viernes, 8 de febrero de 2013

La Ley General de Víctimas entra en vigor y modifica efectos de las sentencias así como la suspensión en los juicios de amparo

El 8 de febrero de 2013 se cumplen los 30 días previstos en el artículo primero transitorio de la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, por lo que entró en vigor y, por consecuencia, sus disposiciones son plena y directamente aplicables.

En virtud de establecer el modelo de reparación de las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y tomando en cuenta que, de acuerdo con los artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de amparo es un medio jurisdiccional de protección de derechos y humanos y, por tanto, de reparación de sus violaciones, lo que es congruente con la obligación establecida en el artículo 1° Constitucional para todas las autoridades nacionales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, debe concluirse que, cuando en un juicio de amparo se declare que ha existido violación a los derechos humanos de la parte quejosa, la sentencia de amparo deberá ordenar las medidas de reparación de dichas violaciones en términos de la Ley General de Víctimas, por lo que el efecto de la sentencia que concede el amparo ya no debe ser solamente la de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, dado que ello no agota la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos.

Al respecto, el último párrafo del artículo 1° de la Ley General de Víctimas dispone:

"[...] La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante [...]"

Además, el artículo 2°, fracción II, de la Ley General de Víctimas establece:

"2. El objeto de esta Ley es:
[...] 
II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral [...]"

El artículo 13 de la Ley General de Víctimas define lo que, independientemente de lo que establezcan otras leyes, comprende el concepto de reparación integral de las violaciones a los derechos humanos:

"Artículo 13. Adicionalmente a lo señalado en las leyes aplicables, la reparación integral comprende:
I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito o la violación a alguno o algunos de los derechos humanos;
II. La restitución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a prueba pericial;
III. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral. Se entiende por daño moral, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. En los casos en los que el delito constituye una violación grave a los derechos humanos, se presumirá el daño moral de la víctima;
IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;
V. El pago de salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión;
VI. En casos de delitos o violaciones graves a derechos humanos al pago de los gastos y costas judiciales del asesor jurídico cuando éste sea privado;
VII. El pago de los tratamientos médicos que, como consecuencia del delito o de la violación a los derechos humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, así como los gastos de transporte, alojamiento o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar del juicio si la víctima reside en municipio o delegación distinto al del enjuiciamiento."

Por lo que el efecto tradicional de la sentencia de amparo de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación sólo cumple la fracción I del artículo 13, pero no agota los demás elementos previstos en las otras fracciones.

Además, los artículos 30 y 31 de la Ley General de Víctimas prevén:

"Artículo 30. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del hecho punible que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición."

"Artículo 31. Para los efectos de la presente Ley se entenderá que:
I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho punible o a la violación de sus derechos humanos;
II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos;
III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del hecho punible o de la violación de derechos humanos;
IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas;
V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir;
VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados.
Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados.
Las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición contempladas en esta Ley proceden, según sea el caso, tanto para las víctimas que individualmente han sufrido la lesión de sus bienes jurídicos o de sus derechos humanos como para las víctimas que han sufrido colectivamente esas lesiones."

También deben tenerse en cuenta los elementos que, como mínimo, deben incluir las medidas de compensación conforme al artículo 70 de la ley:

"Artículo 70. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos, incluyendo el error judicial.
Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo:
I. El daño físico o mental;
II. La pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales;
III. Los daños materiales, incluidos los daños permanentes y la pérdida de ingresos; así como el lucro cesante;
IV. Los perjuicios morales y los daños causados a la dignidad de la víctima, y
V. Los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y servicios psicológicos y sociales."

Por otra parte, el artículo 133 de la Ley General de Víctimas establece obligaciones expresas para Ministros, Magistrados y Jueces:

"CAPÍTULO XIV
DE LOS MINISTROS, MAGISTRADOS Y JUECES
Artículo 133. Corresponde a los ministros, magistrados y jueces, en el ámbito de su competencia:
I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los Tratados Internacionales;
II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de derechos humanos o comisión de ciertos ilícitos;
III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes;
IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten;
V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas, y sus bienes jurídicos;
VI. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se realice en respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad;
VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia;
IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se vincule con sus derechos o intereses;
X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y
XI. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y la causa no haya causado ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia."

La fracción II del citado precepto modifica las reglas tradicionales para resolver, por ejemplo, sobre la suspensión en el juicio de amparo puesto que ahora es obligación de los Ministros, Magistrados y Jueces dictar las medidas necesarias para evitar la continuación de las violaciones a derechos humanos, por lo que deberán proveer sobre la suspensión en forma oficiosa independientemente del derecho de la parte quejosa a solicitar la suspensión.

Además, las medidas que deben dictarse no deben limitarse a mantener el estado de las cosas en el estado en que se encuentren sino que deben ser medidas correctivas que impidan la continuación de las violaciones a los derechos humanos, lo que implica que el tribunal de amparo tiene una mayor libertad para determinar qué medidas son necesarias para lograr ese fin.

La obligación de escuchar implica el derecho de la víctima a tener audiencia personal antes del dictado de su sentencia; en el amparo indirecto no hay problema porque en la audiencia constitucional puede tener contacto directo con el Juez de Distrito o con el Magistrado Unitario de Circuito que conozca del juicio.

Sin embargo, en amparo directo deberá cuidarse de hacer saber a la parte quejosa que puede acudir al tribunal para ser escuchada antes de que se celebre la sesión de resolución, lo que plantea la interrogante de si tal acto de escucha deberá ser colegiado o podrá acudir la víctima individualmente con cada Magistrado; al respecto y tomando en cuenta que debe evitarse, en lo posible, la revictimización en caso de violaciones a los derechos humanos, considero que lo más congruente con el modelo de protección a tales derechos es que la audiencia de escucha se realice en forma colegiada.

Debe tenerse presente que el derecho de la víctima a ser escuchada directamente no debe considerarse de ejercicio obligatorio, por lo que sólo deberá realizarse cuando la víctima lo solicite acudiendo al tribunal.

Por otra parte, la Ley General de Víctimas prevé también la existencia del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral con cuyos recursos se pagarán las prestaciones económicas que formen parte de la reparación integral y conforme al artículo 152 de la propia ley, para tener acceso a los recursos del fondo, la víctima deberá presentar su solicitud acompañada de la sentencia que instruya tal acceso, lo que implica que también es obligación de los tribunales de amparo, cuando dicten sentencia que declare la existencia de una violación a los derechos humanos, instruir el referido acceso de la víctima a los recursos del fondo; el precepto citado es como sigue:

"Artículo 152. Para acceder a los recursos del Fondo, la víctima deberá presentar su solicitud ante las autoridades, organismos públicos autónomos de protección de los derechos humanos o particulares facultados en esta Ley para el ingreso al Sistema, acompañada de la sentencia, resolución, recomendación, informe o dictamen, en los términos del artículo 71 de la presente Ley, que instruya tal acceso o con acuerdo de la Comisión Ejecutiva de acuerdo a los procedimientos por ella establecidos.
Quien reciba la solicitud deberá acercar la misma a la Comisión Ejecutiva o comisión estatal en un plazo que no podrá exceder los dos días."

El artículo 28 de la Ley General de Víctimas también establece la obligación de todos los órganos del Estado (incluidos los tribunales) de conservar los archivos que tengan relación con violaciones a derechos humanos, por lo que ya no deberán destruirse los expedientes de amparo cuando se envíen al archivo puesto que éstos, por definición constitucional (artículos 103 y 107) tienen relación con tales violaciones; el artículo 28 citado establece:

"Artículo 28. Las autoridades están obligadas a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos.
El Estado tiene el deber de garantizar la preservación de dichos archivos y de impedir su sustracción, destrucción, disimulación o falsificación; así como de permitir su consulta pública, pero particularmente en interés de las víctimas y sus familiares con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas y, en ningún caso, podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura.
Los tribunales nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y, así como los investigadores que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluidos en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio.
En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la Ley, la autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objeto de revisión por la autoridad competente, a la vez que puede ser sujeta a examen judicial independiente."

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