miércoles, 3 de abril de 2013

Entra en vigor la nueva Ley de Amparo

El 3 de abril de 2013 entró en vigor la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.

Conforme a las disposiciones transitorias, la nueva Ley de Amparo, en su totalidad, es aplicable a los juicios de amparo que se promuevan a partir del 3 de abril de 2013 (salvo el capítulo de suspensión en materia penal que requiere, además, que en la entidad de que se trate ya haya entrado en vigor la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).

Al respecto, el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la nueva Ley de Amparo dispone: "[...] Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.", lo que también debe aplicarse al propio juicio de amparo.

Sin embargo, a los juicios de amparo iniciados por demanda presentada antes del 3 de abril de 2013 también les son aplicables las reformas sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, además de haber desaparecido el sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia pues el artículo tercero transitorio de la nueva Ley de Amparo dispone:

"TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."

Por tanto, las nuevas reglas sobre cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo son aplicables a todos los juicios de amparo, independientemente de la fecha de su inicio, por lo que:

- En el mismo auto en que se declare que una sentencia causa ejecutoria o cuando se reciba una sentencia dictada en revisión, debe requerirse a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (sólo uno, el inmediato) para que cumplan con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días (antes eran 24 horas).

- La notificación a las autoridades debe hacerse con apercibimiento de que, de incumplir sin causa justificada, se les aplicará una multa conforme a los artículos 192 y 258 de la nueva Ley de Amparo (de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal) y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito (si el acuerdo es de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (si el acuerdo es de Tribunal Colegiado de Circuito) para el trámite de inejecución que puede culminar con su separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito previsto en el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo, sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 1000 días multa (equivalente un día multa a un día de ingreso total del sentenciado), así como inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

- En el procedimiento de ejecución de sentencia, el Presidente de la República no podrá ser considerado como autoridad responsable ni como superior jerárquico (art. 192 de la nueva Ley de Amparo).

- El órgano judicial de amparo puede fijar plazos mayores para el cumplimiento atendiendo a las características específicas del caso y puede ampliar tales plazos por una sola vez.

- Si no se cumple la ejecutoria en el plazo fijado, deben imponerse las multas respectivas (no es optativo ni discrecional) y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito (amparo indirecto) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo).

- El Tribunal Colegiado de Circuito (tanto en amparo directo como indirecto), al remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá elaborar un proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y de su superior jerárquico.

- Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma (art. 194 de la nueva Ley de Amparo).

- Cuando la autoridad informe que dio cumplimiento a la ejecutoria, se dará vista al quejoso y al tercero interesado por 3 días (amparo indirecto) o 10 días (amparo directo) para que aleguen lo que a su derecho convenga, incluyendo exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria (desapareció la queja por este motivo respecto de ejecutorias de amparo) y, con desahogo de la vista o sin él, el órgano judicial de amparo debe resolver sobre el total, correcto y completo cumplimiento de la ejecutoria.

- Si la ejecutoria de amparo no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o hay imposibilidad para su cumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito (amparo indirecto) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo).

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dar un plazo adicional para el cumplimiento y, si estima injustificado el incumplimiento o transcurrido el plazo adicional sin que se cumpla la ejecutoria, puede considerar el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y ordenar la separación del cargo de la autoridad responsable y su superior jerárquico, así como consignarlas ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Además, devolverá los autos al órgano jurisdiccional de amparo (Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito en amparo indirecto, o Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo) a efecto de que se reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

- En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede regresar el expediente para que se tramite dicho incidente.

- Debe recordarse que, desde el 4 de octubre de 2011, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo procede respecto de violaciones a derechos humanos reconocidos en la Constitución (art. 107, fracción I, Constitucional), por lo que la forma y términos de cumplimiento a las ejecutorias que conceden el amparo deben ajustarse a los principios que, sobre reparación integral de violaciones a los derechos humanos, se establecen en la Ley General de Víctimas (en vigor a partir del 8 de febrero de 2013) o, para casos anteriores a la vigencia de esta ley, los mismos principios pero invocando las reglas de ONU y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tal tema. Respecto a la reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas, puede consultarse: http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2013/02/la-ley-general-de-victimas-entra-en.html en este mismo blog.

- Contra la resolución que tiene por cumplida una ejecutoria de amparo procede la inconformidad que puede promoverse en un plazo de 15 días (antes era de 5).

- También aplican las reglas sobre repetición de acto reclamado y cumplimiento sustituto.



5 comentarios:

  1. No. Registro: 2,001,403
    Tesis aislada
    Materia(s):Constitucional, Común
    Décima Época
    Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
    Tomo: Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2
    Tesis: XXVI.5o.
    (V Región) 2 K (10a.)
    Página: 1876

    PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR NO SÓLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, SINO TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO MEDIO O INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN.

    Las personas morales o jurídicas son sujetos protegidos por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que deben gozar de los derechos fundamentales constituidos por los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, siempre y cuando sean acordes con la finalidad que persiguen, por estar encaminados a la protección de su objeto social, así como de aquellos que aparezcan como medio o instrumento necesario para la consecución de la finalidad referida. Lo anterior es así, porque en la palabra "personas", para efectos del artículo indicado, no sólo se incluye a la persona física, o ser humano, sino también a la moral o jurídica, quien es la organización creada a partir de la agrupación voluntaria de una pluralidad de personas físicas, con una finalidad común y una identidad propia y diferenciada que trasciende la de los individuos que la integran, dotada de órganos que expresan su voluntad independiente de la de sus miembros y de un patrimonio propio, separado del de sus integrantes, a la que el ordenamiento jurídico atribuye personalidad y, consecuentemente, reconoce capacidad para actuar en el tráfico jurídico, como sujeto independiente de derechos y obligaciones, acorde al título segundo del libro primero del Código Civil Federal, al artículo 9o. de la Carta Magna y conforme a la interpretación de protección más amplia que, en materia de derechos humanos se autoriza en el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional. Sin que sea obstáculo que los derechos fundamentales, en el sistema interamericano de derechos humanos, sean de los seres humanos, pues tal sistema no sustituye a las jurisdicciones nacionales, sino que otorga una protección coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos, por lo que una vez arraigados los derechos humanos en el derecho constitucional propio y singular del Estado Mexicano, éstos se han constituido en fundamentales, y su goce, así como el de las garantías para su protección, ha sido establecido por el propio derecho constitucional a favor de las personas y no sólo del ser humano.

    QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN. Amparo en revisión 251/2012. Jefe de la Unidad de Catastro Municipal del Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 4 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Serratos García. Secretario: Edwin Jahaziel Romero Medina.

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    1. Gracias; efectivamente el tema es muy interesante y complejo; yo sólo haría la observación de que el código civil debe ajustarse a la constitución y no ésta a lo que dice esa ley ordinaria; por otra parte, si "derechos humanos" son todos los derechos... entonces ¿para qué sirve diferenciar esa categoría? regresaríamos al modelo de garantías individuales y la reforma constitucional no habría tenido sentido; finalmente, ¿qué se necesita para ser titular de derechos humanos? si el estado va a poder asignarlos a su voluntad, sin atender a que exista un ser humano específico, entonces también va a poder definir su contenido y alcance y los derechos humanos serán derechos de los que el Estado podrá disponer como quiera, incluso limitarlos o restringirlos (invocando siempre "necesidad de estado" por supuesto) pero eso nos llevaría a que no los "reconocería" sino que los "otorgaría" lo que es contradictorio con la teoría que sustenta los derechos humanos; en fin, hay que seguir estudiando. Saludos.

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  2. Contra la resolución que tiene por cumplida una ejecutoria de amparo procede la inconformidad que puede promoverse en un plazo de 15 días (antes era de 5)......ESTA INCONFORMIDAD QUIEN LA RESUELVE TRATANDOSE DE UN AMPARO INDIRECTO...ES DECIR, CONCEDIERON EL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSION, PARA EFECTOS Y CON LIBERTAD DE JURISDICCIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA EMITE EN VIA DE CUMPLIMIENTO OTRA ORDEN DE CAPTURA Y EL JUEZ DE DISTRITO TIENE POR BIEN CUMPLIDA LA EJECUTORIA...INTERPONGO INMCONFORMIDAD Y QUIEN LA RESUELVE????...GRACIAS Y SALUDOS

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    1. La Ley de Amparo prevé que la inconformidad se envíe por el Juzgado a la Suprema Corte, pero ésta emitió el acuerdo general 5/2013 en el que, entre otros tipos de asuntos, remite este tipo de inconformidades a los tribunales colegiados de circuito, por lo que la resolverá un tribunal colegiado y, sólo si éste considera que debe declararse fundada y ordenar la separación del cargo de una autoridad enviaría el expediente a la Suprema Corte.

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  3. Pero,qué pasa si la inconformidad se resuelve que es infundada o que los agravios fueron inoperantes y se confirma el acuerdo recurrido?, Procede otro medio jurídico contra esa inconformidad que no favorece al quejoso recurrente o hay que irse directamente a la Corte Interamericana?

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Gracias por su comentario.