, las reglas sobre acciones colectivas debe considerarse, en principio, supletorias de la Ley de Amparo para regular el ejercicio colectivo de la acción de amparo.