jueves, 26 de abril de 2012

Derechos Humanos, si la Constitución los protege suficientemente, es innecesario acudir a instrumentos internacionales: Suprema Corte de Justicia de la Nación


El 14 de marzo de 2012 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 781/2011, resolvió que, cuando las disposiciones constitucionales sobre Derechos Humanos son suficientes, es innecesario acudir a los instrumentos internacionales relativos puesto que el principio pro-persona obliga a considerar las disposiciones más favorables y ésto puede satisfacerse con las normas constitucionales.

Esta decisión mantiene el modelo de considerar la Constitución como la norma suprema de nuestro sistema jurídico y a los tratados internacionales subordinados a ella (hay que recordar que el artículo 133 constitucional no fue modificado y sigue precisando que los tratados deben estar acordes con la Constitución).

La tesis generada, publicada en la página de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en el sitio web de la Suprema Corte) http://www2.scjn.gob.mx/red/2sjt/ , es como sigue:

"Tesis aislada 2a. XXXIV/2012 (10a.)


PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS

DERECHOS HUMANOS. SU ESTUDIO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. CONSTITUCIONAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE SE ACUDA A LOS PREVISTOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, SI RESULTA SUFICIENTE LA PREVISIÓN QUE SOBRE ÉSTOS CONTENGA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
Conforme a lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en atención al principio pro persona, no resulta necesario considerar el contenido de tratados o instrumentos internacionales que formen parte de nuestro orden jurídico, si es suficiente la previsión que sobre los derechos humanos que se estiman vulnerados, dispone la Constitución General de la República y, por tanto, basta el estudio que se realice del precepto constitucional que lo prevea, para determinar la constitucionalidad o no, del acto que se reclama. 


Amparo en revisión 781/2011.- María Monarca Lázaro y otra.- 14 de marzo de 2012.- Cinco votos; votaron con salvedad José Fernando Franco González Salas y Sergio A. Valls Hernández.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Erika Francesca Luce Carral.


Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del dieciocho de abril del dos mil doce."

El engrose de la sentencia, completo, en versión pública, puede consultarse haciendo click en el siguiente vínculo: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/11007810.002.doc

lunes, 23 de abril de 2012

Directiva que regula el uso de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

En el Diario Oficial de la Federación de 23 de abril de 2012 se publicó la Directiva que regula el uso de la fuerza por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; esta directiva forma parte de las medidas institucionales del Estado Mexicano para proteger los Derechos Humanos.

El texto de la directiva es el siguiente:

"DIRECTIVA que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.


Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Defensa Nacional.- Secretario.

DIRECTIVA QUE REGULA EL USO LEGITIMO DE LA FUERZA POR PARTE DEL PERSONAL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, EN CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN APOYO A LAS AUTORIDADES CIVILES Y EN APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.


General GUILLERMO GALVAN GALVAN, Secretario de la Defensa Nacional y Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2 y 12 fracción III de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y artículo 1, fracciones I, II y III, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y


CONSIDERANDO


Que en nuestro país se han incrementado las actividades ilícitas, como son: el tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos, personas y armas; entre otras conductas delictivas, y a nivel internacional particularmente el narcotráfico.


Que la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, constituye una amenaza a la sociedad, que cuenta con dichos funcionarios para preservar el orden.


Que la demanda ciudadana en materia de seguridad, exige al Gobierno Federal acciones contundentes para combatir la delincuencia organizada, por lo que el Mando Supremo dispuso una mayor participación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, a fin de cumplir con su responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho.


Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en sus objetivos números 8 y 16, establece que la Secretaría de la Defensa Nacional, participará con las autoridades civiles para "Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal al narcotráfico y a otras expresiones del crimen organizado" y "Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida, que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades".


Que el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007 - 2012, establece en su Objetivo No. 4.- Apoyar las políticas, en materia de seguridad interior, en un marco de respeto al estado de derecho y en la Estrategia 4.4.- Fortalecer las capacidades del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.


Que de acuerdo con los Instrumentos Internacionales sobre el Uso de la Fuerza, el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, podrá usar la fuerza en legítima defensa, para salvaguardar un bien jurídico o en cumplimiento de un deber o en ejercicio de un derecho, siempre y cuando exista una necesidad racional en el medio empleado y dentro del principio de proporcionalidad, y


Que ante la ausencia de un ordenamiento legal que regule el uso legítimo de la fuerza por parte del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, resulta necesario ratificar al personal militar de este Instituto Armado, las disposiciones en esta materia, para que en el cumplimiento de su deber, continúen actuando con pleno respeto a los Derechos Humanos, por lo que he tenido a bien expedir la siguiente:


DIRECTIVA QUE REGULA EL USO LEGITIMO DE LA FUERZA POR PARTE DEL PERSONAL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS, EN CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, EN APOYO A LAS AUTORIDADES CIVILES Y EN APLICACION DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.


Título Unico


DEL USO LEGITIMO DE LA FUERZA


Capítulo I


Disposiciones Generales.


ARTICULO PRIMERO.- La presente Directiva es de carácter obligatorio y de observancia para todo el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y tiene por objeto regular el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.


ARTICULO SEGUNDO.- Para la aplicación de la presente Directiva, se observará lo siguiente:


I. El personal militar en el ejercicio de sus funciones, en todo momento respetará y protegerá los Derechos Humanos y sus Garantías, y


II. En su interacción con los particulares o funcionarios públicos, los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, observarán una conducta de respeto.


ARTICULO TERCERO.- Para efectos de la presente Directiva, se entenderá por:


I. Arma: cualquier instrumento u objeto que por su diseño, mecanismo o manera como es utilizado, el efecto de su uso sobre las personas o cosas, es el de incapacitar, lesionar, privar de la vida o dañar;


II. Armas de Fuego: las previstas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como todo instrumento que utilice municiones con carga de pólvora;


III. Directiva: el presente instrumento;


IV. Ejército: el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;


V. Legítima Defensa: en términos de lo previsto en el artículo 15, fracción IV, del Código Penal Federal, cuando se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del personal militar o de la persona a quien se defiende;


VI. Personal Militar: el militar perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que realiza actos del servicio;


VII. Resistencia no Agresiva: la conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas, exenta de violencia, para oponerse a que la autoridad ejerza sus funciones;


VIII. Resistencia Agresiva: la conducta de acción u omisión que realiza una o varias personas en contra de mismo con la que se causa o puede causarse lesiones o la muerte o producir daños a bienes de su propiedad o bajo su responsabilidad, o contra terceros o sus bienes, que no impliquen peligro de lesiones graves o de muerte para oponerse a que la autoridad ejerza sus funciones;


IX. Resistencia Agresiva Grave: la conducta de acción desarrollada por una o varias personas, con armas o sin ellas, para causar a otra u otras o a personal militar, lesiones graves o la muerte o cometer un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida;


X. Sometimiento: la contención o sujeción que el integrante del Ejército ejerce con el uso de los medios de que disponga, sobre los movimientos de una persona con el fin de inmovilizarla y asegurarla, para ponerla a disposición de la autoridad competente;


XI. Uso de la Fuerza: la utilización de técnicas, tácticas, métodos y armamento que, observando lo dispuesto en el artículo sexto de esta Directiva y el adiestramiento recibido, y empleando el equipo y armamento del que disponga, realiza el personal militar para controlar, repeler y neutralizar actos de resistencias no agresiva, agresiva o agresiva grave, y


XII. Uso Indebido de la fuerza: Cuando la utilización del uso de la fuerza se realiza sin observar los principios y reglas previstos en la presente Directiva.


ARTICULO CUARTO.- El Ejército continuará implementando programas que permitan la actualización y evaluación del Personal Militar sobre su adiestramiento y capacitación sobre el uso de la fuerza.


ARTICULO QUINTO.- El nivel de uso de la fuerza a utilizar será conforme lo demanden las circunstancias, atendiendo lo señalado a las disposiciones de esta Directiva.


Capítulo II


De los Principios.


ARTICULO SEXTO.- La utilización de los niveles de uso de la fuerza por los integrantes del Ejército, sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles o en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.


El Uso de la Fuerza se realizará con estricto respeto a los derechos humanos, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad.


Para efectos de la presente Directiva, el Uso de la Fuerza es:


I. Oportuno: cuando se utiliza en el momento en que se requiere;


II. Proporcional: cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que enfrenten los integrantes del Ejército;


III. Racional: cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante del Ejército, y


IV. Legal: cuando su uso es desarrollado con apego a la normatividad vigente y con respeto a los derechos humanos.


Capítulo III


Reglas Generales para el Uso de la Fuerza.


ARTICULO SEPTIMO.- Los integrantes del Ejército podrán hacer Uso de la Fuerza, para:


I. Cumplir un deber actuando en apoyo de las autoridades civiles o en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;


II. Contrarrestar la Resistencia no Agresiva, Agresiva o Agresiva Grave;


III. Impedir la comisión inminente o real de delitos;


IV. Proteger de una agresión, bienes jurídicos tutelados, o


V. Su Legítima Defensa.


ARTICULO OCTAVO.- En los casos en que sea necesario el Uso de la Fuerza o la autoridad apoyada así lo disponga, el personal militar evaluará la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser posible a su superior jerárquico.


ARTICULO NOVENO.- Para efecto de la presente Directiva, los integrantes del Ejército en el Uso de la Fuerza preferentemente, observarán los niveles siguientes:


I. Disuasión: consiste en la simple presencia física visible de unidades del Ejército;


II. Persuasión: las acciones que de manera inofensiva desarrolla el integrante del Ejército, mediante instrucciones verbales, para conminar al transgresor de la ley, a que desista de su conducta;


III. Uso de la fuerza no letal: se emplea para controlar a una persona o personas en los casos de resistencia no agresiva o agresiva, y


IV. Uso de la fuerza Letal: se emplea sólo en los casos de resistencia agresiva grave o en los que el transgresor amenace al personal militar, con arma de fuego u otro objeto que ponga en peligro su vida.


En el empleo del Uso de la Fuerza, se privilegiará la disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que debido a las circunstancias de la situación particular que se viva, se pongan en riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal militar, en cuyo caso éstos últimos podrán implementar directamente el nivel de uso de la fuerza que sea estrictamente necesario, en los términos de esta Directiva.


ARTICULO DECIMO.- La utilización de la fuerza tendrá por objeto, en la medida de lo posible, el sometimiento sobre personas debidamente identificadas y que ejerzan Resistencia no Agresiva, Agresiva o Agresiva Grave.


ARTICULO DECIMO PRIMERO.- El Personal Militar no accionará armas de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, salvo que realicen actos de Resistencia agresiva grave, o con el objeto de detenerlas o impedir su fuga si oponen resistencia a la autoridad y representen un peligro inminente de muerte o lesiones graves y resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos.Solo en el caso de que el conductor de un vehículo o la tripulación de una embarcación no obedezcan la indicación de detener su marcha o su navegación, y esta acción implique una amenaza real e inminente de que se causará un mal grave, harán uso de la fuerza en los términos previstos en esta Directiva.


ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Si en el evento se causan lesiones, se procurará la atención médica al lesionado y, si el caso lo amerita, se dispondrá su evacuación a la instalación sanitaria más cercana para su atención médica, de acuerdo a la situación predominante y medios disponibles.


ARTICULO DECIMO TERCERO.- Los Organismos que conforman el Ejército, elaborarán los manuales y protocolos de actuación específica que, observando los términos establecidos en la presente Directiva, prevean entre otros aspectos, los siguientes:


I. Las circunstancias en que es procedente el Uso de la Fuerza y el tipo de armas y mecanismos;


II. Las medidas que deban adoptarse para evitar daños colaterales del uso legítimo de la fuerza, y


III. Protocolos de identificación del personal y métodos de disuasión y persuasión.


Capítulo IV


De los Procedimientos.


ARTICULO DECIMO CUARTO.- Cuando el Personal Militar haga Uso de la Fuerza, elaborará un informe detallado a la autoridad militar que corresponda, señalando el tiempo y lugar de los hechos y circunstancias que exigieron el nivel de Uso de la Fuerza utilizado.


ARTICULO DECIMO QUINTO.- Cuando con motivo del Uso de la Fuerza resulten personas lesionadas o muertas, además del informe señalado en el artículo que antecede, el personal militar proveerá las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad competente a la preservación del lugar de los hechos y los indicios.


ARTICULO DECIMO SEXTO.- La autoridad militar, al tener conocimiento de que se hizo uso indebido de la fuerza, lo denunciará ante la autoridad competente, conforme a las leyes y reglamentos que los rigen.



Capítulo V

De la responsabilidad.


ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- El Personal Militar que hubiere hecho Uso Indebido de la Fuerza o incumpla con las obligaciones señaladas en la presente Directiva, estará sujeto a las responsabilidades que determinen las leyes aplicables.


TRANSITORIO


UNICO.- La presente Directiva entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del mes de marzo de dos mil doce.- El Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo Galván Galván.- Rúbrica."



viernes, 20 de abril de 2012

La Suprema Corte separa del cargo y consigna penalmente a Diputado de Jalisco por violar una suspensión en controversia constitucional

En la sesión pública de 19 de abril de 2012, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció, por primera vez en la historia en contra de un funcionario electo por votación popular, la facultad que le otorga el artículo 107, fracción XVI, Constitucional y, al declarar que existió violación a la suspensión concedida en la controversia constitucional 90/2011, separó del cargo de diputado del Congreso del Estado de Jalisco a quien fungió como Presidente de la Mesa Directiva al momento en que se cometió la violación a la suspensión, además de ordenar su consignación directa ante el Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, en turno, para efectos de que sea procesado penalmente.

Esta decisión es de trascendental importancia para el sistema jurídico nacional debido a que precisa los alcances de la facultad prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, en el sentido de que la obligación de cumplir las resoluciones dictadas en suspensión (y con mayor razón las sentencias que se dicten en lo principal) en una controversia constitucional es atribuible a todas las autoridades, independientemente de que ocupen un cargo público por elección popular, y están sujetas a responsabilidad constitucional respecto a su cumplimiento.

Debe tomarse en cuenta, además, que el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal regula en principio el juicio de amparo, y se hace extensivo a las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad por así preverlo el artículo 105 de la propia Constitución; por tanto, el criterio de nuestro Máximo Tribunal también es aplicable al cumplimiento de las resoluciones de amparo y viene a clarificar la estructura de garantías a los derechos humanos prevista en nuestra Carga Magna (a partir del 4 de octubre de 2011, en que entró en vigor la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo es un medio jurisdicción de protección de derechos humanos).

La versión taquigráfica de la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde constan todas las intervenciones de los Ministros en la discusión pública del asunto está publicada en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y puede consultarse haciendo click aquí (http://www.scjn.gob.mx/PLENO/ver_taquigraficas/pl20120419.pdf)

Los puntos resolutivos de la decisión, conforme a la versión taquigráfica citada son los siguientes:


"PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADO EL PRESENTE RECURSO DE QUEJA.
SEGUNDO. SE DECLARA EXISTENTE LA VIOLACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS CONCEDIDA MEDIANTE ACUERDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL ONCE, EN TÉRMINOS DEL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE FALLO.
TERCERO. SE DEJAN SIN EFECTOS LOS ACTOS DE DESIGNACIÓN Y TOMA DE PROTESTA DE CUATRO NUEVOS MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO, VIOLATORIOS DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL CONCEDIDA EN AUTOS, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTA SENTENCIA.
CUARTO. SE DETERMINA LA RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, DIPUTADO GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO, EN TÉRMINOS DE LO INDICADO EN EL CONSIDERANDO QUINTO DE ESTE FALLO.
QUINTO. SE SEPARA EN DEFINITIVA DEL CARGO DE DIPUTADO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, A GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 105 PÁRRAFO ÚLTIMO Y 107, FRACCIÓN XVI, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS Y CON LOS EFECTOS PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTE FALLO.
SEXTO. SE ORDENA LA CONSIGNACIÓN DIRECTA DE GUSTAVO MACÍAS ZAMBRANO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO EN TURNO,
EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 105 PÁRRAFO ÚLTIMO Y 107, FRACCIÓN XVI, PÁRRAFO PRIMERO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN TÉRMINOS DE LO INDICADO EN EL CONSIDERANDO SEXTO DE ESTA EJECUTORIA; Y
SÉPTIMO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE JALISCO Y EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA."


viernes, 13 de abril de 2012

Legalidad y seguridad jurídica son Derechos Humanos reconocidos por la Constitución Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El 15 de febrero de 2012 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el juicio de amparo en revisión 583/2009 y, con base en la ejecutoria, el 28 de marzo de 2012 aprobó la siguiente tesis aislada:

"2a. XIX/2012 (10a.)


CONTROL DEL TABACO. EL HECHO DE QUE LA LEY GENERAL RELATIVA SE HAYA EMITIDO SIN DAR INTERVENCIÓN AL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El hecho de que el Congreso de la Unión, en ejercicio de su facultad para dictar leyes en materia de salubridad general, haya emitido la Ley General para el Control del Tabaco sin haber dado intervención en el proceso legislativo respectivo al Consejo de Salubridad General, no constituye una violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de los preceptos 73, fracción XVI, constitucional; 4o. y 15 a 17 de la Ley General de Salud, no se advierte que dicho Consejo tenga facultades legislativas, sino sólo atribuciones para analizar las disposiciones legales en materia de salud y formular, respecto de éstas, propuestas de reformas o adiciones.
Amparo en revisión 583/2009.- Rodolfo Valentín Peralta Ares.- 15 de febrero de 2012.- Cinco votos; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.- Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas."

La trascendencia de este criterio deriva de la circunstancia de que, en él, por primera vez, nuestro Máximo Tribunal considera expresamente a la legalidad y a la seguridad jurídica como Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal.

Al respecto, puede verse el siguiente comentario: ¿Cuáles son los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución a partir de las reformas de junio de 2011? en este mismo blog (haga click aquí).

La versión pública de la ejecutoria completa del AR 583/2009 puede consultarse en el sitio web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciendo click aquí.