martes, 26 de febrero de 2013

Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en México (SCJN)


Compilación de instrumentos internacionales sobre protección de la persona aplicables en México (SCJN)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha publicado la "Compilación de instrumentos internacionales sobre la protección de la persona aplicables en México".

La obra contiene los textos de los diferentes instrumentos internacionales relacionados con Derechos Humanos en los que el Estado Mexicano es parte, por lo que constituye una obra de invaluable importancia para la investigación sobre los Derechos Humanos y el trabajo diario de los abogados bajo el nuevo modelo constitucional derivado de las reformas publicadas en junio de 2011.

La obra puede consultarse en la página  http://www.scjn.gob.mx/libro/Documents/InstrumentosInternacionales.pdf

o haciendo click sobre la imagen de esta entrada; el documento PDF que se descarga contiene un índice a los instrumentos internacionales y, haciendo click sobre la denominación de cada uno, se abrirá el texto del instrumento desde el sitio de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La obra impresa consta de 7 tomos.

Modificaciones al Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales federales

En el Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013 se publicó un Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que modifica las reglas para la inscripción de los profesionales del Derecho  en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales federales, para contemplar el procedimiento a seguir cuando no se puedan validar los documentos exhibidos para ingresar al referido registro.

El acuerdo general prevé su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su texto es como sigue:

"ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 183, fracción VIII y 184, fracciones III y VI; y adiciona las fracciones VII y VIII al artículo 184 del diverso que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 183, FRACCION VIII Y 184, FRACCIONES III Y VI; Y ADICIONA LAS FRACCIONES VII Y VIII AL ARTICULO 184 DEL DIVERSO QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO.- De acuerdo con los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, y facultado además para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.- El Consejo de la Judicatura Federal tomando en consideración que los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito implementaron el uso interno de "libros de registro de cédulas profesionales", y ante el incremento en el número de órganos jurisdiccionales, así como que el aumento en las cargas de trabajo en la mayoría de éstos, traía aparejada la intervención en los asuntos de una cantidad creciente de abogados postulantes, para evitar una considerable inversión de recursos humanos y tiempo en el registro de que se trata, estimó conveniente establecer el uso obligatorio del Sistema Computarizado para el Registro Unico de Profesionales del Derecho ante los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, a partir del diecinueve de julio de dos mil cinco, por Acuerdo General 24/2005, abrogado por el anterior Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta su organización y funcionamiento, que incluyó en él las disposiciones respectivas, que el actual Acuerdo contempla en su Título Noveno "Registro Unico de Profesionales del Derecho";
CUARTO.- En los últimos años, Estados de la República Mexicana, con el fundamento previsto por el artículo 5º, párrafo segundo y 121, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han retomado la atribución de llevar el registro de profesiones de los egresados de las instituciones educativas de su entidad, dejando de operar bajo un esquema de coordinación con el Ejecutivo Federal en materia de unificación del registro profesional;
QUINTO.- Durante el tiempo en que ha funcionado el sistema, se han presentado profesionales del Derecho, cuya cédula profesional se encuentra inscrita por instancias estatales diversas a la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública federal;
SEXTO.- Resulta necesario adecuar la normativa aplicable, a fin de que dentro del Sistema Computarizado para el Registro de los Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se permita el registro de las cédulas profesionales con efectos de patente expedidas tanto por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, así como de las instituciones análogas de las entidades federativas.
En consecuencia, con apoyo en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente
ACUERDO
UNICO.- Se modifican los artículos 183, fracción VIII y 184, fracciones III y VI; y se adicionan las fracciones VII y VIII al artículo 184 del diverso que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para quedar como sigue:
"Artículo 183. Los requisitos para el Registro Unico de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, son los siguientes:
...
VIII. Nivel y grado académico registrado ante la Secretaría de Educación Pública, o bien ante la institución análoga de las entidades federativas, con efectos de patente en alguna rama del Derecho en la que desempeña su actividad profesional.
Artículo 184. Para el registro de la información especificada en el artículo anterior, los órganos jurisdiccionales realizarán el siguiente procedimiento:
...
III. EI servidor público para llevar a cabo el registro deberá verificar los datos contenidos en la cédula profesional en la página web correspondiente de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; o bien de la institución análoga de las entidades federativas; y, en caso de que los datos de la cédula sean coincidentes, procederá a ingresar al sistema los datos proporcionados por el abogado postulante en la solicitud y a registrar la cédula en el sistema computarizado; el servidor público que realice el registro debe asentar su nombre, cargo y órgano jurisdiccional de adscripción;
...
VI. En caso de que los datos de la cédula profesional que exhiba el abogado postulante no sean coincidentes con los contenidos en la página web de la Dirección General de Profesiones, o en la correspondiente a su similar de las entidades federativas, el servidor público deberá dar cuenta al titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, levantará un acta en la que haga constar esta situación y certificará las copias que le fueron exhibidas, haciendo la devolución de los documentos al interesado. Un tanto de las copias certificadas se enviarán a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación para que lleve a cabo ante la Dirección General mencionada o bien en la institución análoga de las entidades federativas, la validación correspondiente y de resultar que no existen antecedentes en sus registros de la cédula respectiva, la Secretaría Ejecutiva le enviara la copia certificada de los documentos para los efectos que estime pertinentes.
VII. De no ser posible el registro del litigante por causas no imputables al servidor público encargado de realizar su inscripción, ya sea debido a la imposibilidad de acceder a la base de datos de la Dirección General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública, o de sus homólogas en las entidades federativas cuando cuenten con ellas, para verificar la información de la cédula profesional proporcionada por el solicitante; o, en caso de que no exista un sistema de consulta pública en internet perteneciente a la dependencia o unidad administrativa que hubiere expedido la cédula con efectos de patente sometida a registro, el servidor público notificará tal situación al litigante que lo haya solicitado e inmediatamente, remitirá a la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, la documentación en que consten tales hechos para que, dentro del marco de sus atribuciones, ésta lleve a cabo la verificación respectiva haciendo uso de mecanismos alternos. Hecha la verificación de validez, la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación notificará el resultado obtenido al órgano jurisdiccional que le hubiere remitido la documentación, para que, atendiendo al mismo, efectúe el registro del litigante.
VIII. Lo anterior en ningún sentido menoscaba el derecho de los litigantes para ser autorizados en los términos de las leyes aplicables".
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
TERCERO.- La Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación, deberá integrar de inmediato el texto de esta reforma, al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.
EL MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNANDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 183, fracción VIII y 184, fracciones III y VI; y adiciona las fracciones VII y VIII al artículo 184 del diverso que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, fue aprobado por el Pleno del Consejo, en sesión extraordinaria de veinticinco de enero de dos mil trece, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera.- México, Distrito Federal, a dieciocho de febrero de dos mil trece.- Conste.- Rúbrica."

Reforma constitucional en materia educativa

En el Diario Oficial de la Federación de 26 de febrero de 2013 se publicó un decreto que reforma el artículo 3° Constitucional respecto a la educación y las medidas para mejorar su calidad.

El decreto prevé su entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su texto es como sigue:

"DECRETO por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA APROBACIÓN DE LA MAYORÍA DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,
DECLARA
SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3o. EN SUS FRACCIONES III, VII Y VIII; Y 73, FRACCIÓN XXV, Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, UN INCISO D) AL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN II Y UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 3o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX, al artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3o. ...
...
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
I. y II. ...
a) ...
b) Será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y
d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos;
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;
IV. a VI. ...
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan, y
IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá:
a) Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema;
b) Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden, y
c) Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial en la búsqueda de la igualdad social.
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual, con previa comparecencia de las personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
Los integrantes de la Junta de Gobierno deberán ser personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto y cumplir los requisitos que establezca la ley, desempeñarán su encargo por períodos de siete años en forma escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. Los integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años. En caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los términos del Título IV de esta Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del Instituto y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quien desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley.
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión.
La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al Instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus respectivas funciones.
Artículo 73. ...
I. a XXIV. ...
XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;
XXVI. a XXX. ...
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores las ternas para la designación de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en un plazo máximo de sesenta días naturales a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, que deberá recaer en personas con capacidad y experiencia en las materias de la competencia del Instituto.
Para asegurar la renovación escalonada de los integrantes, los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:
I. Dos nombramientos por un periodo de cinco años;
II. Dos nombramientos por un periodo de seis años, y
III. Un nombramiento por un periodo de siete.
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de los miembros, al someter su designación a la aprobación de la Cámara de Senadores.
Para la conformación de la Primera Junta de Gobierno del Instituto, el Ejecutivo Federal someterá a la aprobación de la Cámara de Senadores cinco ternas para que de entre ellas se designen a los cinco integrantes que la constituirán. La presentación de ternas en el futuro corresponderá a la renovación escalonada que precisa el párrafo segundo de este artículo.
El primer Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto durará en su encargo cuatro años.
Tercero. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación correspondientes, a más tardar en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.
En tanto el Congreso de la Unión expide la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional creado por este Decreto ejercerá sus atribuciones y competencia conforme al Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de mayo de 2012, en lo que no se oponga al presente Decreto. Para estos efectos, las atribuciones previstas en dicho ordenamiento para el Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán ejercidas por la Junta de Gobierno del Instituto, y las de la Presidencia por el Presidente de la Junta de Gobierno.
Cuarto. Los recursos materiales y financieros, así como los trabajadores adscritos al organismo descentralizado Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pasan a formar parte del Instituto que se crea en los términos del presente Decreto.
Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo siguiente:
I. La creación de un Sistema de Información y Gestión Educativa. Al efecto, durante el año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizará un censo de escuelas, maestros y alumnos, que permita a la autoridad tener en una sola plataforma los datos necesarios para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permita una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas;
II. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros, en el marco de la creación de un servicio profesional docente. La evaluación de los maestros debe tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional. El sistema educativo deberá otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades, y
III. Las adecuaciones al marco jurídico para:
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural. En aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria se impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos a los alumnos a partir de microempresas locales, y
c) Prohibir en todas las escuelas los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos.
Al efecto, el Poder Legislativo hará las adecuaciones normativas conducentes y preverá en ellas los elementos que permitan al Ejecutivo Federal instrumentar esta medida. El Ejecutivo Federal la instrumentará en un plazo de 180 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la entrada en vigor de las normas que al efecto expida el Congreso de la Unión.
Sexto. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
México, D.F., a 7 de febrero de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticinco de febrero de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica."

miércoles, 20 de febrero de 2013

Reglas para designación de Jueces de Distrito - Acuerdo General 6/2013

El 20 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 6/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los concursos de oposición para acceder al cargo de Juez de Distrito.

El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su contenido es como sigue:

"ACUERDO General 6/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito, mediante concursos internos de oposición.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.
ACUERDO GENERAL 6/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO Y LINEAMIENTOS GENERALES PARA ACCEDER AL CARGO DE JUEZ DE DISTRITO, MEDIANTE CONCURSOS INTERNOS DE OPOSICION.
CONSIDERANDO
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo y 100, párrafos primero, séptimo y octavo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus propias resoluciones, teniendo entre sus facultades la de expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;
SEGUNDO. En el marco constitucional y legal de su competencia y en ejercicio de esa atribución, el Consejo de la Judicatura Federal, a partir de su creación, ha expedido diversos acuerdos para regular lo relativo a la carrera judicial de los servidores adscritos a los órganos jurisdiccionales, poniendo especial atención en la normativa que regula los procesos de selección de juzgadores, orientada, fundamentalmente, a lograr que estos servidores públicos cuenten con una preparación sólida y con mayores instrumentos para el mejor desarrollo de su actividad jurisdiccional, en beneficio de una óptima impartición de justicia;
TERCERO. Conforme a lo ordenado en los artículos 105, 108, 113, 114, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la designación de los jueces de Distrito y magistrados de Circuito se llevará a cabo mediante la realización de concursos internos de oposición y de oposición libre, estableciendo el procedimiento a seguir para tal efecto, en el que dos órganos colegiados, Comité Técnico y Jurado, conforme a las competencias conferidas a cada uno en esa ley y a la finalidad de los concursos, seleccionan mediante mecanismos transparentes de acreditación de conocimientos y aptitudes, a las personas más preparadas, capaces y experimentadas, atendiendo a los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional;
CUARTO. El concurso tiene como finalidad garantizar que la selección de jueces de Distrito se realice mediante un procedimiento transparente y objetivo en el que prevalezcan los conocimientos jurídicos, la experiencia y preparación en la función de impartición de justicia;
QUINTO. Los exámenes concernientes a las distintas etapas de los concursos internos de oposición que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deben ser elaborados de manera que pueda evaluarse el análisis racional y la aplicación de razonamientos lógico-jurídicos del concursante sobre conocimientos, aspectos y materias propias de la función de un juez de Distrito. Por lo tanto, el cuestionario escrito correspondiente a la primera etapa, debe estar conformado por reactivos estructurados de manera que propicien el raciocinio y análisis sustancial por parte de los concursantes;
SEXTO. De conformidad con los artículos 114, fracciones III y IV, 116 y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los casos prácticos serán seleccionados por un Comité, en tanto que los exámenes orales estarán a cargo de un Jurado, de lo que se colige la existencia de dos figuras relevantes en la realización de los concursos de oposición, correspondiendo entre otras atribuciones, al Comité calificar el caso práctico que selecciona, y al Jurado los exámenes orales que aplica, puesto que así se entiende de una interpretación sistemática de las aludidas fracciones III y IV, que en lo conducente precisan que será el Jurado el que emitirá la calificación del examen oral, lo que implica que quien practique cada etapa del concurso, deberá evaluarla;
SEPTIMO. El establecimiento de reglas claras, acordes al marco constitucional y legal, que permitan una selección objetiva y transparente de quienes aspiran a ocupar el cargo de juez de Distrito, en igualdad de condiciones, ha sido uno de los objetivos perseguidos por el Consejo de la Judicatura Federal, que aunado a la experiencia acumulada en cada uno de los procesos de selección, ha permitido mejorar los mismos y lograr la finalidad anotada en el considerando cuarto.
En consecuencia, con fundamento en los artículos 100, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente:
ACUERDO
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales.
Artículo 1. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por:
I. "Centro de Capacitación": Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
II. "Comisión": Comisión de Carrera Judicial;
III. "Comité Técnico": Comité del concurso a que se refiere el artículo 116 de la Ley;
IV. "Concurso": Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito;
V. "Consejo": Consejo de la Judicatura Federal;
VI. "Constitución": Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VII. "Corte": Suprema Corte de Justicia de la Nación;
VIII. "Instituto": Instituto de la Judicatura Federal;
IX. "Juez": juez de Distrito;
X. "Jurado": Jurado integrado en los términos del artículo 117 de la Ley;
XI. "Juzgado": juzgado de Distrito;
XII. "Ley": Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
XIII. Página web del Instituto": la página web del Instituto de la Judicatura Federal, www.ijf.cjf.gob.mx;
XIV. "Pleno del Consejo": Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;
XV. "Secretaría": Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Organos; y
XVI. "Tribunal Electoral": Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Artículo 2. El perfil del Juez se conforma con los rasgos particulares que lo caracterizan, vinculados con los principios que se mencionan a continuación:
I. Objetividad: Aplicar e interpretar la ley al resolver los conflictos que se presenten y analizar la comprobación de los hechos contrastados por las partes, para despejar cualquier subjetividad que pueda entorpecer la función del juzgador en agravio de la impartición de justicia; que comprende las actitudes y habilidades: escuchar con atención y apertura a sus subalternos, buscar la aplicación exacta de la norma jurídica y evitar el reconocimiento de la decisión o actuación que realice en ejercicio de sus funciones;
II. Imparcialidad: Conducta y disposición abierta del juzgador, prevaleciendo el raciocinio por encima de la apreciación particular de la litis y sometido sólo al imperio de la ley; que comprende las actitudes: no conceder ventajas o privilegios legales a alguna de las partes, rechazar dádivas, evitar hacer o aceptar invitaciones que lo comprometan y no prejuzgar sobre un asunto;
III. Independencia: Seguridad del juzgador respecto de su nombramiento, promoción, retribución y estímulos, los cuales no guardan dependencia en ningún sentido, ni relación de jerarquía alguna con los servidores públicos de alguno de los Poderes de la República; que comprende, por lo tanto, actitudes como rechazar recomendaciones, evitar y, en su caso, denunciar actos que tiendan a vulnerar su independencia y abstenerse de intervenir en la decisión de los demás juzgadores;
IV. Profesionalismo: Capacidad técnica y formativa al elaborar el razonamiento jurídico, que concluye en la resolución sobre las premisas constitutivas de la litis de toda causa jurisdiccional, y actuar considerando siempre la respetabilidad del cargo que se le encomienda; que comprende las habilidades: actualizar los conocimientos relativos a su profesión, estudiar los expedientes y
proyectos, fundar y motivar las resoluciones con rapidez y calidad, aceptar sus errores, guardar secreto profesional, no delegar funciones inherentes al cargo, respetar a los homólogos y subalternos, escuchar con atención, además de tratar amable y respetuosamente a las partes del juicio, administrar con eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo, cumplir el horario, así como respetar el del personal a su cargo; y
V. Excelencia: Aptitud de los juzgadores que aspiran a la perfección en el desempeño de las funciones que se le encomiendan; que comprende los atributos: humanismo, justicia, prudencia, responsabilidad, fortaleza, patriotismo, compromiso social, lealtad, orden, respeto, decoro, laboriosidad, perseverancia, humildad, sencillez, sobriedad y honestidad.
Partiendo de esos principios, se requiere que aquél que vaya a desempeñarse como juez federal, sea alguien justo, atento a la equidad y bien común; que conozca las normas éticas implícitas en la misión de juzgar; con vocación de servicio; con cultura general y que conozca apropiadamente los principios generales del derecho, la jurisprudencia aplicable, la doctrina, los tratados internacionales, las técnicas de argumentación, el razonamiento lógico jurídico, el lenguaje oral y escrito, así como capacidad para tomar decisiones concretas en casos determinados.
Artículo 3. Los requisitos que los aspirantes deben reunir al momento de la inscripción, son:
I. Los que establecen los artículos 108 y 113, párrafo segundo de la Ley;
II. Antigüedad de cuando menos cinco años en la carrera judicial, en una o más de las categorías señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley;
III. Conocimientos en materia jurídica para aplicar e interpretar la ley, con objetividad, profesionalismo e imparcialidad; y
IV. Experiencia y preparación en la función jurisdiccional.
Artículo 4. Serán convocadas a concurso las personas que, a la fecha de su inscripción, desempeñen alguna de las categorías previstas en el artículo 110, fracciones III a IX de la Ley, aun cuando se encuentren de licencia o comisión para ocupar diverso cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, y que reúnan el perfil señalado en el artículo 2 de este Acuerdo; en el entendido de que para permanecer en el concurso, deberán continuar en funciones en cualquiera de esas categorías durante todas las etapas del mismo.
Artículo 5. El concurso será convocado para la designación de jueces de Distrito de competencia mixta o, en su caso, de una especialidad determinada, debiendo señalarse con claridad esta circunstancia en la convocatoria correspondiente.
Artículo 6. Cuando se trate de concurso para juez especializado, en el cuestionario a aplicar en la primera etapa el cincuenta por ciento de las preguntas corresponderá a la materia de la especialización para la que se concursa y el cincuenta restante a las otras materias, en la inteligencia de que la calificación sólo permite el acceso a la siguiente etapa, por lo que no podrá tomarse en cuenta para la calificación final del concurso; respecto al caso práctico, será de la materia de que se trate y podrá versar sobre un juicio de amparo indirecto o un proceso penal federal o juicio civil federal; tratándose del examen oral, el tema a desarrollar deberá centrarse en temas específicos relacionados con la materia a la que corresponda el concurso y los referentesa la función de juez de Distrito.
En los concursos que sean para juez no especializado, el cuestionario deberá comprender todas las materias de la competencia de los juzgados de Distrito; tratándose del caso práctico y del examen oral, se sujetarán a la misma regla.
En ambos tipos de concurso, deberán incorporarse temas relacionados con tratados e instrumentos internacionales vinculados con derechos humanos.
Artículo 7. En cumplimiento de las disposiciones aplicables de la Ley, los concursos internos de oposición constarán de dos etapas que permitan evaluar los conocimientos de los participantes en materia jurídica y su experiencia en la función jurisdiccional, etapas que a continuación se señalan:
Primera etapa.
Solución de un cuestionario escrito.
Esta etapa tiene por objeto seleccionar a los participantes que acrediten contar con los conocimientos jurídicos necesarios para desempeñar el cargo de juez de Distrito.
Para ello, los concursantes resolverán un cuestionario escrito elaborado por un Comité Técnico, integrado por un Consejero de la Judicatura Federal, quien lo presidirá, por un juez de Distrito, y por un miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura, en los términos que establezca el reglamento respectivo.
Se garantizará el anonimato de los participantes de esta etapa, mediante la asignación individual de un código de barras.
El puntaje que se obtenga en la primera etapa solo autoriza, en caso de ser de las consideradas como aprobatorias, a pasar a la segunda, sin asignársele valor alguno para efectos de la calificación final del concurso.
Segunda etapa
Solución de un caso práctico.
Consistente en la elaboración de un proyecto de resolución de un caso práctico que permita apreciar las aptitudes del sustentante, que de manera enunciativa mas no limitativa, consistirán en: la comprensión del problema jurídico a resolver, la claridad en la exposición de la propuesta de solución, la congruencia entre los puntos resolutivos y la parte considerativa, la fundamentación y motivación de las consideraciones que sustenten la propuesta de solución. El caso práctico será el mismo para todos los participantes y en términos del proyecto que elaboren se evaluará su capacidad para analizar y resolver problemas jurídicos como los que podrán enfrentar en el ejercicio del cargo, así como sus conocimientos de la ley, la jurisprudencia y los tratados e instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos.
Realización de un examen oral y público.
Se practicará en el lugar señalado en la convocatoria respectiva por el Jurado designado en términos del artículo 117 de la Ley, integrado por un Consejero de la Judicatura Federal, quien lo presidirá, por un juez de Distrito, y por un miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura, mediante las preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros que deberán estar relacionadas con el caso práctico resuelto por el participante, la legislación nacional, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratados internacionales relacionados con derechos humanos y, en general, con todas aquellas cuestiones vinculadas con la función del juez de Distrito.
Artículo 8. Los parámetros para la evaluación final de los concursantes serán los siguientes: hasta 50 puntos la calificación obtenida en el caso práctico; hasta 40 puntos la que se obtenga en el examen oral; y, hasta 10 puntos los factores del desempeño judicial, cuyo resultado se entregará en la fecha señalada para aplicar el examen oral.
Artículo 9. Durante el desarrollo de cada una de las etapas del concurso, los participantes deberán identificarse con alguno de los siguientes documentos vigentes y en original: credencial para votar con fotografía, credencial del Poder Judicial de la Federación, pasaporte o cédula profesional.
Artículo 10. La celebración de los exámenes que deban realizarse en términos de la Ley, del presente Acuerdo y de la convocatoria respectiva, será en la fecha, hora y domicilio señalados para tal efecto; en consecuencia, no podrá autorizarse que un examen o evaluación se lleve a cabo en lugar distinto, salvo por causa de fuerza mayor a juicio del Pleno del Consejo, o de la Comisión, en su caso.
Artículo 11. Son atribuciones de la Comisión:
I. Revisar y, en su caso, aprobar el temario que el Instituto elabore con la intervención de su Comité Académico, conforme al cual se formulará el cuestionario a que alude el artículo 6 de este Acuerdo, y en el cual se integrarán temas jurídicos relacionados con las materias esenciales para el ejercicio de la función que corresponde al cargo de juez de Distrito, sustantivas y adjetivas, como son, teoría general del proceso, proceso civil federal, proceso penal federal y juicio de amparo indirecto, así como tratados internacionales relacionados con derechos humanos;
II. Proponer al Pleno del Consejo la integración del Comité Técnico y del Jurado, incluyendo sus suplentes, encargados respectivamente de elaborar el cuestionario y calificar el caso práctico, realizar el examen oral y evaluar los factores del desempeño de los participantes, conforme lo establecen los artículos 114, fracción III, 116 y 117 de la Ley;
III. Someter a consideración del Pleno del Consejo, el calendario para la celebración y desarrollo del concurso; aprobado que sea, deberá hacerlo del conocimiento del Instituto, para su instrumentación y, en su momento, de los participantes, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la página web del Consejo, en la del Instituto y en sus extensiones;
IV. Someter a consideración del Pleno del Consejo la convocatoria respectiva;
V. Aprobar los formatos para la evaluación del caso práctico y del examen oral que le propongan el Comité Técnico y el Jurado, respectivamente; y
VI. Establecer los criterios para determinar los factores del desempeño que deben considerarse en cada participante, para su evaluación y calificación.
Artículo 12. Son atribuciones del Comité Técnico integrado conforme a lo previsto en el artículo 116 de la Ley:
I. Integrar el cuestionario de la primera etapa;
II. Seleccionar el o los casos prácticos;
III. Calificar los proyectos de resolución del caso práctico; y
IV. Elaborar los formatos o boletas de evaluación y del dictamen individual para calificar el caso práctico.
Artículo 13. Son atribuciones del Jurado integrado en términos del artículo 117 de la Ley:
I. Seleccionar los temas y subtemas a desarrollar en el examen oral;
II. Aplicar y calificar el examen oral;
III. Evaluar los factores del desempeño; y
IV. Emitir la calificación final.
Artículo 14. Publicada la convocatoria correspondiente y durante el desarrollo del concurso, los participantes deberán abstenerse de realizar trámites, compromisos, entrevistas, acuerdos o gestiones personales ante los integrantes del Pleno del Consejo, del Instituto, del Comité o del Jurado.
CAPITULO SEGUNDO
Convocatoria e Inscripción.
Artículo 15. Los requisitos que deberá contener la convocatoria para el Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces, además de los señalados en la fracción I del artículo 114 de la Ley, y en este Acuerdo, son los siguientes:
I. El número de plazas sujetas a concurso;
II. En su caso, la especialidad de las plazas concursadas;
III. Los requisitos que deberán reunir los aspirantes a la fecha de inscripción conforme a los artículos 108 y 113, párrafo segundo, de la Ley, y los demás señalados en este Acuerdo;
IV. La dirección electrónica donde puedan consultarse los temarios para el cuestionario y examen oral;
V. El lugar (ciudad, calle y número) y las fechas que comprenderán el inicio y el fin del plazo para que el aspirante al concurso presente, por sí o por conducto de un tercero, los documentos que se le solicitan;
VI. Los documentos que deberá acompañar el aspirante al momento de la presentación de la solicitud de inscripción, son:
a) Formato de solicitud de inscripción con firma autógrafa, en el que informe los antecedentes laborales y académicos, formato que se pondrá a disposición de los interesados en la página web del Consejo y en la del Instituto: www.ijf.cjf.gob.mx;
b) Escrito en el que manifieste el domicilio donde pueda ser localizado o notificado, así como su correo electrónico personal;
c) Escrito en el que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si es ciudadano mexicano por nacimiento, si cuenta únicamente con nacionalidad mexicana, si se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos, y si no ha sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año; y
d) Constancia expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral, en la cual se manifieste si en el expediente personal obran en copia certificada los siguientes documentos: el acta de nacimiento, el título y la cédula profesional, así como las constancias de quejas o denuncias administrativas formuladas en su contra y el resultado de esos procedimientos, las constancias de antigüedad y de las categorías de la carrera judicial desempeñadas en el Poder Judicial de la Federación y, en su caso, la relación detallada de los estudios realizados relacionados exclusivamente con el ámbito jurídico y las constancias que acrediten dichos estudios.
En caso de que en la constancia expedida por la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral se manifieste que en el expediente personal del participante no obra copia certificada del acta de nacimiento, el título o cédula profesional, aquél deberá exhibir y entregar el documento original o en copia certificada ante el Instituto de la Judicatura Federal antes de que expire el plazo de inscripción.
Asimismo, en el momento de la inscripción el participante podrá acompañar las constancias de los estudios en el ámbito jurídico que hubiere realizado con anterioridad a la fecha de su inscripción y que de acuerdo a la certificación que expida la Dirección General de Recursos Humanos correspondiente, no obren en su expediente personal.
El participante cuyo nombramiento concluya durante el periodo de inscripción o en el proceso del concurso, deberá presentar original o copia certificada del documento que acredite la prórroga del nombramiento, signado por el titular del órgano jurisdiccional al que se encuentre adscrito o del nuevo nombramiento, de existir cambio de adscripción.
No se admitirá la presentación de solicitudes o documentos enviados por conducto de empresas de mensajería privada.
VII. El señalamiento de que corresponderá al Instituto verificar que las solicitudes contengan todos los datos necesarios y que estén acompañadas de los documentos requeridos en los incisos a) al d) de la fracción anterior, sin los cuales, las solicitudes serán rechazadas;
VIII. La mención de que la lista de las personas que cumplan con los requisitos para presentarse a la primera etapa del concurso, será publicada, una sola vez, para efectos de notificación, en el Diario Oficial de la Federación y, para mayor difusión, en el diario de circulación nacional que hubiese servido de medio de publicación de la convocatoria, así como en la página web del Instituto;
IX. La inserción íntegra de los artículos 14 y 58 de este Acuerdo; y
X. La mención de que la lista de los aspirantes que resulten seleccionados en la solución del cuestionario a que se refiere el artículo 7 de este Acuerdo, será publicada con el fin de que se puedan recibir observaciones u objeciones, en los términos del numeral 26 de este mismo Acuerdo.
Artículo 16. Cerrado el plazo para la inscripción y verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos, el Instituto elaborará un proyecto de la lista de los aspirantes que deban ser aceptados para participar en el concurso.
El Instituto enviará esa lista a la Comisión, para su conocimiento y análisis, la que a su vez la remitirá al Pleno del Consejo para su aprobación y publicación.
Artículo 17. De todos los aspirantes inscritos al concurso el Instituto, de oficio, integrará un expediente con los documentos y constancias presentadas al momento de la inscripción, señaladas en este Acuerdo, las cuales deberán estar selladas, rubricadas y foliadas.
De las personas inscritas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente Acuerdo, el Instituto remitirá inmediatamente a la Comisión los expedientes integrados.
El Consejo tendrá la facultad de verificar, en todo momento, la información que los aspirantes le hubieren proporcionado.
Artículo 18. La Comisión remitirá a la Secretaría Ejecutiva los expedientes a que se refiere el artículo anterior, y la instruirá para que concentre los datos y elementos necesarios que integran los factores del desempeño judicial, a fin de que el Jurado, en su momento, lleve a cabo la evaluación correspondiente; de ser el caso, se solicitará a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral, según corresponda, el envío del expediente personal de cada participante inscrito.
Reunidos los documentos necesarios que integren los factores del desempeño judicial de cada participante, la Secretaría Ejecutiva los remitirá a la Comisión para que ésta, a su vez, los entregue oportunamente al Jurado.
La copia del concentrado de los datos y elementos que integran los factores del desempeño judicial, será entregada a los participantes en la fecha señalada para realizar el caso práctico. A partir del día siguiente al en que reciban el concentrado de datos referido, los participantes contarán con un plazo de cinco días hábiles para hacer alguna aclaración ante el presidente del Jurado, mediante escrito presentado por conducto de la Secretaría Ejecutiva; en el entendido de que, para que proceda alguna modificación, únicamente se tomarán en cuenta aquellas constancias que, a más tardar a la fecha de publicación de la convocatoria respectiva en el Diario Oficial de la Federación, se encuentren agregadas al expediente personal de la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo, de la Corte o del Tribunal Electoral, o que se hubieren aportado al momento de su inscripción, en términos de lo que se establece en el artículo 15 de este Acuerdo.
El resultado de la solicitud de aclaración determinado y aprobado por el Jurado, se hará del conocimiento del interesado, por conducto de la propia Secretaría Ejecutiva.
CAPITULO TERCERO
Etapas de los Concursos en lo Particular
Primera Etapa.
Solución de un cuestionario escrito.
Artículo 19. La elaboración del cuestionario escrito se sujetará a los lineamientos básicos siguientes:
I. De acuerdo con el temario aprobado por la Comisión, el Comité Técnico realizará una selección de planteamientos relacionados con los problemas jurídicos abordados en la legislación federal vigente aplicable al juicio de amparo y a los procesos federales civil y penal, así como con las tesis de jurisprudencia de la Corte, funcionando en Pleno o Salas, y los tratados e instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos vigentes a la fecha de publicación de la convocatoria.
II. Los reactivos o preguntas, que se mantendrán en sigilo bajo la más estricta responsabilidad del Instituto, deberán elaborarse de manera clara, breve y de tal forma que la respuesta implique la aplicación de un criterio jurídico, prescindiendo de cualquier planteamiento cuya solución se base, esencialmente, en la memorización de textos legales.
III. Integrarse el cuestionario en el formato denominado de "opción múltiple", con cuando menos cien reactivos o preguntas.
El Comité Técnico, como encargado de elaborar el cuestionario, vigilará el cumplimiento de los lineamientos detallados en el presente artículo.
Artículo 20. Los participantes dispondrán de hasta tres horas para responder el cuestionario correspondiente, precisándose el tiempo máximo en la convocatoria respectiva. El Comité Técnico propondrá a la Comisión el lapso que estime pertinente para dar contestación al cuestionario por él elaborado.
Artículo 21. El día y hora señalados en la convocatoria respectiva, los participantes admitidos al concurso se presentarán en la sede del Instituto para la solución del cuestionario escrito.
No podrá permitirse la participación de quienes comparezcan después de la hora señalada. La hora de inicio del examen podrá ser modificada únicamente por causa de fuerza mayor, a juicio del Director General del Instituto, de quien se encuentre facultado para actuar en su nombre y representación o, en su caso, del servidor público autorizado legalmente para suplirlo en su ausencia.
Artículo 22. En la fecha y lugar señalados para resolver el cuestionario, después de registrarse e identificarse los participantes y una vez instalados, el Comité Técnico lo integrará seleccionando de manera aleatoria cuando menos cien reactivos o preguntas que lo conformarán, acatando lo que al respecto dispone el artículo 6 de este Acuerdo. De esta actuación se levantará acta debidamente circunstanciada.
Artículo 23. La solución del cuestionario escrito se sujetará a las reglas siguientes:
Al inicio del examen se entregará a cada participante, al momento de su registro, un talón que contenga un código de barras, con un espacio en el que el sustentante deberá asentar su nombre completo. El sobre conteniendo el talón será depositado por cada uno de los participantes en una urna transparente, la cual deberá ser debidamente cerrada y sellada por personal del Instituto, quedando bajo resguardo de su Director General.
El código de barras será la única identificación que debe aparecer en la hoja de respuestas, que serán calificadas en una escala de 0 a 100 puntos.
Para guardar la transparencia del concurso, el Instituto, al momento de recibir de cada participante la hoja de respuestas al cuestionario, obtendrá a través de un lector óptico la calificación correspondiente, que se dará a conocer en ese instante, mediante el número del código de barras, a todos los aspirantes y a quienes se encuentren presentes, a través de pantallas o pizarrones electrónicos colocados en el lugar en que se realice el examen.
En aras de la confiabilidad, la calificación obtenida a través de la revisión efectuada por medios electrónicos no podrá ser modificada ni variarse bajo ninguna circunstancia; tampoco podrá ser objeto de revisión, ni sujetarse a procedimiento de verificación alguno al interior del Instituto de la Judicatura Federal, por lo que la calificación que se obtenga en forma inmediata a través de este sistema, es la que aparecerá en las pantallas electrónicas destinadas para tal efecto, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y conforme a la cual se determinará quienes pasan a la segunda etapa.
Artículo 24. El instituto consignará en una lista las calificaciones obtenidas por los participantes en la solución del cuestionario escrito aplicado en la primera etapa, la que hará del conocimiento de la Comisión para que ésta, a su vez, la someta a consideración del Pleno del Consejo para su aprobación.
Conforme a lo establecido en la fracción II, párrafo segundo, del artículo 114 de la Ley, pasarán a la segunda etapa, en sus dos fases, quienes hayan obtenido las más altas calificaciones, asegurando que el número de los seleccionados sea mayor al de las plazas vacantes.
En la convocatoria respectiva se establecerán los parámetros para definir las más altas calificaciones y el mínimo aprobatorio para esta etapa, así como lo relativo a los criterios de acción afirmativa en caso de empate.
Artículo 25. La lista con los nombres de los participantes que pasan a la etapa de oposición se publicará, por una sola vez, en el Diario Oficial de la Federación; tendrá efectos de notificación para todos los concursantes y, sólo para su mayor difusión, se publicará también en la página web y en los estrados de la sede central del Instituto, en los de cada una de sus extensiones, y en el diario de circulación nacional en el que se publique la convocatoria.
El participante que no esté incluido en la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación, quedará notificado desde ese momento, de que fue eliminado del concurso.
Artículo 26. En la lista de los concursantes que hayan pasado a la segunda etapa, se deberá señalar que su publicación en el Diario Oficial de la Federación tiene el efecto de que cualquier persona, dentro de los cinco días siguientes, puede presentar ante el Instituto, por escrito y de manera respetuosa, las observaciones u objeciones respecto de alguno o algunos de los participantes incluidos en la lista, debiendo acompañar, en su caso, los documentos que sustenten o corroboren sus afirmaciones.
De los escritos de observaciones u objeciones, que se tratarán de manera confidencial, se dará cuenta a la Comisión, la que los someterá a consideración del Pleno del Consejo, a fin de que determine lo conducente.
Segunda Etapa.
Caso práctico.
Artículo 27. Esta etapa consistirá en la redacción de un proyecto de resolución de un caso real de los tramitados en juzgados de Distrito, acatando lo que al respecto dispone el artículo 6 de este Acuerdo, y asignándose el mismo caso a todos los concursantes.
Artículo 28. La selección del o de los casos prácticos, se hará conforme a los siguientes lineamientos:
I. La Comisión solicitará a los jueces de Distrito que envíen al Instituto copia certificada de un expediente debidamente integrado, relacionado con un problema jurídico relevante, con independencia de que haya sido resuelto o no a la fecha de envío;
II. El Instituto deberá clasificar por materia los expedientes que reciba, es decir, penal, civil, administrativa o laboral, o referido a la técnica del juicio de amparo, conforme a lo que establece, en lo conducente, el artículo 6 de este Acuerdo;
III. El Comité Técnico del concurso deberá:
a) Realizar un análisis y revisión de los expedientes que le proporcione el Instituto y que fueron previamente clasificados;
b) Seleccionar el o los expedientes para el caso práctico, considerando la especialización de las plazas o vacantes concursadas cuando de ello se trate, y de no ser así, deberá considerar todas las materias de la competencia de un juzgado de Distrito sin especialización; además, establecerá el material de consulta requerido por los participantes para la realización del proyecto de resolución; y
c) Los expedientes que no fueren seleccionados, serán devueltos al Instituto, que podrá conservarlos para fines académicos.
IV. Con la finalidad de preservar la secrecía y confidencialidad del concurso, una vez seleccionados los expedientes, el Comité Técnico supervisará el fotocopiado de las constancias y actuaciones indispensables para la resolución del caso práctico, como podrían ser: demanda, informes justificados y, en caso de existir, el documento que contenga el acto reclamado, y los que correspondan de acuerdo al asunto de que se trate.
Artículo 29. En la fecha de sustentación del caso práctico, el Instituto entregará a cada participante las constancias del expediente seleccionado por el Comité Técnico, así como un sobre con un talón con código de barras y un espacio en el que el sustentante deberá asentar su nombre completo, además de un disquete, las hojas del examen y el número de etiquetas necesarias para identificar a cada una de éstos, con el mismo código de barras del talón de identificación. El sobre conteniendo el talón será depositado por cada uno de los participantes en una urna transparente, la cual deberá ser debidamente cerrada y sellada por personal del Instituto, quedando bajo resguardo de su Director General.
Una vez que el sustentante concluya la elaboración del proyecto de sentencia del caso práctico, deberá adherir una de las etiquetas en el disquete en el que habrá guardado su proyecto. Las demás etiquetas correspondientes a cada una de las hojas del proyecto del participante, serán adheridas por éste y el personal del Instituto al llevar a cabo la impresión correspondiente en el momento de la entrega.
El Instituto remitirá a los integrantes del Comité Técnico designado, en forma estrictamente confidencial, copia de los proyectos de resolución elaborados por los participantes, conservando los originales bajo su más estricta responsabilidad.
Artículo 30. El proyecto de solución del caso práctico se elaborará conforme a las siguientes reglas:
I. No podrá asentarse en ninguna de sus partes, ni en el documento que contenga el caso práctico, el nombre del concursante, firma o rúbrica, ni ningún otro dato o seña que lo identifique;
II. El Instituto se encargará de prestar las facilidades materiales y de consulta para el examen, destinará una mesa con espacio suficiente para que el concursante, pueda desplegar el material de consulta y el uso de la computadora que se le asigne; asimismo, debe tener acceso electrónico e impreso a Leyes, códigos y jurisprudencias;
III. El aspirante podrá llevar consigo las Leyes y códigos, no comentados, que considere necesarios;
IV. Se proporcionará al concursante que lo solicite, el auxilio de personal de apoyo mecanográfico;
V. Se otorgará a los aspirantes un máximo de ocho horas para su elaboración; y
VI. En el proyecto de resolución, el aspirante debe realizar las consideraciones relativas a la solución del caso práctico asignado, mediante las argumentaciones que considere pertinentes, incluyendo las transcripciones necesarias y las tesis que estime aplicables. Deberá además desarrollar el considerando de estudio del caso planteado y señalar los puntos resolutivos concretos que proponga.
Artículo 31. El Comité Técnico elaborará los formatos o boletas de evaluación y del dictamen individual para calificar el caso práctico, atendiendo para ello a las características técnicas señaladas en el artículo 33 de este Acuerdo, los cuales someterá a consideración de la Comisión para su aprobación.
La Comisión proporcionará a cada uno de los integrantes del Comité Técnico los formatos y dictamen
aprobados, que deberán contener sólo el código de barras del participante.
Artículo 32. La calificación del caso práctico estará a cargo del Comité Técnico, cuyos integrantes la determinarán en forma personalísima, asentando en el dictamen correspondiente las razones y motivos de la calificación que en lo particular asignen a cada concursante, y en el acta que al efecto levanten asentarán la calificación final que será el promedio de las evaluaciones que cada uno de sus miembros asignó al participante.
La puntuación del caso práctico deberá asignarse dentro de una escala de 0 a 100 puntos.
La calificación del caso práctico podrá alcanzar como máximo 50 puntos de la calificación final.
Artículo 33. Para asignar la puntuación del caso práctico, el Comité Técnico tomará en consideración, entre otros, los siguientes aspectos: la comprensión, de los problemas jurídicos a resolver; la claridad e ilación en la exposición de la propuesta de solución; la congruencia entre los puntos resolutivos y la parte considerativa; la fundamentación y motivación de las consideraciones que sustenten la propuesta de solución, derivadas de la interpretación y aplicación del marco jurídico que guarde relación con los problemas planteados; y, el conocimiento, cita y comprensión de tesis jurisprudenciales y aisladas que puedan ser aplicables a los problemas jurídicos cuyo estudio se aborde.
Artículo 34. El Comité Técnico deberá evaluar los proyectos de resolución formulados por los participantes, en los términos siguientes:
I. Cada uno de sus integrantes evaluará en lo particular y en forma personalísima los proyectos de los concursantes, asentando en el formato de evaluación la puntuación que asignen al proyecto de resolución atendiendo a los elementos establecidos en el artículo 33 de este Acuerdo, teniendo como límite la puntuación máxima establecida en el diverso numeral 32, y en el formato de dictamen asentarán la calificación que asignen en lo individual a cada participante;
II. Una vez asignadas las calificaciones de manera individual, el Comité Técnico determinará la calificación definitiva que será la que resulte de promediar las que individualmente otorgaron cada uno de sus miembros al caso práctico.
La calificación así obtenida se hará constar en el formato de evaluación.
Artículo 35. De esa sesión se levantará acta circunstanciada en forma de lista, la que contendrá la calificación definitiva otorgada a cada uno de los proyectos de resolución formulados por los participantes, debiendo firmarla los integrantes del Comité Técnico; a dicha acta adjuntarán las calificaciones individuales asentadas en el formato de evaluación y los dictámenes correspondientes.
El acta y sus anexos serán depositados en sobre cerrado, sellado y firmado por los miembros del Comité Técnico, para ser remitido para su resguardo al Presidente de la Comisión. En ningún caso los integrantes del Comité Técnico podrán solicitar se les proporcione información respecto de la identidad de los concursantes y su vinculación con alguno de los proyectos de resolución calificados.
Examen oral
Artículo 36. En la fecha señalada en la convocatoria respectiva para realizar el examen oral, los participantes deberán presentarse en el lugar y hora indicados en la propia convocatoria e identificarse en los términos señalados en el artículo 9 de este Acuerdo.
Artículo 37. El Jurado podrá, a su juicio, modificar la hora, fecha y lugar designados, previa comunicación, que realice a cada participante, cuando menos con tres días de anticipación.
Artículo 38. El examen oral se celebrará conforme lo dispone la fracción III del artículo 114 de la Ley, ante un Jurado integrado ex profeso para tal efecto, en los términos de los numerales 117 de ese mismo ordenamiento y 7, último párrafo, de este Acuerdo.
Artículo 39. El examen será público y se practicará por el Jurado designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en presencia de los tres integrantes. Se desarrollará mediante la exposición que haga el concursante de un tema jurídico relacionado con el temario a que se refiere la fracción I del artículo 11 de este Acuerdo y, en su caso, con la materia que el participante haya seleccionado cuando se trate de concursos para la designación de jueces especializados.
El tema a desarrollar se asignará al participante aleatoriamente, quien al concluir su exposición, responderá a las preguntas que realicen los integrantes del Jurado con relación al tema, y/o referentes a la función de juez de Distrito.
Todo examen oral será video grabado para efectos de que haya constancia de los términos en que se realizó.
Artículo 40. A los integrantes del Jurado les serán aplicables los impedimentos establecidos en el artículo 146 de la Ley, los cuales serán calificados por sus propios integrantes, asentándolo en el acta correspondiente al examen oral. De ser fundado el impedimento planteado, el suplente entrará en funciones; de no encontrarse presente, podrá diferirse el examen oral en que se haya producido el impedimento.
Artículo 41. El Jurado realizará el examen oral con base en las tarjetas que contengan temas jurídicos específicos relacionados con el temario o con toda clase de cuestiones relativas a la función de juez de Distrito. Estas tarjetas estarán numeradas progresivamente, de manera que cada una de ellas se refiera a un tema concreto y subtemas a exponer, debidamente pormenorizados.
Con base en lo dispuesto en el artículo 44 de este Acuerdo, el Instituto elaborará la boleta individual de evaluación del examen oral, que someterá a consideración de la Comisión para su aprobación.
Artículo 42. El examen oral se realizará conforme a lo siguiente:
I. Los participantes se presentarán en el lugar, fecha y hora indicada en el calendario, y se identificarán para que comparezcan ante el Jurado a realizar el examen oral;
II. Los integrantes del Jurado recibirán a cada participante, en estricto orden alfabético conforme a su primer apellido, preguntándole el presidente su nombre completo;
III. El sustentante obtendrá por insaculación el tema que debe exponer;
IV. Durante 15 minutos como máximo, expondrá el tema y subtemas que le correspondan; y
V. En la etapa de preguntas y respuestas, cada integrante del Jurado formulará al sustentante la pregunta o las preguntas que considere necesarias, relacionadas con el tema desarrollado y/o referentes a la función de juez de Distrito.
Cada uno de los integrantes del Jurado formulará las preguntas que considere necesarias, con independencia del turno de cada uno y de quien de ellos esté preguntando.
En concursos convocados para cubrir plazas de jueces no especializados, el tema a desarrollar deberá referirse a cualquiera de las materias de la competencia de los juzgados de Distrito; si se hubiese convocado en una especialización, el Jurado deberá centrarse en temas específicos relacionados con la materia a la que corresponde el concurso, así como referentes a la función de juez de Distrito.
Artículo 43. Al finalizar el examen oral, los integrantes del Jurado procederán a deliberar y realizarán la evaluación correspondiente, en la que tomen en cuenta el desarrollo del tema, la congruencia en la argumentación, el acierto en las respuestas y el grado de dificultad del tema motivo de la disertación e interpelaciones.
Artículo 44. Cada integrante del Jurado asentará en la boleta de evaluación del examen oral de cada participante la calificación que le asignen, exponiendo brevemente las razones y motivos que tomaron en cuenta para otorgarle tal calificación.
Una vez que el Jurado otorgue la calificación del examen oral, entregará al participante una boleta que contendrá la puntuación respectiva, con la firma autógrafa del presidente del Jurado.
Artículo 45. Al concluir la celebración de los exámenes orales, los integrantes del Jurado levantarán acta circunstanciada en forma de lista, en la que harán constar la calificación asignada a cada participante en el examen oral, la cual se obtendrá del promedio de la calificación otorgada por cada miembro del Jurado.
La calificación del examen oral se otorgará en una escala de 0 a 100 puntos, y tendrá un valor máximo de 40 puntos de la calificación final.
A dicha acta se adjuntarán las boletas individuales de evaluación.
De los Factores del desempeño Judicial.
Artículo 46. El Jurado evaluará respecto de cada participante los factores del desempeño judicial a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley, en términos de este Acuerdo General,
consistentes en la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; los cargos desempeñados en las distintas categorías de la carrera judicial señaladas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la propia Ley; el grado académico; y, los cursos de actualización y especialización exclusivamente en el ámbito jurídico.
Artículo 47. La evaluación de los factores del desempeño judicial, conforme a los parámetros que más adelante se precisarán, se medirá en una escala de 0 a 100 puntos, y podrá alcanzar como máximo 10 puntos de la calificación final.
Artículo 48. La evaluación de los factores del desempeño judicial se hará conforme a los siguientes parámetros:
I. La antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, dos puntos por cada año de servicio, sin exceder el máximo de 25.
II. La carrera judicial será valorada por cada año de servicio en las categorías establecidas en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley, conforme a lo siguiente:
Actuario
1 punto
Secretario de juzgado
3 puntos
Secretario de Tribunal de Circuito o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral; Subsecretario de Acuerdos de Sala de la Corte; Secretario de Acuerdos de Sala de la Corte.
4 puntos
Secretario de Estudio y Cuenta en cualquier modalidad, e Instructores de la Sala Superior del Tribunal Electoral; Subsecretario General de Acuerdos de la Corte o de la Sala Superior del Tribunal Electoral; Secretario General de Acuerdos de la Corte o de la Sala Superior del Tribunal Electoral
5 puntos
Para efecto de las fracciones I y II, los meses y días que acredite un participante se valorarán en forma íntegra y proporcional a la puntuación que corresponda al año de servicio, o mes, según se trate. Los años calendario se considerarán en términos del artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
La puntuación será acumulativa y no podrá exceder de 35 puntos.
III. El grado académico, se valorará conforme a lo siguiente:
Doctorado con cédula o acta de examen aprobatoria
5 puntos
Maestría con cédula o acta de examen aprobatoria
4 puntos
Especialidad con cédula
3 puntos
La puntuación anterior será acumulativa y no podrá exceder de 20 puntos.
IV. Para evaluar la actualización y la capacitación de cada participante, se entenderá por curso la actividad académica sistematizada que tiene como objetivo adquirir o actualizar los conocimientos y habilidades en torno a un tema, durante un periodo de tiempo predeterminado y a través de diversas estrategias pedagógicas desarrolladas por algún docente, catedrático o experto, o varios de ellos. En términos de la Ley, deberán considerarse los cursos impartidos por el Instituto, la Corte o el Centro de Capacitación, y los acreditados en diversa institución educativa con reconocimiento oficial. Los estudios realizados en el extranjero se reconocerán siempre y cuando hayan sido revalidados ante las instancias correspondientes o promovidos por el propio Consejo.
La evaluación referida, se realizará en la forma siguiente:
Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito impartida por el Instituto
5 puntos
Curso de certificación, de Especialización Judicial, Básico de Formación y Preparación de Secretarios del Poder Judicial de la Federación, así como la Especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito, o cursos equiparables en el Centro de Capacitación
4 puntos
Cursos de preparación y capacitación en las distintas categorías de la carrera judicial impartidos por el Instituto
2 puntos
Cursos de actualización o capacitación impartidos por el Instituto
1 punto

Cursos de actualización o capacitación impartidos por diversa institución educativa
5 décimas de punto
La puntuación anterior será acumulativa y no podrá exceder de 20 puntos.
Artículo 49. Al total de la evaluación que resulte del artículo anterior, se descontarán puntos cuando se advierta la existencia de procedimientos disciplinarios resueltos desfavorablemente, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de inscripción, de la siguiente manera:
Apercibimiento privado
menos 1 punto
Apercibimiento público
menos 2 puntos
Amonestación privada
menos 3 puntos
Amonestación pública
menos 4 puntos
Suspensión de 3 días
a 6 meses
menos 6 puntos
Suspensión de 6 meses, 1 día a 1 año
menos 8 puntos
Artículo 50. El Jurado, en la fecha señalada para llevar a cabo el examen oral, entregará a cada participante el acta de evaluación de sus factores del desempeño, la cual debe contener la firma autógrafa de sus integrantes.
Artículo 51. Una vez concluida la realización del examen oral a todos los concursantes, el Jurado procederá a levantar acta circunstanciada en forma de lista, en la que asentará las puntuaciones y calificación de los participantes, a la cual acompañará el acta de evaluación de los factores del desempeño judicial de cada uno, así como copia de las boletas individuales de evaluación del examen oral y el disco que contenga la videograbación de la realización de éste. El acta respectiva y sus anexos se remitirán al Instituto.
Artículo 52. A continuación, requerirán del Presidente de la Comisión el envío del sobre cerrado a que se refiere el artículo 35, párrafo segundo de este Acuerdo, que contiene las calificaciones obtenidas en los casos prácticos, y determinará la calificación final obtenida en el concurso por los participantes, que resultará de la suma que corresponda de los puntos obtenidos en la etapa de oposición, a saber, caso práctico y examen oral, así como de la puntuación de la evaluación de los factores del desempeño judicial a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114 de la Ley.
La calificación final del concurso se expresará en puntos, dentro de una escala de 0 a 100.
Cuando el número de aspirantes con calificación final de ochenta puntos o más rebase el número de plazas sujetas a concurso, el propio Jurado, con fundamento en el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley, considerará, para efectos de desempate, la antigüedad de cada participante en cada una de las categorías que integran la carrera judicial.
En el supuesto de que subsista el empate, el Jurado para desempatar procederá de la forma siguiente:
I. En primer lugar, tomará en cuenta la más alta calificación de las evaluaciones que hayan obtenido los aspirantes en la etapa de oposición (promedio del caso práctico y del examen oral);
II. En segundo lugar, atenderá a la máxima puntuación de dos de los elementos que integran los factores del desempeño judicial, en el siguiente orden de prelación: carrera judicial y, de ser el caso, la antigüedad en el Poder Judicial de la Federación; y
III. En tercer lugar, aplicará acciones afirmativas en materia de equidad.
La calificación final se obtendrá sumando la asignada a cada concursante en cada una de las etapas, en los porcentajes a que se refiere el artículo 8 de este Acuerdo.
Los concursantes que no alcancen la calificación mínima de ochenta puntos o más, no podrán ser designados en el cargo de juez de Distrito. Si no se alcanza a cubrir el número de plazas sujetas a concurso, se hará sólo la designación de las que correspondan, conforme al número de vencedores que hayan obtenido la calificación mínima requerida.
Artículo 53. Elaborada la lista de la calificación final del concurso obtenida por los participantes, el Jurado
la remitirá al Instituto junto con los documentos anexos, dictámenes, formatos de evaluación y actas correspondientes.
Artículo 54. El Instituto concentrará las calificaciones finales y elaborará una lista en orden descendente de los participantes, a la que acompañará el original de los anexos correspondientes y la remitirá a la Comisión de Carrera Judicial.
CAPITULO CUARTO
Designación de los Jueces.
Artículo 55. Recibida en la Comisión la lista de vencedores en el concurso y la calificación final que hubieren alcanzado, tomará conocimiento y la enviará al Pleno del Consejo para su análisis y aprobación en su caso, a fin de que en la sesión correspondiente realice la declaración formal de quienes hayan resultado vencedores para ocupar el cargo de juez de Distrito.
La lista definitiva del concurso se publicará, con efectos de notificación a los interesados, en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los estrados de la sede central del Instituto, en sus extensiones y en su página web, así como en el periódico de circulación nacional en el que se haya publicado la convocatoria.
El Instituto enviará por correo certificado y únicamente para conocimiento de los interesados, un documento en el que conste la puntuación y calificación final obtenida en el concurso y la determinación de si resultó o no vencedor.
Artículo 56. Publicada la lista definitiva, el Consejo organizará y citará a los recién designados Jueces de Distrito para que participen en cursos informativos, impartidos por los funcionarios que se considere pertinente, autorizados por el Pleno del Consejo, con el fin de que aquéllos puedan plantear sus dudas sobre aspectos relacionados con el funcionamiento de un juzgado; se les proporcione la normatividad administrativa aplicable; y, se les oriente sobre trámites administrativos y solicitudes que habrán de dirigir al Consejo.
Artículo 57. A los declarados vencedores en el concurso se les expedirá el nombramiento de juez de Distrito, e iniciarán funciones a partir de la fecha en que el Pleno determine que surte efectos la adscripción que se les asigne, previa la protesta constitucional.
CAPITULO QUINTO
Normas Complementarias.
Artículo 58. Son causas de descalificación del aspirante:
I. No alcanzar la calificación suficiente para ser seleccionado en los términos del artículo 114 de la Ley;
II. Infringir lo dispuesto por el artículo 14 de este Acuerdo;
III. La omisión de datos e información necesaria o la falsedad de cualquiera de las manifestaciones que realice bajo protesta de decir verdad o de cualquier otro documento que se presente con motivo del concurso;
IV. No presentarse el día, lugar y hora señalados para la realización de los exámenes que integran las diversas etapas del concurso;
V. La separación por sanción de cualquiera de los cargos de carrera judicial señalados en las fracciones III a IX del artículo 110 de la Ley, sin importar la etapa en que se encuentre el concurso;
VI. La impresión en los documentos relativos al cuestionario y caso práctico, mediante escritura, dibujo o adherencia, de cualquier seña, figura, signo o nombre que pueda servir para identificar al sustentante; y
VII. La actualización de lo previsto en el artículo 4 de este acuerdo.
El surgimiento de alguna de las causas señaladas en este mismo artículo, traerá como consecuencia la descalificación del aspirante, cualquiera que sea la etapa del concurso en que se dé. Para resolver sobre la descalificación de un concursante por la actualización de una causa, con excepción de la contenida en la
fracción I de este artículo que operará de pleno derecho, la Comisión emitirá un dictamen fundado y motivado que elevará al Pleno del Consejo, para su aprobación. Si se considera procedente la descalificación, se notificará personalmente dicha resolución al afectado.
La descalificación se decretará sin perjuicio del inicio de los procedimientos de responsabilidad y otros que, en su caso, procedan.
Artículo 59. Las circunstancias no previstas en la Ley, en este Acuerdo o en la convocatoria respectiva, serán resueltas por el Pleno del Consejo, la Comisión, el Comité Técnico o el Jurado, en el ámbito de sus específicas competencias.
El Pleno del Consejo o, en su caso, la Comisión, podrán modificar la convocatoria respectiva aun cuando ya se haya publicado, sólo si existe motivo o causa fundada para ello, o cuando acontezcan situaciones extraordinarias que lo justifiquen.
CAPITULO SEXTO
De la Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito.
Artículo 60. La Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, en adelante, la Especialidad, constituye un curso de preparación que será impartido por el Instituto de la Judicatura Federal conforme a las bases establecidas en el presente acuerdo y, en su caso, por la Comisión de Carrera Judicial, y tiene como objetivo esencial dotar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación de una mejor preparación, tanto para la participación en los concursos de oposición para acceder al cargo de juez de Distrito, como para el desempeño, en general, de la función jurisdiccional, lo que conlleva a impulsar y favorecer el desarrollo de la carrera judicial.
Artículo 61. El Instituto elaborará la convocatoria respectiva para la inscripción y participación en la Especialidad, la cual someterá a consideración de la Comisión de Carrera Judicial y ésta, a su vez, la remitirá al Pleno para su aprobación, en su caso.
En dicha convocatoria se señalará el periodo para la inscripción a la Especialidad, la fecha límite, el periodo de duración, el lugar de recepción de solicitudes y aquél donde se impartirá, así como el horario y demás particularidades.
Una vez aprobada la convocatoria por el Pleno, ordenará su publicación en la página web del instituto, en sus extensiones, en su página central, así como en el portal internet del Consejo.
Quienes soliciten su inscripción a la Especialidad, deberán contar con la autorización de su titular para que, en el supuesto de ser admitidos, les otorguen la licencia correspondiente.
Artículo 62. La inscripción y participación en la Especialidad, será opcional para los servidores judiciales interesados en acceder al cargo de juez de Distrito.
Las personas que cursen la Especialidad, al concluirla, serán evaluadas mediante la solución de un cuestionario escrito que verse sobre las materias y función correspondiente al cargo de juez de Distrito.
Artículo 63. La acreditación de la Especialidad tendrá en todo momento para quienes la hayan cursado, efectos sólo de preparación y actualización judicial.
Artículo 64. La Especialidad tendrá la duración que la Comisión determine y se impartirá en el horario que el Instituto fije, aprobado por la Comisión, en las instalaciones del propio Instituto o, en su caso, en el lugar que éste o la Comisión designe.
Podrán inscribirse los servidores judiciales que cumplan los requisitos para ser juez de Distrito, establecidos en los artículos 108 y 113, párrafo segundo de la Ley, y que a ese momento, como durante el desarrollo de la Especialidad, desempeñen alguna de las categorías previstas en el artículo 110, fracciones III a IX de la Ley, aun cuando se encuentren de licencia o comisión para ocupar diverso cargo dentro del Poder Judicial de la Federación.
El cupo máximo de la Especialidad será el número de servidores judiciales que determine la Comisión o, en su caso, el Instituto, atendiendo, fundamentalmente, a las necesidades del servicio, debiendo encontrarse en activo a la fecha de inscripción.
En caso de que el número de solicitantes sea mayor al cupo máximo, deberán sustentar un examen
escrito de conocimientos a efecto de que, quienes obtengan las más altas calificaciones, sean admitidos para participar en la citada especialidad.
La Comisión de Carrera Judicial autorizará la inscripción de quienes sean admitidos y lo hará del conocimiento, según corresponda, de los presidentes de la Corte o del Tribunal Electoral, del magistrado a cuya ponencia se encuentre adscrito el servidor público y del titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, así como del Director General de Recursos Humanos respectivo, para efectos de su competencia.
Artículo 65. La lista de los nombres de los aspirantes admitidos a la Especialidad se publicará en la página web del Instituto, en los estrados de la sede central y en cada una de las extensiones, así como en el portal Internet del Consejo. La publicación en la página web del Instituto tendrá efectos de notificación para todos los participantes.
Artículo 66. A los servidores judiciales que sean admitidos para participar en la Especialidad, se les otorgará, en su caso, licencia con goce de sueldo en su base o cargo, por el término de duración del curso y seguirán percibiendo durante la impartición de éste, el sueldo y prestaciones que correspondan a su nombramiento.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho del titular de designar en esos casos, un sustituto con carácter de interino, por el tiempo en que el servidor público se encuentre participando en la especialidad.
Artículo 67. La Especialidad dará inicio en la fecha señalada en la convocatoria respectiva, comprenderá las materias y módulos previamente aprobados por la Comisión. Al término de cada uno de los módulos, se practicará a los participantes una evaluación parcial, mediante la aplicación de un examen que versará sobre la materia a la que corresponda cada módulo.
Los participantes deberán reunir un noventa por ciento de asistencia y obtener en cada módulo una calificación mínima aprobatoria de ochenta y cinco.
De no satisfacer cualquiera de esos requisitos, serán dados de baja de la Especialidad. En ese caso, el Instituto debe comunicar esa determinación, por escrito, al interesado y, según corresponda, a los presidentes de la Corte o del Tribunal Electoral, al magistrado a cuya ponencia se encuentre adscrito el servidor público y, en su caso, al titular del órgano jurisdiccional de su adscripción, así como al Director General de Recursos Humanos respectivo, para el efecto que se reincorpore en forma inmediata en sus funciones.
Artículo 68. Durante la parte final de la Especialidad, podrán realizarse estancias en juzgados de Distrito, en las que los participantes se desempeñarán en la forma y en los órganos jurisdiccionales que se determinen.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página web del Consejo de la Judicatura Federal y en la del Instituto, así como en su sede y extensiones.
TERCERO. Se abroga el Acuerdo General 30/2010 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y demás disposiciones que se opongan al presente.
CUARTO. Los concursos internos de oposición que a la fecha de entrada en vigor de este acuerdo se encuentren en trámite, continuarán realizándose conforme a la convocatoria y al acuerdo aplicable al concurso de que se trate.
EL MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNANDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General 6/2013, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de juez de Distrito, mediante concurso interno de oposición, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de treinta de enero de dos mil trece, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera.- México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil trece.- Conste.- Rúbrica.”