viernes, 19 de abril de 2013

Reglas para nombramiento de base de actuarios, secretarios y demás servidores públicos de los tribunales federales

En el Diario Oficial de la Federación de 19 de abril de 2013, se publicó el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que precisa las reglas para otorgar nombramiento de base a actuarios, secretarios y demás servidores públicos de los tribunales federales del Poder Judicial de la Federación.

El acuerdo publicado es el siguiente:

"ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica al artículo 82, párrafo segundo, fracciones II y III, del diverso Acuerdo General que reglamenta la Carrera Judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE MODIFICA AL ARTÍCULO 82, PÁRRAFO SEGUNDO, FRACCIONES II Y III, DEL DIVERSO ACUERDO GENERAL QUE REGLAMENTA LA CARRERA JUDICIAL Y LAS CONDICIONES DE LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO.- En términos de lo dispuesto por los preceptos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la referida Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.- Con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, dicho Consejo, como órgano de gobierno del Poder Judicial de la Federación, se encuentra facultado para determinar la normativa que regule, entre otras materias, la relativa a la carrera judicial;
CUARTO.- Desde su creación, el Consejo de la Judicatura Federal ha expedido diversos acuerdos generales que constituyen el marco normativo para quienes se desempeñan como servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Destaca de entre esas normas, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis y vigente a partir del día dieciséis del mismo mes y año. En tal Acuerdo se establecen las bases fundamentales que rigen la carrera judicial;
QUINTO.- El Consejo de la Judicatura Federal, con motivo principalmente de las Visitas Ordinarias de Inspección, ha advertido diversas conductas de los titulares de los órganos jurisdiccionales tendentes a evadir el cumplimiento del Acuerdo General 30/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las relaciones burocrático-labores en el Poder Judicial de la Federación;
SEXTO.- Es por ello que se propone modificar el contenido del artículo 82 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los Funcionarios Judiciales, con el propósito de clarificar el momento en que puede surgir la obligación de otorgar la base a un servidor público, así como de precisar los supuestos y trámite por el que se puede aplicar una nota desfavorable.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Se modifica el artículo 82, párrafo segundo, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, para quedar como sigue:
"Artículo 82.- Los derechos laborales de los actuarios, secretarios y demás servidores públicos de los tribunales de circuito y juzgados de distrito están garantizados en los términos que señala la Constitución, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Los actuarios, secretarios y demás servidores públicos de los tribunales de circuito y juzgados de distrito que ocupen plazas de base con nombramiento temporal, tendrán derecho a que el titular del órgano jurisdiccional les otorgue el nombramiento de base en el cargo que estén ocupando, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
I.     Que hayan sido nombrados en una o más plazas correspondientes a un puesto cuyas labores sean de base;
II.     Que hayan laborado en la o las plazas respectivas de base, ininterrumpidamente, durante más de seis meses, siempre y cuando no exista un trabajador con mejores derechos, pues en ese caso será éste a quien se le deberá otorgar.
No se considerará interrupción el tiempo en que un servidor público se desempeñe en funciones en una plaza de confianza, siempre que al momento del otorgamiento de la base esté ocupando la plaza correspondiente; ni tampoco será menester que se le haya otorgado el nombramiento en la clave que corresponda a la plaza definitiva que se encuentre vacante, sino sólo es requisito que haya ocupado el mismo cargo durante seis meses.
III.    Que durante los primeros seis meses de las labores desarrolladas en la o las plazas de base, no exista nota desfavorable en su contra. Se entenderá por nota desfavorable, únicamente, aquella que se imponga con fundamento en los artículos 64 y 65 de las Condiciones Generales de Trabajo de los Servidores Públicos a Cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de haberse afectado el servicio que deba desempeñar el actuario, secretario o servidor público de que se trate.
En caso de que no se otorgue la base transcurridos los seis meses a que se refiere esta fracción, las notas desfavorables a que se haga acreedor el servidor público después de ese término, también se tomarán en consideración;
IV.   Que durante el tiempo que hayan laborado en la o las plazas de base, no se les hubiere impuesto sanción administrativa que esté firme; y
V.    Que al cumplirse más de seis meses en el desarrollo de labores en una o más plazas de base, se encuentre alguna de ellas vacantes en definitiva, es decir, sin titular al que se haya otorgado nombramiento definitivo.
La resolución que niegue la base deberá emitirse por escrito, debidamente fundada y motivada y será notificada personalmente al interesado".
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
EL MAGISTRADO J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica el artículo 82, párrafo segundo, fracciones II y III, del diverso Acuerdo General que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de seis de marzo de dos mil trece, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, Juan Carlos Cruz Razo, César Esquinca Muñoa, César Alejandro Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera.- México, Distrito Federal, a once de abril de dos mil trece.- Conste.- Rúbrica."

miércoles, 10 de abril de 2013

Libro "Derecho Internacional de los Derechos Humanos" de Daniel O'donnell 2a edición descarga PDF gratuita


Ir a




En la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, de las Naciones Unidas, se presentó la segunda edición del libro "Derecho Internacional de los Derechos Humanos: normativa, jurisprudencia y doctrina de los Sistemas Universal e Interamericano", del autor Daniel O'donnell.
Esta obra es un referente indispensable para el estudio de los temas relacionados con los Derechos Humanos y presenta un acucioso análisis de las normas internacionales de los Sistemas Universal y Americano de Protección de los Derechos Humanos, complementado con la jurisprudencia internacional relativa y la exposición de la doctrina más relevante.

El libro puede descargarse gratuitamente en formato PDF (15 Mb) desde el sitio de internet de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México (haga click en el siguiente vínculo):
 
 

miércoles, 3 de abril de 2013

Entra en vigor la nueva Ley de Amparo

El 3 de abril de 2013 entró en vigor la nueva Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.

Conforme a las disposiciones transitorias, la nueva Ley de Amparo, en su totalidad, es aplicable a los juicios de amparo que se promuevan a partir del 3 de abril de 2013 (salvo el capítulo de suspensión en materia penal que requiere, además, que en la entidad de que se trate ya haya entrado en vigor la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).

Al respecto, el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la nueva Ley de Amparo dispone: "[...] Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional.", lo que también debe aplicarse al propio juicio de amparo.

Sin embargo, a los juicios de amparo iniciados por demanda presentada antes del 3 de abril de 2013 también les son aplicables las reformas sobre el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, además de haber desaparecido el sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia pues el artículo tercero transitorio de la nueva Ley de Amparo dispone:

"TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo."

Por tanto, las nuevas reglas sobre cumplimento y ejecución de las sentencias de amparo son aplicables a todos los juicios de amparo, independientemente de la fecha de su inicio, por lo que:

- En el mismo auto en que se declare que una sentencia causa ejecutoria o cuando se reciba una sentencia dictada en revisión, debe requerirse a la autoridad responsable y a su superior jerárquico (sólo uno, el inmediato) para que cumplan con la ejecutoria dentro del plazo de 3 días (antes eran 24 horas).

- La notificación a las autoridades debe hacerse con apercibimiento de que, de incumplir sin causa justificada, se les aplicará una multa conforme a los artículos 192 y 258 de la nueva Ley de Amparo (de 100 a 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal) y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito (si el acuerdo es de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (si el acuerdo es de Tribunal Colegiado de Circuito) para el trámite de inejecución que puede culminar con su separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito previsto en el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo, sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 1000 días multa (equivalente un día multa a un día de ingreso total del sentenciado), así como inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos.

- En el procedimiento de ejecución de sentencia, el Presidente de la República no podrá ser considerado como autoridad responsable ni como superior jerárquico (art. 192 de la nueva Ley de Amparo).

- El órgano judicial de amparo puede fijar plazos mayores para el cumplimiento atendiendo a las características específicas del caso y puede ampliar tales plazos por una sola vez.

- Si no se cumple la ejecutoria en el plazo fijado, deben imponerse las multas respectivas (no es optativo ni discrecional) y remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito (amparo indirecto) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo).

- El Tribunal Colegiado de Circuito (tanto en amparo directo como indirecto), al remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá elaborar un proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y de su superior jerárquico.

- Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma (art. 194 de la nueva Ley de Amparo).

- Cuando la autoridad informe que dio cumplimiento a la ejecutoria, se dará vista al quejoso y al tercero interesado por 3 días (amparo indirecto) o 10 días (amparo directo) para que aleguen lo que a su derecho convenga, incluyendo exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria (desapareció la queja por este motivo respecto de ejecutorias de amparo) y, con desahogo de la vista o sin él, el órgano judicial de amparo debe resolver sobre el total, correcto y completo cumplimiento de la ejecutoria.

- Si la ejecutoria de amparo no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o hay imposibilidad para su cumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito (amparo indirecto) o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (amparo directo).

- La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dar un plazo adicional para el cumplimiento y, si estima injustificado el incumplimiento o transcurrido el plazo adicional sin que se cumpla la ejecutoria, puede considerar el proyecto del Tribunal Colegiado de Circuito y ordenar la separación del cargo de la autoridad responsable y su superior jerárquico, así como consignarlas ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Además, devolverá los autos al órgano jurisdiccional de amparo (Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito en amparo indirecto, o Tribunal Colegiado de Circuito en amparo directo) a efecto de que se reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

- En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede regresar el expediente para que se tramite dicho incidente.

- Debe recordarse que, desde el 4 de octubre de 2011, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional publicada el 6 de junio de 2011, el juicio de amparo procede respecto de violaciones a derechos humanos reconocidos en la Constitución (art. 107, fracción I, Constitucional), por lo que la forma y términos de cumplimiento a las ejecutorias que conceden el amparo deben ajustarse a los principios que, sobre reparación integral de violaciones a los derechos humanos, se establecen en la Ley General de Víctimas (en vigor a partir del 8 de febrero de 2013) o, para casos anteriores a la vigencia de esta ley, los mismos principios pero invocando las reglas de ONU y los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre tal tema. Respecto a la reparación integral conforme a la Ley General de Víctimas, puede consultarse: http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2013/02/la-ley-general-de-victimas-entra-en.html en este mismo blog.

- Contra la resolución que tiene por cumplida una ejecutoria de amparo procede la inconformidad que puede promoverse en un plazo de 15 días (antes era de 5).

- También aplican las reglas sobre repetición de acto reclamado y cumplimiento sustituto.



martes, 2 de abril de 2013

Ley de Amparo es publicada en Diario Oficial de la Federación

El 2 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5294184&fecha=02/04/2013) el decreto que contiene la nueva Ley de Amparo así como modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional (controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad), a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Conforme a los artículos transitorios, la fecha de entrada en vigor de las reformas y de la nueva Ley de Amparo es el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; esto es, el 3 de abril de 2013.

La nueva Ley de Amparo será aplicable a los juicios que inicien con demanda que se presente a partir de la entrada en vigor del decreto (3 de abril de 2013) y los juicios que se hubieran iniciado antes se regirán por las disposiciones vigentes al momento de su inicio, salvo las relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia (que desaparecieron desde el 4 de octubre de 2011 en que entró en vigor la reforma constitucional que eliminó esas figuras del artículo 107) así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias, que serán aplicables en todos los casos conforme al artículo tercero transitorio que establece:

TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

El texto publicado coincide CASI exactamente con el dictamen aprobado por el Congreso de la Unión; los cambios introducidos en la publicación son:
- El artículo 4°, relativo a los casos de urgencia que pueden motivar un trámite y resolución acelerados de los juicios de amparo, en el dictamen aprobado por el Senado contiene las fracciones V, VI, VII y VIII, números que se cambiaron en el Diario Oficial a I, II, III y V; el cambio sólo afecta la numeración de los párrafos, el texto de cada fracción sí coincide con el aprobado por el Congreso.
- Se pusieron en mayúsculas los encabezados de los TÍTULOS y los CAPÍTULOS.
- Los ordinales (1°, 2°, etc.) se expresaron con una o minúscula al lado del número.
- En el artículo 5°, fracción III, inciso c), se eliminó un espacio, por lo que aparece publicado "directaesa" en vez de "directa esa".
- Se colocó un punto al final del artículo 106.
- En el artículo 107, fracción III, inciso b), se puso con mayúscula inicial la palabra "Mexicano" y se cambió el punto con que terminaba el inciso a un punto y coma.
- El último párrafo del artículo DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO, que en el dictamen aprobado por el Congreso dice: "Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.", en la publicación del Diario Oficial aparece como: "Las anteriores disposiciones deberán emitirse en un plazo de noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto." habiéndose eliminado "contados" y "en el Diario Oficial de la Federación" y cambiando "del día siguiente de la publicación" a "de la entrada en vigor".

Puede ver un análisis comparado, concordado y comentado de la nueva Ley de Amparo en:

http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/p/gratis-descarga-la-ley-de-amparo-2013.html

Para descargar el decreto tal como aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación en formato PDF, haga click aquí.