miércoles, 9 de diciembre de 2015

Juicio de amparo electrónico a partir del 4 de enero de 2016

El 9 de diciembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal.

En las disposiciones transitorias se precisa que se podrán tramitar juicios de amparo de forma electrónica a partir del lunes 4 de enero de 2016.

Puede consultar la publicación en el Diario Oficial de la Federación HACIENDO CLICK AQUÍ..

Puede descargar el acuerdo en formato PDF haciendo click AQUÍ.

lunes, 19 de octubre de 2015

Crónicas de una muerte anunciada. (La obligatoriedad de la jurisprudencia en entredicho). Excelente artículo de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy.

En el número 38 de la Revista del Instituto de la Judicatura Federal (haga click aquí para ver la página de la revista completa), aparece publicado el artículo "Crónicas de una muerte anunciada. (La obligatoriedad de la jurisprudencia en entredicho)" de la Magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy; para ver el artículo en formato PDF haga click aquí o copie y use el vínculo siguiente:

http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/38/5.pdf

El artículo enumera diversos casos en que la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha sido aplicada y analiza las consecuencias que, en cada uno, ha tenido tal inaplicación mostrando que no son para nada uniformes.

Sobre este tema puede verse, también, el artículo "¿Derechos humanos o jurisprudencia infalible?", escrito por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dr. José Ramón Cossío Díaz y el Dr. Roberto Lara ChagoyánEn "Cuestiones Constitucionales", Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 32, enero-junio de 2015, páginas 82 a 109 (para ver el post sobre dicho artículo y el vínculo para su lectura haga click aquí).

E insisto: La pregunta que subsiste es: ¿Después de la CT 299/2013, algún tribunal se atreverá a ejercer control de constitucionalidad sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte, empezando por la que derivó de la contradicción de tesis CT 299/2013 o prevalecerá, como hasta ahora, la cómoda posición sintetizada en la frase "ya lo dijo la Corte"?; (en el tribunal del que tengo el honor de formar parte he perdido la votación sobre este tema todas las ocasiones en que he planteado que sí puede, debe, ejercerse control difuso sobre la jurisprudencia).

miércoles, 14 de octubre de 2015

Prescripción de incrementos y pensiones a cargo del ISSSTE; sólo opera respecto de cantidades ya otorgadas y determinadas.

El viernes 9 de octubre de 2015 se publicó en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación la tesis siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2010159 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Publicación: viernes 09 de octubre de 2015 11:00 h 
Materia(s): (Constitucional) 
Tesis: 2a. CIV/2015 (10a.) 
PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. ALCANCES DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 114/2009 (*).
En la citada jurisprudencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. No obstante, tal imprescriptibilidad excluye a los montos vencidos de dichas diferencias, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles, por lo que la acción para exigir las diferencias vencidas sí está sujeta a la prescripción de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 248 de la ley relativa vigente). Luego, el alcance de la citada jurisprudencia es establecer que aunque esté prescrita la acción para reclamar determinadas diferencias, ello no implica la prescripción del derecho del pensionado para demandar los incrementos y las demás diferencias resultantes, por los montos vencidos respecto de los cuales no se actualice la prescripción.
SEGUNDA SALA
Amparo directo en revisión 1952/2015. Delfina Ortega Villamar. 19 de agosto de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán, votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Héctor Orduña Sosa. 
Nota: (*) La tesis de jurisprudencia 2a./J. 114/2009 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 644, con el rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE."
Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2015 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

El texto de la tesis parece indicar que opera la prescripción respecto de cualquier pretensión relacionada con incrementos o diferencias; sin embargo, debe tenerse en cuenta lo considerado en la sentencia de la que derivó la tesis, en la que se precisa que la prescripción sólo puede correr respecto de prestaciones ya exigibles, lo que ocurre, tratándose de incrementos, sólo cuando ya han sido otorgados y cuantificados específicamente, como se advierte a continuación (el texto completo de la versión pública de la ejecutoria puede consultarse en el vínculo 
http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/15019520.010-2395.doc 

"[...] 

Como corolario de esta decisión, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009 de rubro y texto: 

PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007 (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 248 de la ley relativa vigente) es imprescriptible el derecho a la jubilación y a la pensión, dado que su función esencial es permitir la subsistencia de los trabajadores o sus beneficiarios. En esa virtud, también es imprescriptible el derecho para reclamar los incrementos y las diferencias que resulten de éstos. Bajo este tenor, tal derecho no se encuentra ubicado en ninguno de los supuestos sujetos a prescripción del numeral en comento, sino en la hipótesis general de que el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, porque dichas diferencias derivan directa e inmediatamente de esos derechos otorgados al pensionado y cumplen la misma función.  

Al aprobar la jurisprudencia transcrito con motivo de la resolución de la Contradicción de Tesis 170/2009 , esta Segunda Sala estableció que el derecho a reclamar las diferencias de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es imprescriptible como también lo es el propio derecho a la jubilación y a la pensión. Asimismo, se resolvió que la referida prescripción se rige por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y no por la Ley Federal del Trabajo. 

Sin embargo, es pertinente aclarar que ello no implica que la acción para reclamar los montos caídos o vencidos de dichas diferencias no prescriba después de cinco años contados a partir de que fueron exigibles, en términos del artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete  (cuyo contenido sustancial reproducen los numerales 61 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  y 248 de la ley vigente ). 

Esto se corrobora con el último párrafo de las consideraciones que sustentan la resolución emitida en la Contradicción de Tesis 170/2009. Dicho párrafo dice:

En corolario, la acción para reclamar las diferencias con motivo del incremento de las pensiones y de las jubilaciones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se rige por la ley del indicado instituto y es imprescriptible porque el derecho de exigencia comienza día con día mientras no se otorguen esas diferencias y se entregue el monto correcto de la pensión actualizada.

Ahí se esclarece que el derecho de exigencia de las diferencias comienza día con día, mientras no se otorguen. Tal exigencia se refiere al reclamo genérico de los incrementos y de las correspondientes diferencias, dado que no puede estimarse consentida la omisión de pago de las diferencias al no haber demandado el incremento y el pago de ellas desde la primera ocasión en que el monto de la cuota pensionaria no corresponde al pretendido por el pensionado. Sin embargo, tal pronunciamiento excluye a los montos de dichas diferencias ya vencidos, los cuales corresponden a cantidades que se generaron en un momento determinado y que no se cobraron cuando fueron exigibles. Por ende, esas cantidades, determinadas y exigibles en una fecha cierta, sí están sujetas a prescripción, y no están incluidas en el criterio de esta Segunda Sala que establece que el derecho genérico a reclamar las diferencias en el pago de las cuotas pensionarias no está sujeto a prescripción. 

En otras palabras, aunque esté prescrita la acción para reclamar ciertas y determinadas diferencias por no haberse ejercido tal derecho en los cinco años que prevé la ley a partir de la fecha cierta en que fueron exigibles, ello no implica que se considere prescrito el derecho que tiene el pensionado para demandar que se le paguen las demás diferencias (no prescritas) que se le deben pagar por ajuste de su pensión, dado que el reclamo no oportuno de las primeras, no implica el consentimiento de la omisión de la autoridad ni la renuncia al cobro de las segundas

Como consecuencia de lo anterior, resulta pertinente aclarar la tesis citada para precisar sus alcances respecto de la demanda de diferencias vencidas, en los términos antes precisados. Asimismo, en el presente caso, debe considerarse procedente el reclamo del pago de diferencias, con exclusión de aquellos montos vencidos respecto de los cuales se actualice la prescripción.

[...]"



viernes, 25 de septiembre de 2015

¿Derechos humanos o jurisprudencia infalible? Excelente artículo del Ministro José Ramón Cossío Díaz y del Dr. Roberto Lara Chagoyán

En "Cuestiones Constitucionales", Revista Mexicana de Derecho Constitucional, número 32, enero-junio de 2015, páginas 82 a 109, aparece publicado el artículo titulado "¿Derechos humanos o jurisprudencia infalible?", escrito por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dr. José Ramón Cossío Díaz y el Dr. Roberto Lara Chagoyán.

El artículo, en formato PDF, puede consultarse en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el vínculo (o haga click aquí):

http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/CuestionesConstitucionales/32/ard/ard3.pdf

El documento presenta un análisis de las ideas y concepciones alrededor del problema derivado de la posibilidad de sujetar la jurisprudencia a control de constitucionalidad a fin de mantener la integridad del sistema basado en la protección de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución o, por otro lado, considerar que la jurisprudencia es "infalible" y, por tanto, fuera de control de constitucionalidad (este último punto de vista se adoptó por la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis CT 299/2013).

Indudablemente, el texto demuestra de forma clara y plena por qué es incorrecta la decisión tomada en la contradicción de tesis CT 299/2013.

La tesis que derivó de la contradicción de tesis CT 299/2013 es la siguiente:

"Época: Décima Época 
Registro: 2008148 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I 
Materia(s): Común 
Tesis: P./J. 64/2014 (10a.) 
Página: 8 
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.
La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.

Contradicción de tesis 299/2013. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 14 de octubre de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votó contra consideraciones; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.
Tesis y/o criterios contendientes: 
El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 122/2013, y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 210/2013.
El Tribunal Pleno, el primero de diciembre en curso, aprobó, con el número 64/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de diciembre de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 a las 9:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013."

La pregunta que subsiste es: ¿Después de la CT 299/2013, algún tribunal se atreverá a ejercer control de constitucionalidad sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte, empezando por la que derivó de la contradicción de tesis CT 299/2013 o prevalecerá, como hasta ahora, la cómoda posición sintetizada en la frase "ya lo dijo la Corte"?; (en el tribunal del que tengo el honor de formar parte he perdido la votación sobre este tema todas las ocasiones en que he planteado que sí puede, debe, ejercerse control difuso sobre la jurisprudencia).

lunes, 13 de abril de 2015

Ahora sí es obligatorio agotar el juicio de nulidad federal antes de promover el juicio de amparo indirecto. Actualización del 13 de abril de 2015.

AHORA SÍ ES OBLIGATORIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD FEDERAL ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ACTUALIZACIÓN DEL 13 DE ABRIL DE 2015.[1]


El viernes 10 de abril de 2015 se publicó en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 177/2014 (para ver la tesis en la página del SJF haga click aquí) que establece:

"RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado.”

Para consultar la versión pública de la parte considerativa de la ejecutoria respectiva puede usarse el siguiente enlace: http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsem/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=25565&Clase=DetalleTesisEjecutorias

Por lo anterior, a partir del lunes 13 de abril de 2015, fecha en que adquiere vigencia el criterio jurisprudencial transcrito, ya no resulta aplicable (salvo que se ejerza control difuso sobre la jurisprudencia antes citada[2]), lo expuesto en el artículo publicado el 24 de marzo de 2015 y cuyo texto es como sigue:

“El viernes 20 de marzo de 2015 se publicó en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 361/2014 (para ver la tesis en la página del SJF haga click aquí) que establece:

"INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial."

En dicho criterio jurisprudencial se prevé la obligatoriedad de agotar, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el recurso administrativo de revocación o el juicio de nulidad federal, dado que "en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo".

En la ejecutoria que dio origen a dicha tesis jurisprudencial (para ver completa la versión pública del engrose use el vínculo: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/14003610.004-2369.doc o, si lo desea, haga click aquí), se consideró que:

"[...]

Es importante mencionar que esta Segunda Sala ya ha determinado que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada. Este criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia:
Jurisprudencia: 2a./J. 130/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, número de registro IUS: 2004553:

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al tenor de dicha jurisprudencia, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios. 

En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia invocada, se determinó lo siguiente: 

[la transcribe]

Como se advierte, esta Segunda Sala ya determinó que la Ley de Amparo abrogada y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto reformado, en esencia son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que conforme al sistema de impugnación mencionado y a las reglas que lo rigen, la inmovilización de cuentas bancarias puede ser suspendida y reparada a través de las vías descritas. 

Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares . 

Ante este escenario, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. 

En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto o bien a través del juicio contencioso administrativo y en su caso, a través de la vía uniinstancial.

[...]"

Como puede advertirse, la ejecutoria NO contiene decisión sobre el problema consistente en que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé que el Magistrado Instructor resuelva sobre la suspensión "a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud" en tanto que, conforme a la Ley de Amparo, la resolución sobre suspensión provisional, cuando se solicita en la demanda de amparo, debe emitirse "con la sola presentación de la demanda" (artículo 139 de la Ley de Amparo), lo que en la práctica se identifica con el plazo de 24 horas "contado desde que la demanda fue presentada" previsto en el artículo 112 de la citada Ley de Amparo.

Ahora bien, el "día hábil siguiente" debe considerarse un plazo mayor a las 24 horas contadas a partir de que la demanda de amparo fue presentada, dado que los plazos por hora se computan de momento a momento, por lo que, si se presenta una demanda de amparo a las 13 horas de un día, el plazo para acordar sobre la suspensión provisional solicitada en la demanda vencería a las 13 horas del día siguiente, pero si la suspensión se pide en una demanda de nulidad presentada a las mismas 13 horas del mismo día, el plazo para el Magistrado Instructor comprende todo el día hábil siguiente, lo que implica más tiempo que el previsto en la Ley de Amparo.

La consecuencia de ello es que debe estimarse que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 107, fracción IV, Constitucional, que expresamente dispone que: "[...] Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley [...]"

No es obstáculo que, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), transcrita en la que dio origen a la ahora publicada 2a./J. 18/2015 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya considerado:

"[...]
Además como puede corroborarse, la fracción III, inciso c) del artículo 28 analizado establece que el Magistrado Instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; lo cual evidentemente no excede el plazo establecido en la Ley de Amparo, que al respecto establece en su artículo 131 lo siguiente:
“ARTÍCULO 131.- Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas,…”.
[...]"

Lo anterior, porque el artículo 131 de la Ley de Amparo transcrito en esa parte de la ejecutoria corresponde al anterior texto, vigente hasta el dos de abril de 2013, y se refiere al trámite y resolución de la SUSPENSIÓN DEFINITIVA, que es la que se dicta en la audiencia prevista en el citado artículo, lo que coincide con el artículo 138 de la Ley de Amparo actualmente vigente y que, respecto de la SUSPENSIÓN PROVISIONAL prevé:

"138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
[...]"

Lo que debe aplicarse considerando lo previsto en el artículo 139 del mismo ordenamiento:

"139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley,131 si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo."

De tal manera que, aunque la ley vigente tampoco prevé expresamente un plazo para resolver sobre la suspensión provisional, si establece claramente que, si la suspensión se solicita en la demanda de amparo, con la sola presentación de la misma, se actualiza la obligación del Juez de Distrito de resolver sobre la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, lo que debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la presentación de la demanda, que es el plazo que el artículo 112 de la Ley de Amparo vigente prevé para acordar sobre la admisión de la demanda de amparo indirecto.

Por lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 18/2015 (10a.) y 2a./J. 130/2013 (10a.) deben entenderse referidas a los requisitos para la procedencia de la suspensión definitiva, pero no como decisión del Máximo Tribunal respecto al requisito de que el plazo para resolver sobre la suspensión en el medio ordinario de defensa sea mayor que el previsto en la Ley de Amparo para la SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

En consecuencia, debe estimarse que existe excepción al principio de definitividad y es posible acudir al juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad federal por tratarse de una excepción prevista directamente en el texto constitucional.

Además, la interpretación de las disposiciones que regulan el juicio de amparo debe efectuarse tomando en cuenta que, conforme al artículo 29 Constitucional, se trata de una garantía judicial indispensable de los derechos humanos y, como tal, no debe suspenderse ni restringirse fuera de los casos previstos en la propia Constitución; además, el artículo 1° Constitucional obliga a preferir la interpretación que favorezca a las personas la protección más amplia y, en consecuencia, la duda entre si es mayor o menor el plazo de 24 horas que "el día hábil siguiente" debe resolverse en el sentido que favorezca el acceso a la acción de amparo; esto es, considerar que existe una excepción al principio de definitividad, 

En cuanto al recurso administrativo de revocación, es optativo y, por tanto, su ejercicio no es obligatorio antes de promover el amparo, como se precisa en la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, que establece:

"INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO.
De los artículos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como del 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte el carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 153, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.", estableció que el juicio de garantías procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la Ley de Amparo. En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso."

Por otra parte, debe precisarse que la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.) sólo debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos a partir del lunes 23 de marzo de 2015, fecha en que entró en vigor dicho criterio jurisprudencial (se publicó el viernes 20 de los mismos mes y año) y, conforme al último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor: "La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.", de tal manera que, si alguien ya ejerció la acción de amparo antes de que fuera obligatorio dicha jurisprudencia, ésta no debe privarlo del derecho ya ejercido, en ese aspecto.

Finalmente, debe precisarse que el análisis del texto de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.) NO constituye ejercicio de control difuso sobre la misma, dado que no se concluye que viole la Constitución, sino sólo tiene como finalidad precisar en qué aspecto existe criterio del Máximo Tribunal y, al advertirse que, como ya se precisó, no contiene decisión sobre el plazo para resolver sobre la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, puede concluirse que no impide considerar que subsiste la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 107, fracción IV, Constitucional.”

El único problema que se advierte de la nueva jurisprudencia es que la Segunda Sala del Máximo Tribunal acepta que el plazo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es mayor que el establecido en la Ley de Amparo pues expresamente afirma: “[…] si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia […]”; sin embargo, atendiendo a un “propósito del mandato constitucional” que reduce la expresión “plazo mayor” a la simple consideración de “celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo”, concluye que, para efectos prácticos, los plazos son equivalentes y, por tanto, no se actualiza excepción al principio de definitividad con la consecuencia de que, a partir del lunes 13 de abril de 2015 será obligatorio agotar, antes de acudir al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Queda en pie la pregunta de si esta interpretación es la que más favorece la protección de los derechos constitucionales previstos en la Constitución y que pueden invocarse, para su defensa, en un juicio de amparo; sin embargo, en la práctica tal cuestión resultará intrascendente dado que los tribunales están obligados a acatar la nueva jurisprudencia, y no creo que ninguno considere la posibilidad de ejercer control difuso a la nueva norma jurisprudencial para aplicar directamente el texto constitucional, pues la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que su propia jurisprudencia no puede ser objeto de control de constitucionalidad o convencionalidad por los tribunales inferiores a ella:

“Época: Décima Época
Registro: 2008148
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I
Materia(s): Común
Tesis: P./J. 64/2014 (10a.)
Página: 8
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA.
La obligación de las autoridades jurisdiccionales contenida en los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos y dar preferencia a los contenidos en la propia Ley Suprema y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario contenidas en cualquier norma inferior, no contempla a la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el artículo 94 constitucional establece que será obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo que disponga la ley y, en este caso, la Ley de Amparo así lo indica tanto en la abrogada como en el artículo 217 de la vigente; de ahí que no privan las mismas razones que se toman en cuenta para inaplicar una disposición emitida por el legislador cuando viola derechos humanos de fuente constitucional o convencional. Cabe precisar que en los casos en los que se pudiera advertir que una jurisprudencia del Alto Tribunal desatiende o contradice un derecho humano, cualquiera que sea su origen, existen los medios legales para que se subsane ese aspecto. En conclusión, aun partiendo del nuevo modelo de interpretación constitucional, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad ex officio, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.
Contradicción de tesis 299/2013. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 14 de octubre de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea votó contra consideraciones; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alfonso Francisco Trenado Ríos.
Tesis y/o criterios contendientes:
El sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo 122/2013, y el diverso sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver el amparo directo 210/2013.
El Tribunal Pleno, el primero de diciembre en curso, aprobó, con el número 64/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de diciembre de dos mil catorce.
Esta tesis se publicó el viernes 12 de diciembre de 2014 a las 09:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.”

Criterio que, a su vez, debería sujetarse a control de constitucionaldidad antes de poder hacerlo con la nueva jurisprudencia sobre el plazo para obtener la suspensión en el juicio contencioso administrativo federal.

Por tanto, la conclusión práctica debe consistir en que, a partir del lunes 13 de abril de 2015, antes de acudir al juicio de amparo, es obligatorio agotar antes el juicio de nulidad federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando éste resulte procedente.

México, D.F., 13 de abril de 2015.

Germán Eduardo Baltazar Robles



[1] Germán Eduardo Baltazar Robles, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Artículo originalmente publicado en el blog amparo.coedi.edu.mx el 24 de marzo de 2015 y actualizado con esta versión el 13 de abril de 2015.
[2] Lo que no creo que ocurra, dado lo que se comenta al final de esta versión del artículo.

martes, 24 de marzo de 2015

No es obligatorio agotar el juicio de nulidad federal antes de promover juicio de amparo indirecto

NOTA: ESTE ARTÍCULO HA SIDO MODIFICADO POR LA VIGENCIA DE UNA NUEVA JURISPRUDENCIA A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DE 2015.
PARA VER EL NUEVO ARTÍCULO HAGA CLICK AQUÍ; EL POST SE TITULA:
AHORA SÍ ES OBLIGATORIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD FEDERAL ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Sigue la versión original del artículo:

El viernes 20 de marzo de 2015 se publicó en la página electrónica del Semanario Judicial de la Federación la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 361/2014 (para ver la tesis en la página del SJF haga click aquí) que establece:

"INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial."

En dicho criterio jurisprudencial se prevé la obligatoriedad de agotar, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el recurso administrativo de revocación o el juicio de nulidad federal, dado que "en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo".

En la ejecutoria que dio origen a dicha tesis jurisprudencial (para ver completa la versión pública del engrose use el vínculo: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/14003610.004-2369.doc o, si lo desea, haga click aquí), se consideró que:

"[...]

Es importante mencionar que esta Segunda Sala ya ha determinado que los requisitos que exige ese artículo para que se conceda la suspensión, no son mayores a los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada. Este criterio se encuentra contenido en la siguiente jurisprudencia:
Jurisprudencia: 2a./J. 130/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Segunda Sala, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, página 1446, número de registro IUS: 2004553:

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Al tenor de dicha jurisprudencia, ante la posibilidad de suspender el acto reclamado a través del medio ordinario de defensa de revocación o bien, en el juicio contencioso administrativo, sin mayores requisitos que los establecidos en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que la inmovilización de cuentas bancarias encuentra reparabilidad por esos medios. 

En la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia invocada, se determinó lo siguiente: 

[la transcribe]

Como se advierte, esta Segunda Sala ya determinó que la Ley de Amparo abrogada y el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su texto reformado, en esencia son coincidentes respecto a los requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados; luego, debe concluirse que conforme al sistema de impugnación mencionado y a las reglas que lo rigen, la inmovilización de cuentas bancarias puede ser suspendida y reparada a través de las vías descritas. 

Esta misma conclusión es aplicable conforme al texto de la Ley de Amparo vigente, en tanto que en ella prevalecen requisitos similares . 

Ante este escenario, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo puede promoverse el juicio de amparo directo. 

En mérito de lo expuesto se advierte que el afectado con la inmovilización de cuentas bancarias puede encontrar reparabilidad de tal acto, haciendo valer el recurso de revocación en el que podrá solicitar la suspensión de tal acto o bien a través del juicio contencioso administrativo y en su caso, a través de la vía uniinstancial.

[...]"

Como puede advertirse, la ejecutoria NO contiene decisión sobre el problema consistente en que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé que el Magistrado Instructor resuelva sobre la suspensión "a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud" en tanto que, conforme a la Ley de Amparo, la resolución sobre suspensión provisional, cuando se solicita en la demanda de amparo, debe emitirse "con la sola presentación de la demanda" (artículo 139 de la Ley de Amparo), lo que en la práctica se identifica con el plazo de 24 horas "contado desde que la demanda fue presentada" previsto en el artículo 112 de la citada Ley de Amparo.

Ahora bien, el "día hábil siguiente" debe considerarse un plazo mayor a las 24 horas contadas a partir de que la demanda de amparo fue presentada, dado que los plazos por hora se computan de momento a momento, por lo que, si se presenta una demanda de amparo a las 13 horas de un día, el plazo para acordar sobre la suspensión provisional solicitada en la demanda vencería a las 13 horas del día siguiente, pero si la suspensión se pide en una demanda de nulidad presentada a las mismas 13 horas del mismo día, el plazo para el Magistrado Instructor comprende todo el día hábil siguiente, lo que implica más tiempo que el previsto en la Ley de Amparo.

La consecuencia de ello es que debe estimarse que se actualiza la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 107, fracción IV, Constitucional, que expresamente dispone que: "[...] Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley [...]"

No es obstáculo que, en la ejecutoria que originó la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), transcrita en la que dio origen a la ahora publicada 2a./J. 18/2015 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya considerado:

"[...]
Además como puede corroborarse, la fracción III, inciso c) del artículo 28 analizado establece que el Magistrado Instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; lo cual evidentemente no excede el plazo establecido en la Ley de Amparo, que al respecto establece en su artículo 131 lo siguiente:
“ARTÍCULO 131.- Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas,…”.
[...]"

Lo anterior, porque el artículo 131 de la Ley de Amparo transcrito en esa parte de la ejecutoria corresponde al anterior texto, vigente hasta el dos de abril de 2013, y se refiere al trámite y resolución de la SUSPENSIÓN DEFINITIVA, que es la que se dicta en la audiencia prevista en el citado artículo, lo que coincide con el artículo 138 de la Ley de Amparo actualmente vigente y que, respecto de la SUSPENSIÓN PROVISIONAL prevé:

"138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente:
I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
[...]"

Lo que debe aplicarse considerando lo previsto en el artículo 139 del mismo ordenamiento:

"139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley,131 si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo."

De tal manera que, aunque la ley vigente tampoco prevé expresamente un plazo para resolver sobre la suspensión provisional, si establece claramente que, si la suspensión se solicita en la demanda de amparo, con la sola presentación de la misma, se actualiza la obligación del Juez de Distrito de resolver sobre la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, lo que debe efectuarse dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de la presentación de la demanda, que es el plazo que el artículo 112 de la Ley de Amparo vigente prevé para acordar sobre la admisión de la demanda de amparo indirecto.

Por lo anterior, las jurisprudencias 2a./J. 18/2015 (10a.) y 2a./J. 130/2013 (10a.) deben entenderse referidas a los requisitos para la procedencia de la suspensión definitiva, pero no como decisión del Máximo Tribunal respecto al requisito de que el plazo para resolver sobre la suspensión en el medio ordinario de defensa sea mayor que el previsto en la Ley de Amparo para la SUSPENSIÓN PROVISIONAL.

En consecuencia, debe estimarse que existe excepción al principio de definitividad y es posible acudir al juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad federal por tratarse de una excepción prevista directamente en el texto constitucional.

Además, la interpretación de las disposiciones que regulan el juicio de amparo debe efectuarse tomando en cuenta que, conforme al artículo 29 Constitucional, se trata de una garantía judicial indispensable de los derechos humanos y, como tal, no debe suspenderse ni restringirse fuera de los casos previstos en la propia Constitución; además, el artículo 1° Constitucional obliga a preferir la interpretación que favorezca a las personas la protección más amplia y, en consecuencia, la duda entre si es mayor o menor el plazo de 24 horas que "el día hábil siguiente" debe resolverse en el sentido que favorezca el acceso a la acción de amparo; esto es, considerar que existe una excepción al principio de definitividad, 

En cuanto al recurso administrativo de revocación, es optativo y, por tanto, su ejercicio no es obligatorio antes de promover el amparo, como se precisa en la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, que establece:

"INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO.
De los artículos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como del 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte el carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 153, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.", estableció que el juicio de garantías procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la Ley de Amparo. En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso."

Por otra parte, debe precisarse que la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.) sólo debe aplicarse a los juicios de amparo promovidos a partir del lunes 23 de marzo de 2015, fecha en que entró en vigor dicho criterio jurisprudencial (se publicó el viernes 20 de los mismos mes y año) y, conforme al último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo en vigor: "La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.", de tal manera que, si alguien ya ejerció la acción de amparo antes de que fuera obligatorio dicha jurisprudencia, ésta no debe privarlo del derecho ya ejercido, en ese aspecto.

Finalmente, debe precisarse que el análisis del texto de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.) NO constituye ejercicio de control difuso sobre la misma, dado que no se concluye que viole la Constitución, sino sólo tiene como finalidad precisar en qué aspecto existe criterio del Máximo Tribunal y, al advertirse que, como ya se precisó, no contiene decisión sobre el plazo para resolver sobre la SUSPENSIÓN PROVISIONAL, puede concluirse que no impide considerar que subsiste la excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 107, fracción IV, Constitucional.

México, D.F., 24 de marzo de 2015.

Germán Eduardo Baltazar Robles

miércoles, 4 de marzo de 2015

70 aniversario de las Naciones Unidas en México (Onudh Mexico) 21 y 22 de marzo de 2015


70 aniversario de las Naciones Unidas en México ( Onudh Mexico )


AcciONU

21 y 22 de marzo de 2015
visítanos de 10:00 AM a 6:00 PM

Lugar

Paseo de la Reforma, entre la
Glorieta de la Palma e Insurgentes,
frente a Reforma 222, Ciudad de México

Cordialmente invitados; promete ser un evento muy interesante.

martes, 17 de febrero de 2015

lunes, 16 de febrero de 2015

Presentación de libro en el Instituto de la Judicatura Federal

Les invitamos cordialmente a la presentación del libro: "Derechos Humanos, derechos fundamentales, juicio de amparo y reparación integral" que se llevará a cabo en la Sede Central (San Lázaro) del Instituto de la Judicatura Federal el lunes 23 de febrero de 2015 a las 17:00

http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2015/libroderhumyderfunda/ini.aspx

domingo, 8 de febrero de 2015

Ley de Amparo 2015 comparada, concordada y con jurisprudencia

LA LEY DE AMPARO 2015 comparada, concordada, comentada; incluye jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las reformas publicadas el 14 de julio de 2014.VERSIONES IMPRESA Y ELECTRÓNICA

COEDI - Complejo Educativo de Desarrollo Integral presenta la nueva Ley de Amparo 2015, comparada, concordada, comentada, ahora con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al nuevo texto legal que entró en vigor el 3 de abril de 2013 y su reforma publicada el 14 de julio de 2014, por el Dr. Germán Eduardo Baltazar Robles.

La nueva Ley de Amparo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013 para entrar en vigor al día siguiente, de acuerdo con los artículos transitorios del decreto y tuvo su primera reforma publicada el 14 de julio de 2014.

La obra muestra el texto de la nueva Ley de Amparo en la columna derecha en el orden del decreto aprobado por el Congreso de la Unión.

La columna izquierda contiene el texto de los párrafos específicos de la ley anterior que son antecedente del texto nuevo, por lo que no coinciden con el orden normal del texto legal; se usa un tono gris para que se distinga con facilidad del texto nuevo.

Debido a lo anterior, si sólo aparece texto en la columna izquierda, generalmente ello significa que el texto nuevo no incluye el párrafo como tal o un equivalente; igualmente, si sólo aparece texto en la columna derecha, ello deriva, casi siempre, de que el párrafo no tiene antecedente directo en el texto anterior.

A nota de pie de página se presentan comentarios, así como los artículos mencionados en la nueva ley (salvo cuando la referencia es a “este artículo” o al “artículo anterior”); de la misma manera se presentan los artículos constitucionales a las que deben ajustarse las disposiciones legales, partiendo de la base de que la Ley de Amparo debe respetar las bases establecidas en la Carta Magna.
También incluye las tesis y jurisprudencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado respecto los diversos artículos de la nueva Ley de Amparo.

Esta obra permite estudiar en forma práctica la nueva Ley de Amparo y advertir rápidamente los cambios introducidos por el legislador respecto a la ley anterior; es una herramienta indispensable para adaptarse rápidamente a los procedimientos del nuevo juicio de amparo, como instrumento jurisdiccional de protección de Derechos Humanos y reparación de sus violaciones.


Puede adquirir la obra impresa, editada por COEDI - Complejo Educativo de Desarrollo Integral (366 páginas).


El precio de la versión impresa es de $270.00 (doscientos setenta pesos mexicanos) desde COEDI más gastos de envío.

Los gastos de envío desde COEDI tienen un costo de $90.00 (pesos mexicanos) a todo México por Estafeta (hasta 9 ejemplares, si desea un número mayor, deberá pagarse un envío para cada paquete de 9 y/o el que reste con un número menor de ejemplares; por ejemplo, si solicita 20 ejemplares, se enviarían 3 paquetes (2 de 9 ejemplares c/u más uno de 2 ejemplares) por lo que habría que pagar 3 envíos).

Si recoge sus libros directamente en COEDI (Plantel Hidalgo) no se cobran gastos de envío.

Deposite el importe de los ejemplares que desee más el costo de envío (en su caso) en la cuenta de cheques a nombre de Complejo educativo de Desarrollo Integral, A.C., en HSBC número 4038477311 o usando la CLABE bancaria para transferencias electrónicas 021180040384773116 

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