jueves, 29 de mayo de 2014

Reglas de operación del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos

En el Diario Oficial de la Federación de 29 de mayo de 2014 se publicaron las Reglas de Operación del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los Derechos Humanos.

El decreto en el Diario Oficial puede consultarse en el siguiente vínculo: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5346590&fecha=29/05/2014

Las reglas sólo se refieren al cumplimiento de sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales, así como los organismos nacionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por lo que NO son aplicables al cumplimiento de sentencias dictadas por tribunales nacionales en términos del artículo 65 de la Ley General de Víctimas, que dispone:
"65. Todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos serán compensadas, en los términos y montos que determine la resolución que emita en su caso:
a) Un órgano jurisdiccional nacional;
b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México;
c) Un organismo público de protección de los derechos humanos;
d) Un organismo internacional de protección de los derechos humanos reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión.
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley.
En los casos de víctimas de delitos se estará a lo dispuesto en los montos máximos previstos en el artículo 67."

El texto del decreto es como sigue:

"REGLAS de Operación del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de los Derechos Humanos.
REGLAS DE OPERACIÓN DEL "FIDEICOMISO PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS".
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
El contrato del Fideicomiso (Fideicomiso) para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos fue constituido el 25 de octubre de 2012, con el objetivo de cubrir las reparaciones derivadas de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando los recursos para su cumplimiento no se encuentren previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
El 11 de abril de 2014, se formalizó la modificación a los fines del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos, a efecto de incluir, entre otras, las soluciones amistosas, las reparaciones derivadas de las recomendaciones y resoluciones que emitan la CIDH o los órganos de tratados de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones que emita la CNDH en las que la dependencia o entidad señalada como responsable de reparar el daño causado por violaciones de derechos humanos, acepte la recomendación y aporte los recursos correspondientes al fideicomiso, así como las obligaciones pecuniarias previstas en los convenios que sean suscritos por la SEGOB, siempre que en los mismos, cualquiera que sea su denominación se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones de derechos humanos, en términos de las disposiciones aplicables.
En este sentido, este Fideicomiso contribuirá al cumplimiento del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la acción asumida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, relativa a "dar cumplimiento a las recomendaciones y sentencias de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y promover una política pública de prevención a violaciones de derechos humanos" y al compromiso asumido por el Estado Mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás tratados internacionales en la materia. De igual modo contribuye a reparar violaciones a los derechos humanos en casos que, por cualquier razón, no han llegado a las instancias internacionales en la materia.
El Fideicomiso será regido por lo estipulado en el contrato, su convenio modificatorio y en las presentes reglas de operación que han sido aprobadas por el Comité Técnico, así como por la normatividad vigente aplicable.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
APLICACIÓN Y OBJETO
1. Las presentes Reglas de Operación son de observancia obligatoria para las partes integrantes del Fideicomiso y tienen por objeto establecer las políticas, bases y lineamientos para la operación y funcionamiento del Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos.
Capítulo II
DEFINICIONES
2. Para los efectos de las presentes Reglas de Operación se entenderá, en singular o plural, por:
a)    BENEFICIARIO Y/O VÍCTIMA: La persona señalada como tal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o los órganos de tratados, en sus resoluciones, o reconocidos como tales en los Convenios que suscriba la Secretaría de Gobernación.
b)  CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
c)  CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
d)  COMITÉ TÉCNICO: El órgano colegiado previsto en la Cláusula Sexta del CONTRATO.
e) CONTRATO: El contrato de fideicomiso público de administración y pago mediante el cual se constituyó el presente Fideicomiso.
f) CONVENIO: El acuerdo entre las víctimas y el Estado mexicano, en el que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que se celebra fuera del marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
g) CORTE IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
h) DAÑO EMERGENTE: Son los gastos efectuados por las víctimas o sus familiares con motivo de las gestiones para investigar y sancionar los hechos que vulneraron los derechos de las víctimas, así como las erogaciones realizadas para tratar médica y/o psicológicamente las afectaciones sufridas con motivo de las violaciones de derechos humanos.
i) DAÑO INMATERIAL: Son los sufrimientos y/o aflicciones causadas a las víctimas; el menoscabo de valores significativos para las personas; así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. La CORTE IDH ha reconocido dentro de estos daños, el de tipo moral, psicológico y físico, y de carácter colectivo.
j) DAÑO MATERIAL: Supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos. El cual deberá comprender el daño emergente y, en su caso, el lucro cesante.
k) DEPENDENCIA COORDINADORA: La Secretaría de Gobernación.
l) FIDEICOMISO: El Fideicomiso denominado "Fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de los derechos humanos".
m) FIDEICOMITENTE: El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de Fideicomitente Único de la Administración Pública Federal Centralizada.
n) FIDUCIARIA: El Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
ñ) LUCRO CESANTE: Es el monto de los ingresos que las víctimas recibirían a lo largo de su vida laboral si no hubiese ocurrido la violación a sus derechos humanos, siempre que con motivo de dicha violación a sus derechos humanos hubiere dejado de percibir ingresos o hubiese quedado imposibilitado, permanente o temporalmente, para desempeñar la actividad laboral que venía desempeñando.
o) ÓRGANOS DE TRATADOS: Órganos creados en virtud de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de los que el Estado mexicano sea parte.
p) PROVEEDOR: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios, necesarios para cumplir con las finalidades del FIDEICOMISO.
q) RECOMENDACIONES Y/O RESOLUCIONES: Las determinaciones que emiten los órganos nacionales o internacionales de derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
r) SEGOB: Secretaría de Gobernación
s) SOLUCIÓN AMISTOSA: El acuerdo entre las víctimas y el Estado mexicano, en el que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que se celebra dentro del marco del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
t) UNIDAD RESPONSABLE: La Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien fungirá como la responsable de la aplicación de los recursos.
TÍTULO SEGUNDO
COMITÉ TÉCNICO
Capítulo I
FUNCIONES DEL SECRETARIO DE ACTAS
1. De conformidad con las Cláusulas Sexta y Séptima del CONTRATO, el Secretario de Actas del COMITÉ TÉCNICO tendrá las siguientes funciones:
a)    Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias a petición del Presidente del COMITÉ TÉCNICO, el FIDUCIARIO, o cualquiera de los miembros del COMITÉ TÉCNICO.
b)    Elaborar el orden del día de las sesiones del COMITÉ TÉCNICO e integrar la carpeta de informes y asuntos a tratar en las sesiones;
c)    Acudir a las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el COMITÉ TÉCNICO a fin de elaborar las actas de las mismas. El Secretario de Actas deberá asegurarse de que el acta correspondiente sea firmada por él y por el Presidente;
d)    Remitir al FIDUCIARIO una copia del acta de sesión;
e)    Informar al FIDUCIARIO sobre las instrucciones que emita el COMITÉ TÉCNICO en sus sesiones, y
f)     Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados por el COMITÉ TÉCNICO.

Capítulo II
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
2. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 215, fracción II, inciso e) del Reglamento de la Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el FIDUCIARIO atenderá los requerimientos e información que le formulen las instancias fiscalizadoras federales.
La UNIDAD RESPONSABLE y el FIDUCIARIO serán los responsables de facilitar dicha fiscalización, para lo cual, las unidades y autoridades que tienen relación con el FIDEICOMISO le proporcionarán la información y documentación que para tal efecto se les solicite.
TÍTULO TERCERO
PAGOS OBJETO DEL FIDEICOMISO
Capítulo I
REPARACIONES ORDENADAS POR LA CORTE IDH
1. Las medidas de reparación que sean ordenadas por la CORTE IDH a través de las sentencias que emita en casos en contra del Estado Mexicano, y que requieran de erogaciones en numerario para su cumplimiento, podrán ser pagadas a través del FIDEICOMISO.
2. Los pagos correspondientes deberán apegarse, de ser el caso, a los criterios que hayan sido establecidos en la sentencia respectiva. Cuando no sean claras las modalidades de cumplimiento, deberá atenderse a los estándares emitidos por la CORTE IDH, en materia de reparaciones.
3. La UNIDAD RESPONSABLE deberá asegurarse de que los BENEFICIARIOS de las medidas de reparación que sean cubiertas por el FIDEICOMISO, estén enterados de los requisitos que deben cumplir de conformidad con estas Reglas de Operación.
A. PAGO DE INDEMNIZACIONES
4. El pago de la indemnización se refiere a la cuantía indicada por la CORTE IDH en su sentencia, derivada del daño material e inmaterial sufrido por las víctimas, así como a las costas y gastos generados por el litigio del caso.
Indemnización a mayores de edad
5. En el caso de las indemnizaciones que sean ordenadas a favor de un BENEFICIARIO mayor de edad, ésta se le pagará en una sola exhibición.
6. El Secretario de Actas previa instrucción del COMITÉ TÉCNICO hará llegar dicha instrucción al FIDUCIARIO para el cumplimiento de la obligación pecuniaria. El documento mediante el cual se haga llegar la instrucción al FIDUCIARIO podrá señalar que libre el cheque o realice la transferencia electrónica bancaria correspondiente.
7. Si por cualquier causa el COMITÉ TÉCNICO no autorizara en tiempo el pago correspondiente, ello no obrará en perjuicio del BENEFICIARIO, quien conservará en todo tiempo su derecho a percibir la indemnización respectiva. En su caso, la orden de pago atrasada deberá contemplar el interés legal del 9% (nueve por ciento) anual generados por mora.
8. Una vez recibida la orden de emisión de pago, el FIDUCIARIO librará el cheque o realizará la transferencia en un plazo no mayor a 5 días hábiles, notificando a la UNIDAD RESPONSABLE de la disponibilidad del documento de pago a efecto de que ésta, a su vez, notifique al BENEFICIARIO.
9. El FIDUCIARIO hará la transferencia electrónica bancaria una vez que reciba la información necesaria para tal efecto. El FIDUCIARIO o la UNIDAD RESPONSABLE harán la entrega del cheque respectivo al BENEFICIARIO previa identificación del mismo. En los casos en que el pago se realice por el FIDUCIARIO, éste notificará por escrito al COMITÉ TÉCNICO y a la UNIDAD RESPONSABLE, en un plazo no mayor a tres días hábiles.
10. En relación al tipo de cambio para el cálculo de la cantidad a emitir en moneda nacional, se estará sujeto a lo establecido en la sentencia de la CORTE IDH. Si la sentencia es omisa al respecto, se estará a lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.
11. Para efectos del numeral anterior, se entenderá que el día del pago es aquél en el que lo autorice el COMITÉ TÉCNICO, el cual deberá señalar en la misma, el tipo de cambio conforme al cual se deberá hacer el cálculo por parte del FIDUCIARIO.
12. La cantidad establecida en la sentencia correspondiente, deberá ser entregada de manera íntegra al BENEFICIARIO, sin que pueda ser sujeta de ninguna deducción de carácter fiscal.

13. En caso de que el BENEFICIARIO falleciera con anterioridad al cobro de la indemnización, la misma podrá ser cobrada por sus herederos, quienes se determinarán según la legislación aplicable.
14. Cuando por causa atribuible al BENEFICIARIO no pueda realizarse el pago correspondiente, la UNIDAD RESPONSABLE hará la solicitud al COMITÉ TÉCNICO para crear una subcuenta a su nombre, así como la petición de que los recursos respectivos sean transferidos a la misma. El COMITÉ TÉCNICO, en su caso, dará la orden correspondiente al FIDUCIARIO. Los recursos permanecerán reservados en la subcuenta dentro del plazo indicado para tales efectos por la CORTE IDH en su sentencia, o en su caso, dentro de un plazo no menor a cuatro años. La liberación de los recursos correspondientes seguirá el curso establecido en los párrafos anteriores.
15. La subcuenta deberá permanecer vigente y generando los intereses respectivos que permanecerán en la misma, desde la fecha de su creación y hasta por cuatro años o hasta que se lleve a cabo el cobro respectivo dentro de dicho plazo.
16. Si la subcuenta es cancelada antes de que se haga el cobro de la indemnización, los recursos pasarán a ser utilizados para los demás fines del FIDEICOMISO. En este caso, el FIDUCIARIO notificará por escrito a la UNIDAD RESPONSABLE sobre dicha situación.
17. En caso de que una vez emitido el cheque, éste no sea cobrado en un plazo de máximo 6 meses desde su emisión, el mismo será cancelado y se seguirá el procedimiento establecido en los numerales anteriores. Si la subcuenta ya hubiere sido creada con anterioridad a la expedición del cheque, los recursos se reservarán de nueva cuenta en la misma por el período que le reste de vigencia.
18. Cuando la CORTE IDH ordene una indemnización por motivo de la desaparición forzada de una persona, el monto correspondiente a la persona desaparecida, se pagará conforme a lo establecido en la propia sentencia. De no prever nada al respecto, se entregará a quienes resultarían ser sus herederos, según la legislación aplicable.
Indemnización a menores de edad
19. En el caso de las indemnizaciones que sean ordenadas a favor de un BENEFICIARIO menor de edad, y cuando la CORTE IDH establezca que los recursos correspondientes deberán depositarse en una institución bancaria y sólo podrán ser liberados cuando éste adquiera la mayoría de edad, o medie una sentencia judicial de autoridad competente que indique que así conviene por razón del interés superior del menor, la UNIDAD RESPONSABLE deberá solicitar al COMITÉ TÉCNICO la creación de una subcuenta en el FIDEICOMISO a modo de reservar el monto correspondiente.
20. La UNIDAD RESPONSABLE emitirá esa solicitud, dentro del plazo establecido en la sentencia de la CORTE IDH para llevar a cabo la inversión, la cual será enviada al COMITÉ TÉCNICO a fin de que éste, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, ordene al FIDUCIARIO la creación de una subcuenta a nombre del BENEFICIARIO menor de edad. La solicitud deberá señalar los resolutivos de la sentencia en los que se ordene la indemnización y se señale la modalidad de pago correspondiente, acompañándola de una copia simple de la misma.
21. En relación al tipo de cambio, se estará a lo establecido en el apartado anterior.
22. La subcuenta deberá permanecer vigente y generando los intereses respectivos, desde la fecha de su creación y hasta por diez años posteriores a que el BENEFICIARIO adquiera la mayoría de edad o hasta que se lleve a cabo el cobro respectivo.
23. Cuando la UNIDAD RESPONSABLE sea notificada por los representantes de los BENEFICIARIOS de la mayoría de edad de los mismos o de la sentencia judicial que disponga el pago de la indemnización del menor, y en este último caso, del deseo del BENEFICIARIO de realizar el cobro correspondiente; ésta deberá emitir la orden de pago respectiva. Todos los actos subsecuentes deberán llevarse a cabo conforme a las disposiciones establecidas en el aparatado anterior, salvo lo dispuesto en contrario.
24. En caso de que la sentencia no prevea esta modalidad de pago y sea omisa en establecer una modalidad distinta, se seguirá el procedimiento previsto en este apartado tal y como si la CORTE IDH hubiera ordenado dicha modalidad. Si la sentencia de la CORTE IDH establece una modalidad distinta, se estará a lo dispuesto en dicha resolución tratando de apegarse, en lo que fuere posible, a las disposiciones relativas a la indemnización previstas en estas reglas de operación.
B. PAGO DE BECAS EDUCATIVAS
25. El pago de becas educativas se refiere a las obligaciones que derivan de las reparaciones ordenadas por la CORTE IDH en materia de educación y que corresponden a la obligación de cubrir una beca que permita cubrir el costo de educación del BENEFICIARIO. Para determinar la temporalidad de la obligación correspondiente se estará a lo establecido en la sentencia respectiva. Si la sentencia es omisa en este sentido, se entenderá que es hasta que el BENEFICIARIO concluya sus estudios superiores, de conformidad con la jurisprudencia de la CORTE IDH.

26. El BENEFICIARIO tendrá el plazo establecido en la sentencia para dar a conocer a la UNIDAD RESPONSABLE su solicitud de becas. De no preverse tal plazo en la sentencia, tendrá un plazo máximo de 6 meses, contados a partir de que se les haya notificado la sentencia respectiva, para llevar a cabo la solicitud relacionada con el pago del ciclo escolar respectivo.
27. Las becas deberán de ser otorgadas a partir del momento en que se haya llevado a cabo la solicitud a la UNIDAD RESPONSABLE. En este sentido, se cubrirá el monto de la totalidad del ciclo escolar que se estuviere cursando al momento de la solicitud. De no caer en este supuesto, el pago relativo a becas educativas comenzará a aplicar a partir del siguiente ciclo escolar.
28. Si el BENEFICIARIO no quisiera o pudiera disfrutar de manera inmediata las becas educativas, deberá emitir su solicitud en el plazo establecido a la UNIDAD RESPONSABLE, indicando a partir de qué ciclo escolar desea iniciar o continuar sus estudios.
29. Una vez recibida la solicitud señalada en el numeral anterior, la UNIDAD RESPONSABLE realizará una corrida que comprenda el periodo escolar faltante del BENEFICIARIO, desde su solicitud hasta la conclusión de sus estudios superiores. La corrida deberá indicar el monto de la beca correspondiente por cada ciclo escolar.
30. Para establecer el monto correspondiente a cada ciclo escolar se sujetará a lo siguiente:
a)    La base del cálculo será el Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal.
b)    El monto diario para la beca escolar se determinará según el grado de escolaridad a cursar por el BENEFICIARIO y de conformidad con la siguiente tabla:
Grado de escolaridad
Porcentaje de salario mínimo
Preescolar
80%
Primaria
80%
Secundaria
90%
Preparatoria/Bachillerato
100%
Educación superior
200%

c)    El monto mensual se calculará considerando meses de 30 días. Por lo tanto, se utilizará la fórmula siguiente:
Monto diario arrojado en función
a lo establecido en el inciso b)
X
30
=
MONTO MENSUAL

d)    El monto anual se calculará considerando que el ciclo escolar tiene una duración aproximada de 11 meses. Por lo tanto, se utilizará la fórmula siguiente:
Monto mensual
X
11
=
MONTO ANUAL

e)    El monto anual arrojado será el equivalente a la beca educativa por todo el ciclo escolar.
31. La UNIDAD RESPONSABLE deberá establecer el aproximado al que ascenderá el monto total de las becas educativas por toda la escolaridad del BENEFICIARIO. Con base en dicho cálculo, hará la solicitud al COMITÉ TÉCNICO para crear una subcuenta a nombre del BENEFICIARIO, así como la petición de que los recursos respectivos sean transferidos a dicha subcuenta. La solicitud deberá señalar los resolutivos de la sentencia, en los que se ordene el pago de becas educativas correspondiente y deberá de acompañarse de una copia simple de la misma. El COMITÉ TÉCNICO, en su caso, dará la orden correspondiente al FIDUCIARIO.
32. Los recursos permanecerán reservados en la subcuenta hasta que concluya la educación del BENEFICIARIO, o en su caso, hasta que la UNIDAD RESPONSABLE así lo solicite, por petición expresa de éste.
33. Si por cualquier motivo los recursos reservados en la subcuenta se agotasen de manera previa a la conclusión de los estudios del BENEFICIARIO, la UNIDAD RESPONSABLE actualizará los cálculos correspondientes y emitirá una nueva solicitud al COMITÉ TÉCNICO, a fin de que se reserven los recursos adicionales que deberán destinarse a la subcuenta.

34. Las becas educativas serán pagadas de manera anual al momento de comprobar el registro al ciclo escolar. Estas también pueden ser pagadas antes del inicio del ciclo; para ello, la UNIDAD RESPONSABLE deberá llevar a cabo el cálculo del monto anual del ciclo escolar a cursar, conforme a lo establecido en este apartado, y emitir una orden de pago a más tardar 15 días hábiles anteriores al inicio del ciclo escolar. La orden de pago deberá acompañarse de las copias simples del comprobante de inscripción del ciclo a cursar y las relativas a la documentación que compruebe que se cursó el ciclo anterior.
35. En el caso de las becas educativas a favor de menores de edad, los cheques o las transferencias electrónicas, deberán ser emitidos o realizadas a favor del representante legal del menor indicado por la UNIDAD RESPONSABLE en la orden de pago correspondiente. En tal caso, se deberá acompañar copia de la documentación que compruebe dicha representación, sin que sea necesario otro requisito para tal efecto, salvo que tal representación se haya tenido por acreditada o se desprenda de la sentencia o resolución respectiva.
36. Una vez que el FIDUCIARIO reciba la instrucción de pago correspondiente, éste deberá realizar el mismo en un plazo no mayor a 5 días hábiles, notificando a la UNIDAD RESPONSABLE de la disponibilidad del documento de pago a efecto de que ésta, a su vez, notifique al BENEFICIARIO y pueda ser entregado por el FIDUCIARIO o por la UNIDAD RESPONSABLE.
37. El FIDUCIARIO hará la transferencia electrónica respectiva una vez que reciba la documentación necesaria para tal efecto dentro del plazo señalado con anterioridad. El FIDUCIARIO o la UNIDAD RESPONSABLE, podrán realizar la entrega del cheque al BENEFICIARIO previa identificación del mismo. Una vez entregado, o en su caso, realizada la transferencia electrónica bancaria, por parte del FIDUCIARIO, éste notificará por escrito al COMITÉ TÉCNICO y a la UNIDAD RESPONSABLE, en un plazo no mayor a tres días hábiles.
38. El pago de becas educativas podrá suspenderse temporalmente en los siguientes casos:
a)    Por la suspensión de los estudios del BENEFICIARIO por causa justificada.
En tal caso, los pagos correspondientes se reanudarán, en cualquier momento, a solicitud del BENEFICIARIO.
b)    Por la suspensión de los estudios del BENEFICIARIO por causa injustificada.
En dicho supuesto, la subcuenta subsistirá únicamente por tres años contados a partir de la suspensión, después de los cuales, la subcuenta será cancelada y los recursos pasarán a ser utilizados para los demás fines del FIDEICOMISO.
c)    Si el BENEFICIARIO no aprueba el ciclo escolar, el pago de becas continuará sin que bajo ninguna circunstancia se cubra más de dos veces el mismo ciclo escolar.
d)    Por el incumplimiento de la obligación del BENEFICIARIO de entregar a la UNIDAD RESPONSABLE la documentación comprobatoria de sus estudios, de acuerdo con los puntos 34 y 35 del presente título.
Si el BENEFICIARIO subsana los requisitos incumplidos, se restablecerá el pago de las becas respectivas. De transcurrir más de tres años sin subsanar los mismos, se estará a lo establecido en la fracción b) anterior.
39. A la conclusión de los estudios del BENEFICIARIO la subcuenta respectiva deberá ser cancelada. Si aún hubiere recursos disponibles, los mismos pasarán a ser utilizados para los demás fines del FIDEICOMISO.
C. PAGO DE ATENCIÓN MÉDICA Y PSICOLÓGICA
40. La atención médica y psicológica ordenada por la CORTE IDH se proporcionará a través de las instituciones públicas del Estado y no implicará la erogación de recursos, salvo que la sentencia de la CORTE IDH establezca de manera expresa que se deberá cubrir a través del pago de un monto determinado, o en caso de que así se requiera por la situación específica de la víctima o que la atención se refiera a la compra de lentes o el pago de algún tratamiento odontológico o de medicinas específicas por tiempo determinado, que no puedan ser cubiertas por el Instituto de Salud de la localidad en que se encuentre el beneficiario o de la Secretaría de Salud Federal, siempre que exista una constancia médica emitida por la Institución de Salud adecuada para establecer la necesidad que se requiera. En tal supuesto se estará a lo establecido en estas Reglas de Operación.
41. Todo lo relativo al pago y emisión de los cheques, o en su caso, la realización de la transferencia electrónica bancaria, se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en los numerales 6 a 17 del presente título, salvo lo dispuesto en contrario.
42. En caso de que el BENEFICIARIO falleciera antes del pago de la atención médica, se extinguirá la obligación del Estado de llevar a cabo el mismo. Lo mismo sucederá aun cuando el cheque respectivo ya hubiere sido emitido pero no cobrado.

43. En el caso del pago por atención médica que deba otorgarse a favor de un menor de edad, la transferencia electrónica bancaria o el cheque deberá ser emitido a favor del representante legal indicado por la UNIDAD RESPONSABLE en la orden de pago correspondiente, salvo que la sentencia de la CORTE IDH disponga algo distinto. La orden de pago deberá acompañarse de la copia de la documentación que compruebe dicha representación, salvo que tal representación se haya acreditado o se desprenda de la sentencia o resolución respectiva.
D. PAGO POR INFRAESTRUCTURA
44. El pago por infraestructura se refiere a la erogación de recursos que sea necesaria a efecto de dar cumplimiento a las medidas que ordene la CORTE IDH en una sentencia, que impliquen la construcción de infraestructura, que podrá abarcar de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente:
a)    Memoriales a favor de las víctimas
b)    Centros comunitarios
c)    Clínicas de Salud
d)    Placas en memoria de las víctimas
e)    Escuelas
f)     Plazas públicas
45. La UNIDAD RESPONSABLE suscribirá un convenio de transferencia de recursos con la Entidad Federativa, Dependencia y/o Entidad de la Administración Pública Federal, que llevará a cabo la construcción correspondiente. En dicho convenio, se establecerá el porcentaje de pago que aportarán tanto el Gobierno Federal como la Entidad Federativa, Dependencia y/o Entidad de la Administración Pública Federal, la forma en que se fiscalizarán esas aportaciones, el diseño y todos los detalles de la construcción, el tiempo en que ésta se realizará y todo lo necesario para que la misma llegue a un buen fin. Una vez celebrado el convenio respectivo se hará llegar la instrucción correspondiente al FIDUCIARIO para que realice el pago a que haya lugar.
46. Asimismo, la UNIDAD RESPONSABLE adjuntará la documentación que justifique el pago respectivo incluyendo, entre otras cosas, la copia de la sentencia de la CORTE IDH, presupuestos, la justificación de los mismos, y cualquier otra que pudiere resultar relevante, tal como proyectos de construcción, avalúos, información del proveedor del servicio, etc.
47. Si la sentencia establece plazos para dar cumplimiento a la medida correspondiente, la orden de pago deberá emitirse de conformidad con los mismos. Una vez recibida la solicitud de pago, el COMITÉ TÉCNICO tendrá un plazo de 20 días hábiles para analizar la solicitud puesta a su consideración por la UNIDAD RESPONSABLE, y en su caso, tendrá 20 días hábiles adicionales para ordenar al FIDUCIARIO la realización de la transferencia electrónica bancaria o la emisión de los cheques respectivos.
48. Una vez recibida la instrucción de pago correspondiente, el FIDUCIARIO lo realizará en un plazo no mayor a 20 días hábiles, notificando a la UNIDAD RESPONSABLE la realización de la transferencia o la disponibilidad de los documentos de pago a efecto de que ésta, a su vez, notifique a los PROVEEDORES, acreedores, dependencias o entidades respectivas.
49. El FIDUCIARIO realizará la transferencia electrónica bancaria previa recepción de la información necesaria para tal efecto o hará entrega de los cheques correspondientes, previa identificación de los representantes de las dependencias o entidades respectivas. Una vez entregados, el FIDUCIARIO notificará por escrito al COMITÉ TÉCNICO y a la UNIDAD RESPONSABLE, en un plazo no mayor a tres días hábiles. En caso de cheques, éstos podrán ser entregados también por la UNIDAD RESPONSABLE.
E. OTROS TIPOS DE MEDIDAS O REPARACIONES
50. Para cualquier otra reparación ordenada por la CORTE IDH que requiera para su cumplimiento de la erogación de recursos y que no esté prevista de manera expresa en estas Reglas de Operación, el COMITÉ TÉCNICO determinará la forma de cumplimiento y sino establece otra cosa, se seguirán las siguientes disposiciones:
a) Cuando la sentencia establezca un monto específico que deba erogarse, se estará a lo dispuesto en los numerales 6 a 17 del presente título, en todo lo relativo al pago y emisión de cheques, o en su caso, la transferencia electrónica bancaria.
b) Cuando la sentencia ordene una medida en que sea necesario erogar recursos, pero no se establezca de manera específica el monto de la obligación, se seguirán las disposiciones establecidas en los numerales 6 a 17 del presente título, en todo lo relativo al pago y emisión de cheques, o en su caso, la transferencia electrónica bancaria.
c) Sin perjuicio de las disposiciones aquí plasmadas, se dará prioridad a lo que establezca la sentencia de la CORTE IDH en relación a dicha medida de reparación.

Capítulo II
REPARACIONES POR RECOMENDACIONES O RESOLUCIONES DE LA CIDH U ÓRGANOS DE TRATADOS DE LAS NACIONES UNIDAS
51. Las medidas de reparación que la CIDH o algún órgano de tratados de las Naciones Unidas recomienden al Estado Mexicano, y que requieran de erogaciones en numerario para su cumplimiento, podrán ser pagadas a través del FIDEICOMISO. De igual modo podrán ser pagados a través del FIDEICOMISO, los acuerdos de solución amistosa suscritos por el Estado mexicano que sean aprobados por la CIDH a través de la resolución respectiva.
52. La UNIDAD RESPONSABLE deberá asegurarse de que los BENEFICIARIOS de las medidas de reparación que sean cubiertas por el FIDEICOMISO, estén enterados de los requisitos que deben cumplir, para acreditarse como tales y para obtener la reparación correspondiente, de conformidad con estas Reglas de Operación.
53. Los pagos correspondientes por daño inmaterial deberán apegarse a los criterios establecidos en la recomendación respectiva. Cuando no sean claras las modalidades de cumplimiento, deberá atenderse a los estándares emitidos por la CORTE IDH, en materia de reparaciones.
54. Para efectos, del daño material, cuando en la recomendación o resolución no se establezcan montos específicos, el cálculo se realizará tomando en cuenta el lucro cesante y el daño emergente, con las siguientes reglas generales:
a)    Se pagará en moneda nacional.
b)    La cuantificación de la indemnización se realizará tomando como fecha de inicio aquella en la que la violación a derechos humanos efectivamente se produjo o la fecha en que haya iniciado, si la violación es de carácter continuo.
c)    En los casos en que las víctimas dentro de un solo caso, excedan de 20 personas, el pago podrá realizarse mediante parcialidades durante los ejercicios fiscales subsecuentes, realizando una proyección de los pagos en los términos que se acuerde con las víctimas.
d)    El lucro cesante y el daño emergente deberán ser demostrados por la víctima. Por lo que hace al lucro cesante únicamente deberá probarse: (i) el nexo causal entre la violación a los derechos humanos y la omisión de ingresos o entre la violación a los derechos humanos y (ii) la imposibilidad, permanente o temporal, para desempeñar la actividad laboral que la víctima venía desempeñando, o, en su caso, cualquier actividad laboral.
55. El lucro cesante se calculará tomando en cuenta el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en la fecha y periodo en que ocurrió la afectación y hasta el momento de pago según el numeral 11.
En los casos de desaparición forzada, ejecución extrajudicial o muerte de la víctima como consecuencia de la violación de derechos humanos, el cálculo para el lucro cesante se realizará tomando en cuenta la ley laboral correspondiente en materia de jubilación y esperanza de vida que publique el INEGI para el año en el que ocurrió la muerte o desaparición forzada. Los mismos criterios se considerarán en casos distintos a los señalados, cuando las víctimas, al momento de la violación de derechos humanos, no estuvieren laborando y quedaren imposibilitados para desempeñar actividad laboral alguna con motivo de la violación de derechos humanos. Si las víctimas en referencia, pudieren, con posterioridad a la violación de derechos humanos, desempeñar alguna actividad laboral, el cálculo para el lucro cesante únicamente abarcará el tiempo que duró la incapacidad.
El monto total, calculado conforme a las reglas y lineamientos señalados con anterioridad, deberá actualizarse según la tasa de inflación aplicable al periodo correspondiente. Al resultado, se le restará el 25% del monto total obtenido por concepto de gastos personales que requiere erogar cualquier persona para su subsistencia.
56. El pago de la indemnización se deberá realizar a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a que el Estado Mexicano acepte las recomendaciones o se emita la resolución del órgano internacional de derechos humanos correspondiente, con excepción de los supuestos establecidos en el inciso c) del numeral 54.
57. Para todo lo no previsto en el presente Capítulo en materia de reparación del daño se aplicarán las reglas establecidas en el Capítulo I de este Título Tercero, en el entendido que las referencias realizadas a la CORTE IDH y sus sentencias, se entenderán hechas a la CIDH y a los órganos de tratados de las Naciones Unidas y sus recomendaciones o resoluciones.
Capítulo III
REPARACIONES POR RECOMENDACIONES DE LA CNDH
58. Las medidas de reparación que la CNDH recomiende y que sean aceptadas por la dependencia o entidad señalada como responsable, que requieran de erogaciones en numerario para su cumplimiento, podrán ser pagadas a través del FIDEICOMISO, siempre que la dependencia o entidad responsable aporte los recursos de manera previa al FIDEICOMISO. En caso de no ser posible dicha aportación previa, la dependencia o entidad correspondiente deberá resarcir los recursos al FIDEICOMISO, a más tardar en el ejercicio fiscal siguiente, en cuyo caso deberá expedir la justificación correspondiente donde explique las razones por las que no cuenta con los recursos para hacer la aportación previa.
59. La UNIDAD RESPONSABLE deberá asegurarse de que los BENEFICIARIOS de las medidas de reparación que sean cubiertas por el FIDEICOMISO, estén enterados de los requisitos que deben cumplir, para acreditarse como tales y para obtener la reparación correspondiente, de conformidad con estas Reglas de Operación.
60. Los pagos correspondientes por daño inmaterial deberán apegarse a los criterios establecidos en la recomendación respectiva. Cuando no sean claras las modalidades de cumplimiento, deberá atenderse a las siguientes reglas:
a.     El daño moral deberá calcularse considerando los derechos humanos que fueron violentados por la autoridad responsable, así como el sufrimiento y las afectaciones, físicas y psicológicas, a la víctima;
b.    La indemnización por daño moral que la dependencia o entidad deba de pagar, no podrá exceder del equivalente a 17,800 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por cada persona; lo anterior en razón de que los pagos más elevados por dicho concepto en el Sistema Interamericano, a la fecha, no exceden de cien mil dólares americanos;
c.     En caso de violaciones graves a los derechos humanos se presumirá el daño moral a las víctimas;
d.    En los casos de violaciones graves a los derechos humanos el monto de daño moral no podrá ser menor al equivalente a 3,500 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal;
e.     Para los efectos de las presentes reglas se considerarán como violaciones graves a los derechos humanos, la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura; y
f.     En los casos no previstos en el inciso anterior, el daño moral deberá otorgarse de forma apropiada y proporcional a la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.
61. El BENEFICIARIO deberá acreditarse como BENEFICIARIO de la recomendación con identificación oficial. Para aquellos casos en que el pago de la indemnización deba de realizarse a algún familiar del BENEFICIARIO, éste deberá acreditar el parentesco mediante documentación expedida por autoridad competente, presentando el acta de nacimiento del BENEFICIARIO, acta de nacimiento de quien solicite la indemnización, constancia de matrimonio, soltería o concubinato en su caso, acta de defunción en el caso que sea necesario, comprobante de domicilio e identificación oficial. En casos de desaparición forzada no se exigirá el acta de defunción pero si prueba del inicio de la investigación de los hechos correspondientes, por parte de la procuraduría respectiva, en relación a la persona respecto de la cual se alega la desaparición forzada.
Igualmente, deberá de manifestar bajo protesta de decir verdad si conoce la existencia de otra u otras personas que pudieran tener derecho a recibir la indemnización o parte de la misma.
62. Para efectos, del daño material, se deberá tomar en consideración lo establecido en el Capítulo anterior.
63. El pago de la indemnización se deberá realizar a más tardar dentro de los 12 meses siguientes a que el Estado Mexicano acepte las recomendaciones, con excepción de los supuestos previstos en el inciso c), del numeral 54.
64. Para todo lo no previsto en el presente Capítulo en materia de reparación del daño se aplicarán las reglas establecidas en el Capítulo I de este Título Tercero, en el entendido que las referencias realizadas a la CORTE IDH, se entenderán realizadas a las recomendaciones o resoluciones de la CNDH.
Capítulo IV
REPARACIONES PACTADAS EN CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
65. Las medidas de reparación que se pacten con las víctimas mediante convenios suscritos por la SEGOB y que requieran de erogaciones en numerario para su cumplimiento, podrán ser pagadas a través del FIDEICOMISO.
66. La UNIDAD RESPONSABLE deberá asegurarse de que los BENEFICIARIOS de las medidas de reparación que sean cubiertas por el FIDEICOMISO, estén enterados de los requisitos que deben cumplir, para acreditarse como tales y para obtener la reparación correspondiente, de conformidad con estas Reglas de Operación.
67. Los pagos correspondientes por daño inmaterial pactados en los convenios deberán apegarse a las siguientes reglas:
a.     el daño moral deberá calcularse considerando los derechos humanos que fueron violentados por la autoridad responsable, así como el sufrimiento y las afectaciones, físicas y psicológicas, a la víctima;
b.    la indemnización por daño moral que la dependencia o entidad deba de pagar, deberá atender a los estándares emitidos por el Sistema Interamericano, en materia de reparaciones, y
c.     en los casos de las violaciones graves a los derechos humanos previstas en el inciso e) del numeral 60 del presente título, el monto de daño moral no podrá ser menor al equivalente a 3,500 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal en el momento en el que hayan ocurrido las violaciones a los derechos humanos;
68.   Para efectos del daño material, se seguirán los estándares interamericanos de conformidad con lo plasmado en los numerales 54 y 55 del presente Título Tercero.
69. En los convenios a que se refiere el presente capítulo, cuando el hecho violatorio de derechos humanos afecte a un grupo de 20 o más personas, la dependencia o entidad responsable de la violación a los derechos humanos podrá solicitar al COMITÉ que instruya al FIDUCIARIO, el pago de la indemnización correspondiente a los grupos de víctimas, considerando la(s) fórmula(s), criterios y/o razonamientos, que haya utilizado la dependencia o entidad para determinar el monto de dicha indemnización.
En este supuesto, la dependencia o entidad responsable, deberá presentar al COMITÉ para su análisis, lo siguiente: i) la justificación que demuestre que no es posible determinar el monto de la indemnización de acuerdo a lo previsto en los numerales 67 y 68 anteriores, y ii) la(s) fórmula(s), criterios y/o razonamientos utilizados para cuantificar la indemnización por daño material y daño inmaterial, con la justificación respectiva.
El cumplimiento de las medidas de reparación deberá realizarse conforme a lo pactado en el convenio respectivo.
La excepción prevista en este numeral, podrá aplicarse a los casos que se rijan por los capítulos II y III de este Título Tercero si el COMITÉ TÉCNICO así lo autoriza.
70. Para todo lo no previsto en este capítulo se estará a lo establecido en las presentes Reglas de Operación, según corresponda.
Capítulo V
MEDIDAS PROVISIONALES ORDENADAS POR LA CORTE IDH Y MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS POR LA CIDH, LA CNDH Y LOS ÓRGANOS DE TRATADOS
71. El FIDEICOMISO será el instrumento de pago de las medidas provisionales ordenadas por la CORTE IDH y medidas cautelares dictadas por la CIDH, la CNDH o los Órganos de Tratados, que requieran, para su implementación, erogación de recursos. No estarán incluidas las medidas que, en razón de su BENEFICIARIO, puedan ser atendidas a través del Mecanismo previsto por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas o a través de los mecanismos previstos por las entidades federativas.
Las medidas provisionales ordenadas por la CORTE IDH, y las medidas cautelares de la CIDH, la CNDH o los Órganos de Tratados, que requieran la erogación de recursos, deberán ejecutarse con apego a lo que establezcan en sus resoluciones. En caso de que dicha resolución sea omisa respecto a los medios para cumplirse, la UNIDAD RESPONSABLE evaluará la forma idónea para el cumplimiento, considerando las propuestas de los beneficiarios respecto de las medidas de protección que pudieran implementarse.
De forma enunciativa, mas no limitativa, la UNIDAD RESPONSABLE podrá optar por las siguientes medidas:
a.     Suministro de equipos de telecomunicaciones, tales como telefonía satelital, radio o celular, así como sistemas de GPS o botones de pánico;

b.    Suministro e instalación de equipos de seguridad en inmuebles, como alarmas, cerraduras, cámaras de vigilancia, puertas automáticas, interfones, cercas eléctricas o rejas;
c.     Suministro de equipos de seguridad física, como chalecos balísticos, detectores de metales, vehículos, entre otros;
d.    Servicios de resguardo, tales como arrendamiento de inmuebles, compra de boletos de transporte, mudanza, hospedaje, gastos de alimentación, etc.
Las tareas de vigilancia deberán ser realizadas por órganos del Estado, las cuales no causarán erogación alguna. En caso de que las medidas provisionales dictadas por la CORTE IDH, o las medidas cautelares emitidas por la CIDH, la CNDH o los Órganos de Tratados, observarán lo contrario, se estará a lo que hubieren establecido. De igual manera, si existen circunstancias extraordinarias y urgentes que lo ameriten y por causas justificadas, a criterio de la UNIDAD RESPONSABLE, podrán emitirse pagos para este rubro, debiendo informarse al COMITÉ TÉCNICO en la siguiente sesión ordinaria.
Respecto a los servicios de asistencia médica o psicológica, corresponde a los órganos del Estado brindarlos de manera gratuita al BENEFICIARIO, sin causar erogación de recursos al FIDEICOMISO. En caso de que las medidas dictadas por la CORTE IDH, la CIDH, la CNDH o los Órganos de Tratados, observarán lo contrario, se estará a lo que hubieren establecido. Sólo si la extraordinaria especialización de los servicios lo justificara o la circunstancia específica de la víctima, la UNIDAD RESPONSABLE podrá emitir pagos para su cumplimiento, debiendo informarse al COMITÉ TÉCNICO en la siguiente sesión ordinaria.
Aquellas medidas que impliquen el suministro de alimento, agua u otros medios de subsistencia, serán dotadas de manera gratuita al BENEFICIARIO por las autoridades competentes, sin que cause alguna erogación al FIDEICOMISO. Sólo si las medidas dictadas señalaran lo contrario, o si la política o programa social no cubriera en todo o en parte los gastos necesarios para dar cumplimiento como costos de traslado-, la UNIDAD RESPONSABLE emitirá los pagos correspondientes, debiendo informarse al COMITÉ TÉCNICO en la siguiente sesión ordinaria.
La UNIDAD RESPONSABLE podrá optar por cualquier medio idóneo con la finalidad de cumplir las medidas provisionales emitidas por la CORTE IDH, o las medidas cautelares dictadas por la CIDH, CNDH o los órganos de tratados.
La UNIDAD RESPONSABLE podrá determinar que las medidas otorgadas se den de baja al BENEFICIARIO cuando:
a.     Abandone, evada o impida las medidas;
b.    Autorice el uso de las medidas por personas diferentes a las determinadas por el órgano correspondiente;
c.     Comercie u obtenga un beneficio económico con las medidas otorgadas;
d.    Utilice al personal designado para su protección en actividades que no estén relacionadas con las medidas;
e.     Agreda física o verbalmente o amenace al personal que está asignado a su esquema de protección;
f.     Autorice permisos o descanso al personal del esquema sin el conocimiento de UNIDAD RESPONSABLE;
g.    Ejecute conductas ilícitas haciendo uso de los medios físicos y humanos dispuestos para su protección;
h.    Cause daño intencionalmente a los medios de protección físicos y humanos asignados para su protección.
i.     Haga mal uso de los medios de protección físicos y humanos asignados para su protección, destinándolos para fines distintos de aquellos para los que fueron otorgados.
j.     Determine dicho retiro o baja por el órgano que recomendó u ordenó las medidas; o
k.     Existan criterios objetivos que justifiquen el retiro o baja de las medidas.
72. El COMITÉ TÉCNICO deberá aprobar el presupuesto mínimo y máximo que deba destinarse a la contratación de los servicios tendientes a implementar las medidas provisionales o cautelares. Una vez aprobado el presupuesto, la UNIDAD RESPONSABLE, siguiendo la normativa aplicable, deberá realizar los trámites para el procedimiento de contratación del PROVEEDOR correspondiente. Realizada la contratación, el PROVEEDOR y la UNIDAD RESPONSABLE, a través de su Titular o quien éste designe, deberán:

a)    La UNIDAD RESPONSABLE deberá emitir una solicitud de visita técnica al PROVEEDOR, anexando el fundamento de la medida provisional o cautelar, esto es, la resolución o recomendación del órgano respectivo y en su caso, el acuerdo o minuta de trabajo en la que se haya acordado la medida de protección a implementar;
b)    El PROVEEDOR deberá entregar una propuesta de visita técnica;
c)    La UNIDAD RESPONSABLE emitirá una confirmación de visita técnica;
d)    El PROVEEDOR deberá remitir un informe a la UNIDAD RESPONSABLE sobre el resultado de la visita técnica, incluyendo su formato de asistencia;
e)    La UNIDAD RESPONSABLE deberá, en su caso, emitir la orden de instalación/asignación de la medida correspondiente, indicando la fecha en la que el PROVEEDOR deberá dar inicio a los servicios. En aquellos casos en los cuales, por la naturaleza de la medida de protección, no sea necesario realizar una visita técnica, la orden que se indica en este numeral podrá ser emitida directamente, omitiendo los requisitos anteriores, salvo la resolución o recomendación del órgano respectivo y en su caso, el acuerdo o minuta de trabajo en la que se haya acordado la medida de protección a implementar;
f)     El PROVEEDOR deberá levantar un reporte de instalación/desinstalación o entrega/recepción, en el cual deberá hacer consta la fecha de inicio y término de los servicios;
g)    Cuando haya una cancelación del servicio, el PROVEEDOR emitirá un reporte de comprobación de cancelación, explicando el motivo de la cancelación y si ésta es atribuible al beneficiario, al PROVEEDOR o a la UNIDAD RESPONSABLE;
h)    En caso de falla, la UNIDAD RESPONSABLE emitirá una orden de servicio para la revisión de la misma. El PROVEEDOR entregará un reporte de servicio donde demuestre que se corrigió la falla o explique la razón por la que no fue posible su corrección o sea necesario su cambio.
73. La primera orden de visita técnica u orden de servicio deberá emitirse a la mayor brevedad posible a partir de la notificación de la resolución mediante la cual se otorgue la medida de protección respectiva.
74. Cuando la urgencia de la situación así lo requiera, de forma extraordinaria la documentación señalada con anterioridad podrá ser emitida con posterioridad a la implementación de las medidas requeridas.
75. Una vez recibida la documentación señalada con anterioridad, junto con la factura respectiva, por la UNIDAD RESPONSABLE, ésta dará inicio al trámite de pago correspondiente.
76. El FIDUCIARIO hará el pago, previa identificación de los PROVEEDORES, o representantes de las DEPENDENCIAS o ENTIDADES. Una vez realizado el pago, el FIDUCIARIO notificará por escrito al COMITÉ TÉCNICO y a la UNIDAD RESPONSABLE, en un plazo no mayor a tres días hábiles.
77. En virtud del carácter urgente de las medidas provisionales y cautelares, se vuelve un obstáculo citar al COMITÉ TÉCNICO para que de manera previa apruebe los pagos que, por concepto de implementación de medidas cautelares o provisionales, deban realizarse. En consecuencia, el Secretario de Actas deberá solicitar al FIDUCIARIO con la periodicidad que sea necesaria, el pago de los servicios que proporcione el PROVEEDOR e informar en la siguiente sesión del COMITÉ TÉCNICO, los casos en los que se hayan implementado medidas de protección y los pagos que fueron solicitados al FIDUCIARIO, los cuales tendrán que ser ratificados por dicho COMITÉ TÉCNICO.
TÍTULO CUARTO
INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
1. Será atribución del COMITÉ TÉCNICO realizar la interpretación de las presentes reglas, así como proponer su modificación o adición para aquellos casos no previstos relacionados con el objeto del FIDEICOMISO y resolver la forma en que se cumplirán las medidas de reparación o protección distintas a las previstas en las presentes reglas. Para la interpretación de las Reglas de Operación se tomará en cuenta de manera primordial la sentencia o resolución de medidas provisionales de la CORTE IDH, o la petición de medidas cautelares de la CIDH, la CNDH o los Órganos de Tratados, respectiva. De no quedar claro, se recurrirá a los criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y al principio pro persona consagrado en el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TÍTULO QUINTO
TRANSITORIO
ÚNICO.- Las presentes reglas de operación entrarán en vigor el día de su aprobación por el COMITÉ TÉCNICO y será responsabilidad de la UNIDAD RESPONSABLE su difusión por los medios que estime pertinentes.
México, Distrito Federal, a 15 de abril de 2014.- El Secretario de Actas del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos, Alfredo Haro Goñi.- Rúbrica."

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